Walter Juárez Estrada
La Constitución en su artículo 208 indica que el período de funciones de los magistrados durará en sus cargos cinco años. El 12 de octubre los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales colegiados, tienen dos años de haber prolongado sus funciones y se escudan en el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial que dice “que ningún magistrado… dejara el cargo, sino hasta que se presente su sucesor.
Es indignante que la 7ª. Magistratura de la Corte de Constitucionalidad , se haya excedido en sus funciones y se sujete a lo que dice la carta magna. En un acción de amparo promovida por uno de los que se postularon a la Corte Suprema de Justicia, impugnó la nominación de los aspirantes, por los vicios vínculos políticos de varios postulantes, que dio lugar a que la CC. Ordenara al Congreso, que el voto de los nuevos funcionarios judiciales se hiciera a viva voz y razonado. Esa resolución fuera de toda lógica, ha tenido entrampado el evento y por tal razón los magistrados de la CSJ y Sala de Apelaciones, han prolongado sus funciones por mas de 5 años como dice la Constitución. Esos magistrados son parte del pacto de corruptos y de verguenza, pues nunca en la historia jurídica-política de Guatemala, se había producido una prolongación de funciones.
Hay que decir, que los actuales magistrados de dicho Organismo fueron elegidos en un proceso viciado por los antiguos diputados de los expartidos PP y Lider y están pagando las facturas, con fallos espurios en beneficio de la fiscal General Porras, declarando sin lugar los antejucios en su contra y la tacha de EE. UU. prohibiéndoles su ingreso a ese país.
Los diputados son cómplices de la permanencia de dichos jueces, En su momento debieron hacer la consulta a la CC para revocar el fallo de la antigua magistratura y dar via libre para esa elección, y ahora se escudan que el proceso esta estancado por las interpelaciones a varios ministros y rompen el quórum para no proceder a ese evento.
El guatemalteco consciente que no comparte la corrupción en los poderes del Estado, deben promover acciones contra la Fiscal Porras, que debe promover denuncias contra los diputados por incumplimiento de deberes, pues no es posible que por más de dos años, los magistrados de los organismos judiciales, prolonguen sus funciones por una resolución ilegal y fuera de toda lógica juridica de la antigua CC que fiel a las decisiones de la dictadura que estamos viendo con un presidente prepotente que hace las cosas a su sabor y antojo, poniendo en peligro la institucionalidad del país.
