Al compañero presidente Pepe Mujica, ejemplo de compromiso e integridad, in memoriam.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) informó que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite comenzó, el pasado lunes 12 de mayo, una visita oficial a Guatemala, para analizar la situación de la justicia en el país centroamericano.
De acuerdo con OACNUDH, la Relatora evaluará la situación y los retos para garantizar la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad del Ministerio Público (MP), así como el libre ejercicio de la abogacía, pilares de la administración de justicia en el país.
El pasado viernes 9 de mayo, el presidente Bernardo Arévalo calificó de «altamente positiva» la visita de Satterthwaite, porque tiene lugar «en un momento en que vivimos la cooptación de las instituciones de justicia de parte de los actores de la impunidad». De esta importante declaración tomo el título para la presente columna, en una coyuntura en la que el pacto de corruptos, por medio del MP, intenta nuevamente desaforar al actual binomio presidencial, atentando contra el Estado de Derecho, y pretendiendo burlar la voluntad soberana del Pueblo de Guatemala.
Las Naciones Unidas (ONU) informaron que la diplomática analizará el derecho a un juicio justo, incluyendo una perspectiva de género, y examinará la igualdad de acceso a la justicia. Además, Satterthwaite se reunirá con otros funcionarios del Gobierno de Arévalo de León, incluyendo diputados, jueces, fiscales y abogados. También con representantes de la sociedad civil, del sector académico, y diplomáticos acreditados en el país.
El presidente Arévalo se reunió el pasado lunes 12 de mayo con la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, encuentro en el que hizo palpable su preocupación por la criminalización impulsada por funcionarios del Ministerio Público (MP).
Según indicó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), el presidente hizo énfasis en la criminalización en contra de jueces, fiscales y abogados que trabajan por una justicia independiente. Además, compartió con Satterthwaite las limitaciones que actualmente existen para el ejercicio de una justicia independiente, enfatizando sobre el contubernio dentro de las instituciones actualmente cooptadas y agentes corruptos que, según señaló la SCSP, profundizan la impunidad y debilitan la institucionalidad en Guatemala.
La independencia judicial es fundamental para el Estado de Derecho y la democracia, pues garantiza que la justicia se imparte de manera imparcial y que los ciudadanos pueden tener confianza en el sistema legal. Una justicia independiente es un pilar fundamental para la construcción de un país con instituciones sólidas y un sistema legal que proteja los derechos de todos los ciudadanos, sin distingo de etnia, clase social o género.
La Relatora Especial Margaret Satterthwaite podrá verificar, de primera mano, el clima de impunidad estructural imperante en Guatemala, así como la falta de independencia judicial en todo el aparato de administración de justicia, y la incidencia y control que los poderes fácticos ejercen para promover la criminalización institucional en contra de defensores de DD. HH. operadores de justicia probos, y periodistas independientes.
Para enfrentar estas falencias estructurales en la administración de justicia, el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, estableció como prioridad la reforma del sistema de justicia a fin de que, entre otros aspectos, se erradique la impunidad, la corrupción y los factores estructurales que las favorecen.
Para el efecto, el citado Acuerdo de Paz estableció la creación de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, entidad que realizó un exhaustivo diagnóstico del sistema nacional de justicia, y propuso un programa integral de reforma, denominado Una Nueva Justicia para la Paz. La citada Comisión, incluso, emitió un informe y recomendaciones sobre Reformas Constitucionales referidas a la Administración de Justicia.
El referido proceso analítico y de formulación programática llevó más de una década, contando con la asesoría y acompañamiento de la comunidad internacional. Lamentablemente, ese esfuerzo transformador de la justicia no se ha podido llevar a cabo por la oposición de fuerzas retrógradas, que se benefician de la impunidad, de la corrupción y de la falta de independencia judicial, incluso impulsando la creación y operatividad de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), que son estructuras criminales que se infiltran en el Estado, aprovechando su poder para cometer delitos y vulnerar los derechos humanos.
Para enfrentar este flagelo, gracias a la participación ciudadana, a las fuerzas progresistas y a la comunidad internacional, se logró establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), instancia que investigó y denunció la existencia y actividades de los CIACS, evidenciando la colusión de sectores oligárquicos, militares genocidas, políticos corruptos y el crimen organizado.
Cuando las investigaciones de la CICIG, aunadas a la reforma parcial del sistema de administración de justicia y, particularmente del MP, permitieron procesar a poderosos exponentes de lo que ahora denominamos el pacto de corruptos, esta CIACS mayor logró recuperar el control político del poder Ejecutivo que, en abril de 2015, la ciudadanía pudo desestabilizar, al defenestrar al genocida Otto Pérez Molina y a la corrupta Roxana Baldetti.
Fue así como en Guatemala prosperó una cultura de CIACS, que se reflejó en las políticas antidemocráticas de seguridad del Estado, en la práctica de la clandestinidad, en los métodos irregulares, en la represión, y en la búsqueda constante de controlar la justicia para garantizarse impunidad. De esta manera, se han ido fortaleciendo la cooptación del Estado y las Redes Político- Económicas Ilícitas (RPEI), avanzando hacia un Estado fallido.
Afianzando de manera creciente su control del aparato de justicia y del MP, e instrumentalizando al comediante-presidente Jimmy Morales, el pacto de corruptos logró expulsar a la CICIG del país, impulsar un proceso involutivo de la justicia e, incluso, estuvo a punto de lograr que el electo binomio presidencial Arévalo-Herrera no asumiera el cargo, si no se hubiesen dado la resistencia y las movilizaciones ciudadanas, encabezadas por las comunidades indígenas y sus autoridades ancestrales, que ahora están siendo criminalizadas alevosamente por el MP, por ejercer el poder soberano y construir democracia real.
Es en este nefasto contexto que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, deberá elaborar y rendir su informe a la nación, el 23 de mayo y, posteriormente, lo presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Las y los guatemaltecos debemos tener presente que, para revertir la situación descrita, debemos trascender las redes sociales, organizarnos, movilizarnos, constituir el sujeto social para la reforma de la justicia, y construir una democracia efectiva, entendida como «gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo», como postuló Abraham Lincoln, durante su discurso de Gettysburg, en 1863.
