Sin oposición, 124 países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobaron, Guatemala incluida, el pasado martes 20 de mayo, el Acuerdo Global sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias, el cual busca ofrecer a la comunidad internacional las herramientas para enfrentar una próxima pandemia, que la comunidad científica asegura que ocurrirá en algún momento, antes del 2050.
Once países se abstuvieron, entre ellos Polonia, Israel, Italia, Rusia, Eslovaquia e Irán, y EE. UU. ratificó su salida de la OMS. Tras la votación, los países que se abstuvieron explicaron los motivos de su decisión. El representante polaco aclaró que no podían apoyar el Acuerdo antes de una revisión interna, mientras que Rusia planteó la cuestión de la soberanía, como motivo de preocupación.
El delegado de Irán dijo que “no se habían abordado las principales preocupaciones de los países en desarrollo”, y que lamentaban la “falta de compromisos vinculantes sobre el acceso sin trabas y equitativo a las contramedidas médicas, la transferencia de tecnología y los conocimientos técnicos, y el silencio continuo sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en los sistemas sanitarios”.
El Acuerdo fue aprobado tras tres años de negociaciones entre más de 190 países, bajo el paraguas de la OMS, y cinco años después de la aparición de la Covid-19, cuyo origen aún no se ha esclarecido.
La suscripción del instrumento ha sido posible por las concesiones que unos y otros aceptaron hacer, lo que obligó a los países en desarrollo a reducir sus demandas, tras ser los que más sufrieron con la última pandemia.
Muchas y variadas han sido las críticas de Estados, organizaciones y ciudadanos por los errores, falencias y desequilibrios en el enfrentamiento de la última pandemia, pero la propia OMS ha declarado abiertamente que la respuesta mundial al COVID-19 representó “un fracaso catastrófico de la comunidad internacional a la hora de mostrar solidaridad y equidad”. La pandemia exacerbó injusticias sociales y sanitarias previas, poniendo en entredicho la efectividad de los derechos humanos de una parte mayoritaria de la población mundial, y la violación flagrante a valores como la equidad y la solidaridad. Ahora, la OMS pretende que las enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19 sirvan para actuar con mayor rapidez y de forma más coordinada, garantizando la disponibilidad de material sanitario y el intercambio de información con mayor agilidad y en beneficio de todos.
En la 78ª Asamblea Anual de la OMS fue aprobado el paquete de 35 artículos, en el que se abordan todos los aspectos que se identificaron como fundamentales para que los países tuvieran políticas e instrumentos de prevención y preparación, así como medios para responder a la próxima pandemia.
El Acuerdo de la OMS sobre Pandemias establece los principios, enfoques y herramientas para una mejor coordinación internacional en diversas áreas, a fin de fortalecer la arquitectura de la salud global para la prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Esto incluye el acceso equitativo y oportuno a vacunas, tratamientos y diagnósticos.
En relación con la soberanía nacional de los países miembros de la OMS, el Acuerdo establece textualmente que: “Nada en el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias deberá interpretarse como una autorización para que la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, incluido el Director General, pueda dirigir, ordenar, modificar o prescribir de otra manera la legislación nacional y/o interna, según corresponda, ni las políticas de ninguna de las Partes, ni imponer ni establecer ningún requisito que obligue a las Partes a adoptar acciones específicas, como prohibir o aceptar viajeros, imponer mandatos de vacunación, medidas terapéuticas o diagnósticas, o implementar confinamientos”.
La resolución sobre el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud, establece los pasos para preparar la aplicación del Acuerdo. Incluyendo el lanzamiento de un proceso para redactar y negociar un sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS, por sus siglas en inglés), a través de un Grupo de Trabajo Intergubernamental. El resultado de este proceso se considerará en la Asamblea Mundial de la Salud en 2026.
Una vez que la Asamblea adopte el anexo PABS, el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias estará abierto a la firma y consideración de ratificación, incluso por los órganos legislativos nacionales. Después de 60 ratificaciones, el Acuerdo entrará en vigor.
Además, los Estados miembros también instruyeron al Grupo de Trabajo Intergubernamental, para que inicie las acciones necesarias para establecer el Mecanismo Financiero de Coordinación para la prevención, preparación y respuesta ante pandemias, así como la Red Mundial de Cadena de Suministro y de Logística, con el fin de “mejorar, facilitar y trabajar para eliminar las barreras y garantizar un acceso equitativo, oportuno, rápido, seguro y asequible a los productos sanitarios relacionados con pandemias, para los países que los necesiten durante las emergencias de salud pública de importancia internacional, incluidas las emergencias pandémicas, y para la prevención de tales emergencias”.
El Acuerdo puede ser un elemento decisivo para reforzar la independencia financiera de la OMS, para recuperar progresivamente el carácter público de la organización, definiendo y poniendo en marcha mecanismos para controlar al menos el 51% del presupuesto a través de contribuciones obligatorias de los Estados miembros. Sin embargo, lo cierto es que mientras el discurso internacional reciente se orienta hacia ese aumento de la financiación pública (tanto la Asamblea Mundial de la Salud, como los informes del G7, G20 y COVAX coinciden en que una de las lecciones de la COVID-19 es que se debe reforzar el papel de la OMS), en la práctica el aumento de las contribuciones de los Estados a la OMS no ha superado los 1,200 millones de dólares, mientras que las aportaciones de los Estados al “Fondo de Prevención de Pandemias del Banco Mundial” ha alcanzado los 50,000 millones de dólares, recursos destinados a préstamos que amplían la deuda externa en el campo de la salud de los países en desarrollo.
Durante los debates para alcanzar el Acuerdo citado, se advirtió que la información errónea constituye una amenaza para la confianza de la opinión pública y podría socavar las medidas que se adopten. La comunicación científica debe ser independiente, fiable y precisa, accesible por tecnologías digitales para la recopilación y el intercambio de datos relativos a pandemias.
Es previsible que, para erosionar al gobierno del presidente Arévalo, el pacto de corruptos presente acciones legales en contra del Acuerdo de la OMS ante la Corte de Constitucionalidad, ente que se ha prestado permanentemente para exacerbar la ingobernabilidad, obviando que por falta de una normativa idónea y una coordinación intergubernamental eficaz, durante la última pandemia se perdieron más de 7 millones de vidas en el mundo, según las cifras notificadas por los países a la OMS, aunque esta organización ha estimado que al menos el doble de personas murieron por el impacto directo o indirecto de este patógeno.
A ello se suman las consecuencias que tuvo esa crisis sanitaria para la economía mundial, con cálculos que superan los 12 billones de dólares en pérdidas acumuladas, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Lamentablemente, las Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI) son una plaga más nociva y mortífera que la COVID-19, por lo que debemos erradicarlas, para poder sobrevivir como ciudadanos y como nación.
