Walter Juárez Estrada
La libre emisión del pensamiento es una conquista lograda tras varios años de luchas continuas contra gobiernos dictatoriales, quedando así consignado al conmemorar en abril pasado en la Asociación de Periodistas de Guatemala, que puso de manifiesto esa lucha constante que en muchas ocasiones ha cobrado vidas, persecución y enjuiciamiento contra comunicadores sociales. Así lo marca la historia y así ha sido.
Ha causado preocupación la aprehensión sin causa aparente, y sin sustanciar el debido proceso la captura y enjuiciamiento de José Rubén Zamora Marroquín. Un comunicador social que ha sido drástico y contumaz en el medio que dirige. La captura de Zamora, tiene raíces muy profundas. En el pasado reciente se le quiso imputar una acción en el campo penal, que por la naturaleza de la incriminación y por requisitos legales tuvo que haberse sustanciado en un tribunal de lo contencioso-administrativo. El imputado aparentemente, esa sindicación está paralizada, pero si el Ministerio Público quiere reactivarla puede acusarlo en los tribunales ordinarios de un hecho que el sindicado asegura que ya lo aclaró.
La captura con un aparato de fuerza exagerado contra Zamora, indudablemente fue a instancias del presidente Giammattei, que instruyó y ordenó a la fiscal María Consuelo Porras para que la CEFI, a cargo de José Rafael Curruchiche Cucul, movilizara a un grupo de fiscales y policías para arrestar a Zamora. Su domicilio fue allanado, no dándole oportunidad al sindicado de defenderse previamente antes de pedir su captura por la vía a un órgano jurisdiccional. Esta captura totalmente ilegal, puede acarrear demandas contra el Estado de Guatemala. El imputado tiene desde hace años protección de la Comisión de los Derechos Humanos Internacionales, y ese derecho lo ha violado el Estado de Guatemala.
Con una sucia maniobra del Ministerio Público, se asegura que el proceso contra Zamora está en reserva. Eso no puede ser, porque todos los actos de la administración pública según la constitución deben ser expuestos al público sin reserva alguna. Aquí hay una clara violación de sus derechos. Se le tuvo retenido en su casa de la zona 12 y se le puso a disposición del órgano jurisdiccional en la madrugada del sábado 30 de julio. Pero eso no queda nada más solo ahí, ilegalmente y sin ser parte del proceso contra Zamora, todo el personal del medio que dirige estuvo cuasi secuestrado, prohibiéndoles todo medio de comunicación al exterior, al incautarles sus móviles.
Esperamos que el gobierno de Giammattei, y Porras Argueta, dejen que los tribunales de justicia, si es que gozan de absoluta independencia en sus autos y resoluciones, sustanciar objetivamente los hechos que dieron lugar a la captura ilegal de Zamora, y el gobierno deberá garantizar su integridad física y la de su familia. Se le confinó en una prisión donde están detenidos los principales funcionarios de los gobiernos pasados a quienes se les imputa actos de corrupción, enriquecimiento ilícito. Donde el periodista capturado ha brindado a la luz, los actos de corrupción que cometieron en su gestión. Se debe garantizar su vida, que ahora más que nunca está en peligro. Debe tenerse presente para el futuro, que los comunicadores sociales con diferentes ideologías están protegidos en lo que regula el artículo 35 de la carta magna, “Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa”; Esperamos que esto se respete y que, dentro de un libre proceso sin presiones de ninguna naturaleza, Zamora pueda aclarar su situación y se le deje libre. Goza del prestigio nacional e internacional y varias instituciones de altos vuelos ya se han pronunciado en contra de su captura abiertamente ilegal y la consideran una venganza política por su pluma agresiva en el medio del cual es presidente y propietario.
