El recién investido presidente republicano, Donald Trump, en apenas 15 días ha inaugurado una nueva geopolítica para América Latina y el Caribe, basada en una noción imperial de la diplomacia, mediante la cual demanda condiciones abusivas a países soberanos, amenazándolos con sanciones comerciales o acciones políticas y militares.
Durante la última semana, Trump ha abierto hostilidades con sus dos principales socios comerciales, México y Canadá, si no aceptan sus términos políticos, económicos, migratorios y de seguridad, amenazando con dar al traste al comercio con ambos países, al gravarlo con aranceles del 25%, lo cual implicaría desarticular el tratado comercial ratificado con ambas naciones durante su primer periodo presidencial.
Las demandas del presidente republicano, entre otras, se centran en los temas migratorios, el tráfico de drogas y armas, y el déficit comercial de EE. UU. en cuanto a sus vecinos.
También ha enfocado sus misiles en contra de Panamá, Cuba, Venezuela y Nicaragua, país al que Trump anunció que expulsará del TLC. Contra estos Estados las amenazas son aún más graves, incluyendo la invasión militar.
A los países latinoamericanos también los amenaza con deportaciones masivas, anunciando un millón para el presente año. Su zar antimigrantes, Tom Homan, ha dicho que la prioridad de las deportaciones serán los 1.4 millones de latinoamericanos que ya han recibido órdenes de deportación, después de no calificar para un estatus legal en EE. UU. El efecto social, sanitario y económico podrá ser desastroso para los países de origen, que carecen de albergues masivos, hospitales funcionales y planes de inserción laboral, y el efecto económico será funesto, pues las remesas que los emigrantes envían a sus familias sostienen buena parte de las economías nacionales.
Es indudable que los planes migratorios de Donald Trump van en serio, pero enfrentarán severas dificultades. Los expertos calculan el costo de mantener un plan como el que propone Trump en unos US$100 mil millones. El presupuesto de 2023 del ICE para el traslado y deportación fue de US$420 millones, y expulsó del país a cerca de 140,000 personas; por lo tanto, deberá incrementar los fondos en un 238%.
De acuerdo con el plan de Trump, miles de personas que están a la espera de sus audiencias de inmigración podrían ser detenidas, y se prevé construir grandes campamentos para albergarlas. Ya dio inicio el acondicionamiento y ampliación de la prisión de Guantánamo, para albergar 30 mil camas, agudizando las tensiones con Cuba, nación a la que nuevamente incluyó en el listado de países promotores del terrorismo, a pesar de que el Consejo de DD.HH. de la ONU ha exonerado a la isla. La respuesta de Trump fue retirar a EE.UU. del referido Consejo, aislándose del concierto de las naciones civilizadas.
También se tendrían que multiplicar los vuelos para llevar a cabo las deportaciones, y eso pasaría probablemente por contar con el apoyo de la Fuerza Aérea.
La parte menos conocida del fenómeno es la enorme contribución de los casi 50 millones de inmigrantes a la economía de EE. UU.: alrededor de 338 mil millones de dólares, equivalente al PIB de Colombia. Y de esa cantidad, 18.5% son remesas y quedan en Estados Unidos 265 mil millones de dólares. Según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP por sus siglas en inglés), los indocumentados pagaron casi US$97 mil 700 millones en impuestos en 2022, cada vez que compraron un producto o un servicio, cuando arrendaron o adquirieron una propiedad, y cuando pagaron tributos sobre la renta personal y empresarial.
Una parte de esos recursos, señala el ITEP, fue destinada al financiamiento de servicios públicos a los que por ley no pueden acceder los migrantes como, por ejemplo, la seguridad social, el seguro de desempleo, o la mayor parte de los programas de salud para personas en una situación económica precaria; dan mucho más de lo que reciben.
Entre enero de 2023 y enero de 2024, el 50% del crecimiento del mercado laboral de EE. UU. se debió a los trabajadores migrantes. Una deportación masiva privaría a los gobiernos federales, estatales y locales de miles de millones de dólares en ingresos fiscales. La inmigración aumentará el PIB de EE. UU. en US$7 billones en una década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Dando una lección de fortaleza política y dignidad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no se doblegó, negoció el pasado lunes con Trump, y logró pausar por 30 días la imposición de aranceles, y acordaron coordinarse mediante mesas binacionales de trabajo, sobre migración, lucha antidrogas (fentanilo) y tráfico de armas de EE. UU. a México. El pasado martes, México inició el desplazamiento de hasta 10 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con EE. UU. a fin de incrementar la seguridad. Siguiendo su ejemplo, Canadá también negoció con Trump, y logró posponer por 30 días la vigencia de los aranceles, pero el magnate exige que Ottawa abra el mercado financiero a la banca estadounidense, a pesar de los indicios de lavar dinero del narco.
Más al sur, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió en Ciudad de Panamá con el presidente José Raúl Mulino, y le exigió al anfitrión «cambios inmediatos» para contrarrestar la supuesta influencia china en el canal de Panamá, que para Washington «representa una violación del Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del Canal». A falta de cambios, advirtió Rubio, EE. UU. tomará las «medidas necesarias» para proteger sus derechos, en clara referencia a las medidas militares anunciadas por Trump. Mulino se doblegó y, a costa de la soberanía panameña, se comprometió a darle transito gratuito a los barcos de guerra de EE. UU. y a no renovar el convenio de la Ruta de la Seda con la República Popular China. Además, Mulino les ofreció poder usar el aeropuerto Nicanor en Metetí, lo cual constituye un acto de mayor servilismo.
Las negociaciones del nuevo gobierno republicano con el régimen chavista en Venezuela iniciaron discretamente hace varios días, obviamente por el interés del petróleo; ambas partes han guardado bastante hermetismo, pues no existen relaciones diplomáticas entre ambos países. Fue hasta la visita del enviado trumpista, Richard Grenell, que se supo del intercambio, mediante el cual se logró la autorización de EE. UU. a la empresa Chevron, para seguir operando en Venezuela, y la liberación de 6 ciudadanos estadounidenses, procesados por actividades subversivas.
Lo más relevante es que el gobierno de Donald Trump negocia con Nicolás Maduro, en su calidad de Jefe de Estado, ignorando a Edmundo Urrutia.
Escribo esta columna, mientras el Secretario de Estado, Marco Rubio, está reunido con el presidente Bernardo Arévalo, y mañana por la mañana será la segunda parte del encuentro; por eso, aún no se sabe qué acordaron. Sin embargo, es seguro que tres temas están sobre la mesa: la probable demanda del país del norte para que Guatemala actúe como Tercer País Seguro, y reciba a deportados de distintas nacionalidades; que el presidente Arévalo asegure que mantendrá relaciones diplomáticas con Taiwán, y no con China Popular, como el resto de Centroamérica; e intensificar la coordinación en materia de seguridad.
Más allá de los casos concretos, EE. UU. impone ahora un nuevo tipo de relaciones geopolíticas, en las que sus contrapartes no pueden actuar como países soberanos, sino como protectorados vasallos, a quienes amenaza con toda clase de represalias. La experiencia demostrará cuáles presidentes defienden la soberanía de sus países, y quienes se someten a la rendición de la antigua “diplomacia de las cañoneras”.
*Se realizó modificación al séptimo párrafo del texto a las 11:50 para referirse al Consejo de DDHH de la ONU
