El Departamento de Estado del gobierno de EE.UU. recién presentó al Congreso de la Unión Americana el “Informe de la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de 2025”. Se trata de un informe anual, preparado de conformidad con la Ley de Asistencia Exterior, que describe los esfuerzos de los países clave -incluida Guatemala- para atacar todos los aspectos del comercio internacional de drogas en el Año Calendario 2024. El volumen I cubre las actividades de control de drogas y productos químicos, mientras que el volumen II abarca el blanqueo de dinero y los delitos financieros.
El reporte gubernamental de la Administración Trump da cuenta que, desde la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo, en enero de 2024, la nueva administración ha logrado un incremento de tres veces en las incautaciones de narcóticos, en comparación con 2023. Sin embargo, advierte que la debilidad de las instituciones guatemaltecas, los arcaicos controles en la importación de productos químicos y la porosidad de las fronteras, hacen que el país sea vulnerable al tráfico de estupefacientes, drogas sintéticas y precursores químicos.
El Departamento de Estado sostiene que el actual Gobierno de Guatemala no fomenta, ni tiene una política gubernamental que facilite la producción o distribución de drogas, ni el blanqueo del producto de la venta de sustancias ilícitas, pero advierte que la corrupción endémica sigue siendo un problema importante que facilita la impunidad, incluso para organizaciones de narcotraficantes.
Como antecedente de ese clima de corrupción sistémica, el gobierno republicano de Donald Trump reporta al Congreso de la Unión que el expresidente guatemalteco Jimmy Morales expulsó a una comisión anticorrupción respaldada por la ONU en 2019 (la CICIG), y que bajo la administración de la Fiscal General María Consuelo Porras, el Ministerio Público frenó, obstruyó o desestimó investigaciones de alto perfil sobre casos de corrupción, lo que provocó la suspensión de la cooperación programática de EE. UU. con el Ministerio Público en 2021, y motivó la inclusión de Porras y otros agentes del MP en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, en la Sección 353, bajo el artículo 7031 (c).
Desde la toma de posesión de Donald Trump, el pasado 20 de enero, los principales integrantes del pacto de corruptos, integrado por oligarcas venales, exmilitares genocidas, políticos corruptos y capos del crimen organizado, albergaron la peregrina idea que la administración republicana favorecería que ellos mantuvieran y acrecentaran la cuota de poder que históricamente han mantenido, en los ámbitos político, económico, militar y judicial, aspiración que se les ha venido abajo.
Por ello, fue risible ver a varios de sus destacados elementos, como el fiscal Curruchiche, aparecer con la emblemática gorra roja del movimiento republicano MAGA (Make América Great Again), u otros que, con fondos públicos, viajaron a la toma de posesión de Trump, sin ser invitados, y les tocó verla por televisión, desde el hotel que los hospedaba, incurriendo en posibles delitos pecuniarios.
El primer revés explícito para el pacto de corruptos fue no ser invitados a la toma de posesión presidencial en Washington; el segundo guantazo fue la negativa del Secretario de Estado, Marco Rubio, a reunirse con el CACIF durante su reciente visita de Estado a Guatemala, y el tercer y mayor rechazo es el Informe reseñado, en el que explícitamente el gobierno estadounidense reivindica la labor anticorrupción de la CICIG, y condena el papel del comediante Morales en su expulsión, cumpliendo con el requerimiento del poder oscuro, para favorecer al crimen organizado, sostiene.
Dentro y fuera de Guatemala fueron conocidos los nombres de los oligarcas, políticos y militares venales sindicados por la CICIG de estar coludidos con la corrupción, el crimen organizado y las acciones antidemocráticas para, por ejemplo, integrar las Altas Cortes del país, y procurarse impunidad. Por ello, es de gran relevancia que el gobierno estadounidense reivindique la labor anticorrupción de la Comisión, tome distancia del pacto de corruptos, y sindique a sus exponentes más conocidos como venales y antidemocráticos, quienes tienen cerradas las puertas de los altos cargos de la administración republicana y, obviamente, del Partido Demócrata, que los marginó durante el gobierno de Joe Biden.
Con los importantes cambios geopolíticos de la política exterior trumpista en Ucrania, Medio Oriente y el Mar de China, de poco le servirá al pacto de corruptos recurrir al lobby sionista o taiwanés en Washington, pues son considerados non gratos y políticamente impresentables.
El “Informe de la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de 2025”, sostiene que los gobiernos de los Estados Unidos y Guatemala reconocen que nuestro país es un importante punto de tránsito para los narcóticos destinados a los Estados Unidos, y requiere una mayor actividad antinarcóticos, para incrementar las incautaciones resultantes. Reconoce que la administración de Bernardo Arévalo es un aliado en la lucha contra el narcotráfico internacional, la trata de personas y que ha adoptado medidas para hacer frente a los desafíos mencionados.
El Departamento de Estado refiere al Congreso de la Unión que el pasado 8 de marzo de 2024, el presidente Arévalo emitió un Acuerdo Gubernativo para mejorar la lucha antinarcóticos y la seguridad fronteriza, reorganizándolas bajo un único viceministerio. Además, destaca que en marzo de 2024, los Ministerios del Gobernación, Salud y Defensa, así como la Comisión contra Adicciones y Tráfico Ilícito de Drogas, y la Superintendencia de Administración Tributaria, firmaron un protocolo que mejoró la capacidad de investigación antidrogas, activando un grupo pesquisidor sobre productos químicos y precursores, asesorado por el gobierno de EE. UU.
El citado Informe destaca los avances institucionales del gobierno de Arévalo en la lucha antidrogas, el incremento en las incautaciones, la disminución en los volúmenes de tráfico, así como la mejora parcial en el manejo de información pública, prevención y tratamiento del consumo de sustancias ilícitas.
En sus conclusiones, el Departamento de Estado reseña que el actual Gobierno de Guatemala ha demostrado la voluntad de colaborar con EE. UU. y las fuerzas del orden en las investigaciones, detenciones y extradiciones por tráfico de estupefacientes. Sin embargo, advierte que la corrupción endémica, las instituciones débiles y las tensas relaciones con el Poder Legislativo entorpecen los esfuerzos de la administración de Bernardo Arévalo para reformar instituciones y enfrentar la delincuencia transnacional en Guatemala.
Al reseñar las lacras que, en Guatemala, promueven la corrupción, la impunidad y favorecen al crimen trasnacional, el Departamento de Estado señala como un actor principal al pacto de corruptos, por lo que los oligarcas venales, ex-militares genocidas, políticos corruptos y capos del crimen organizado han sufrido una significativa pérdida de poder en Washington, pero en Guatemala aún son una amenaza real a la justicia, a la democracia y al Estado de Derecho. De la ciudadanía depende defenestrarlos.
