Walter Juarez Estrada.
Por años una de las instituciones de los organismos del Estado, que ha sobornado a los connacionales, ha sido el lnstituto Guatemalteco de Migración, con la tolerancia de sus directores y el personal que tiene a su cargo la emisión de los pasaportes. Se ha denunciado que a un guatemalteco que se le exigió para que se le extendiera ese documento, la suma de Q1,500.00, el que le fue extendido en menos de quince minutos, tras fracasar días y meses atrás para lograr la cartilla, pues por razones de trabajo y asuntos familiares tenga que salir del país y hacer los trámites migratorios.
No es la primera persona, ni será la última que es extorsionada en lo que antes fue la Dirección General de Migración. Por décadas los tramitadores que hacen turno para ceder el acceso a los que llegan en la hora de la madrugada para obtener su pasaporte, casi a mansalva los increpan y les dicen que, por una suma de dinero, con facilidad podrán ingresar a las oficinas de esa entidad a obtener el documento. Claro que los tramitadores que se dedican a ese lucrativo negocio lo hacen con la «autorización» si se quiere llamar de esa forma, con los encargados de extender el documento.
Es necesario que el director del lnstituto Guatemalteco de Migración, dependencia que está bajo la jurisdicción del Ministerio de Gobernación, denuncie en el Ministerio Publico, a los funcionarios y empleados de esa entidad que se prestan a colaborar bajo soborno de paga con los tramitadores, pero como decíamos esa práctica corrupta, ha sido usual en esa entidad, como lo es en otras dependencias del Estado.
Por meses y hasta más de un ano por la vía electrónica se da cita a las personas que solicitan la extensión de su pasaporte. Los problemas son recurrentes y en vía de excusa se les dice que se atrasa la extensión del documento porque la «existencia» se ha agotado, lo que en la mayoría de las ocasiones son falacias y se perjudica a miles de guatemaltecos, especialmente del área rural que se trasladan a la capital para obtener el pasaporte y por necesidad y urgencia de salir del país, tienen que erogar sumas elevadas de soborno, como la que denuncio Manolo liquidez de Cuilapa, Santa Rosa, que por necesidad de viajar al extranjero y tramitar su visa, se vio obligado a pagar el soborno de más de mil quetzales.
Las autoridades de gobernación que tiene control en migración, debe abrir una investigación por esos sobornos y sentar un precedente y no se perjudique a miles de guatemaltecos que, por cuestiones familiares, tienen que salir del país y cumplir con las leyes guatemaltecas y silos funcionarios de esa entidad no actúan se vuelven cómplices.
Esas acciones ponen a prueba la credibilidad de los jueces constitucionales, que en las últimas sentencias que han dictado lo han hecho políticamente para favorecer a corruptos que gozan de libertad y no fueron condenados por las acciones que les imputó la extinta CICIG.
