Walter Juárez Estrada
El Congreso convocó para la elección del nuevo Contralor General de Cuentas de la Nación, cuyas funciones de fiscalización están enmarcadas en el artículo 232 de la carta magna, pero desafortunadamente quienes en los últimos años han ocupado esa importante plaza, se convierten en corruptos y se pliegan a los políticos, porque no cumplen su labor fiscalizadora y eso les da la oportunidad de ser nominados para diputados como el caso del ex contralor Carlos Mencos, que se alineó a sus funciones en el gobierno de la UNE con Colom y su ex cónyuge Sandra Torres y se le eligió como diputado por el distrito de Escuintla.
El actual contralor Edwin Humberto Salazar Jerez, ha tenido un papel desteñido como fiscalizador, pues como sus antecesores se alineó al presidente Alejandro Giammattei y no ha accionado en el Ministerio Público, por los actos de corrupción y malos manejos de la hacienda pública, lo que deviene de que no fue un verdadero fiscalizador y es obligación de los comisionados que tendrán a su cargo elaborar la nómina de postulantes, pero el problema es el mismo de siempre: se torna político porque en última instancia quien elige al funcionario son los diputados y por consiguiente el funcionario elegido, llega con compromisos y no cumple con la norma constitucional.
No debemos olvidar el caso del ex contralor Abadillo, cuando dirigió la entidad hizo negocios para favorecer a su familia y dio origen a que se les encausara y cumplieran varios años de prisión. La CGC es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas y de todas las personas que reciben fondos del Estado, etc.
Todas las entidades y tanques de pensamiento, deben monitorear el proceso de selección y elección del nuevo Contralor, pero en la práctica son los diputados los que por imperio legal son los que eligen al funcionario, por lo que el proceso no solo es viciado, sino político y de esa cuenta el nuevo funcionario se somete a las exigencias del presidente de turno y los que aspiran a puestos de elección y se les exige la presentación de finiquito hacen componendas con el jefe del ente fiscalizador para que les extienda el documento a pesar que muchos de los requirentes tienen cuentas con el manejo de fondos.
Se espera que los diputados realicen el proceso con absoluta transparencia y que las tachas que podrían presentarse contra los postulantes acompañen los medios de prueba cuando el aspirante no llena los requisitos que dice la ley, que entre otros es idoneidad y honradez, cuestión que muy pocos llenan esos requisitos: como lo hemos expresado en otros espacios, un sujeto puede ser honrado, pero no es capaz, o a la inversa. Esperamos que el nuevo jefe de la Contraloría de Cuentas en el proceso electoral que está por iniciarse no se pliegue a las exigencias de los corruptos y que efectivamente cumpla con su función que regula la Constitución y que promueva las denuncias ante las instancias respectivas, cuando detecte que determinados sujetos han amasado fortunas de manera ilegal, como ha sido tradición y costumbre de los políticos de Guatemala.
