En un clima de incertidumbre generalizada, el lunes 20 de enero de 2025 dio inicio la segunda era Trump, con una ceremonia de toma de posesión del cuadragésimo séptimo presidente de EE. UU., en la que todas las fuerzas y personalidades conservadoras trataron de estar presentes, muchas sin éxito pues, respondiendo a la personalidad del Presidente entrante, las invitaciones al evento no siguieron el patrón de la diplomacia tradicional. Destacó que el Primer Ministro israelí no fue convidado, y que asistió un rabino antisionista.
En su discurso de investidura, Donald Trump proclamó el inicio de una “edad de oro” en Estados Unidos y anunció una “marea de cambio”. Trump decidió aprobar una avalancha de decretos el primer día contra la inmigración, la agenda ambiental, la diversidad y otras materias para revertir la era de su antecesor demócrata, Joe Biden. “Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas. Con estas acciones comenzaremos la completa restauración de Estados Unidos y la revolución del sentido común. Todo es cuestión de sentido común”, afirmó el nuevo Presidente en su discurso de toma de posesión.
En su primer día de gobierno, Donald Trump firmó 41 Órdenes Ejecutivas sobre diversos temas. Por limitaciones de espacio, en este primer abordaje, reseñaré aquellas que tendrán mayor incidencia en América Latina. Posteriormente habrá que efectuar análisis más detallados para caracterizar los principales componentes programáticos de la segunda era de Donald Trump, que varios analistas califican como el tecno-feudalismo.
En su discurso inaugural, el nuevo mandatario postuló: “Primero, declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Reinstauraremos mi política de Quédate en México (la cual obliga a los solicitantes de asilo a permanecer al otro lado de la frontera mientras se tramitan sus peticiones). Pondré fin a la práctica de captura y liberación. Y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país”. Como una primera acción, su Administración suprimió la aplicación virtual que permitía a los solicitantes de asilo pedir cita para ingresar legalmente a Estados Unidos. Pocas horas después, instalado en la Oficina Oval, firmó los decretos correspondientes.
“Las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional, participarán en la seguridad fronteriza, que es seguridad nacional, y se desplegarán en la frontera para ayudar al personal policial existente”, anunció el equipo de transición de Trump a los medios de comunicación. Sin embargo, involucrar al ejército en la seguridad fronteriza es una medida que podrá ser impugnada en los tribunales, pues la ley pone estrictos límites a las Fuerzas Armadas sobre su operatividad en suelo estadounidense.
Pese a que las entradas de inmigrantes han caído drásticamente en los últimos meses, la declaración de emergencia fronteriza también dará potestad a Trump para utilizar fondos federales para construir el muro con México, sin necesidad de aprobación del Congreso.
Todas estas medidas dan continuidad a una campaña electoral plagada de xenofobia y ataques a los inmigrantes, tomados como chivos expiatorios de la degradación social estadounidense, y presagian provocar una crisis socioeconómica en Estados Unidos por falta de mano de obra, y en los países expulsores de migrantes, que se sostienen en buena medida por las remesas, tal como sucede en Guatemala, donde casi el 20% del PIB procede de los envíos de los casi tres millones de paisanos que radican en el país del norte.
Aunque es un derecho de rango constitucional, Trump ordenó frenar el otorgamiento de la ciudadanía a los nacidos en EE. UU. de padres indocumentados. En respuesta, 22 Estados de la Unión interpusieron medidas legales en contra de esta Orden Ejecutiva.
El nuevo mandatario republicano ya emitió la Orden Ejecutiva para designar a los cárteles de la droga como “terroristas globales”, lo que permitirá endurecer su persecución y las sanciones. Además, la legislación de emergencia emitida después del 9/11 faculta al Presidente ordenar la intervención de las fuerzas armadas en un tercer país, para combatir al terrorismo. Esta medida, obviamente, apunta a México. Ante esta situación, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ya anunció que “México es un país libre, independiente y soberano. Como lo he dicho: nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”.
El presidente Trump derogó un programa migratorio de la anterior administración demócrata, para permitir temporalmente la entrada de medio millón de migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, cerrando así las vías legales para el ingreso a EE. UU.
La nueva administración dio vía libre a las redadas de migración en escuelas, colegios e iglesias, y en las zonas adyacentes, lo cual generará temor y ansiedad.
Entre los decretos aprobados por el mandatario republicano, se cuenta la decisión de volver a incluir a Cuba en el listado de países que promueven el terrorismo, revirtiendo así una reciente medida de Joe Biden, quien excluyó al país caribeño.
Donald Trump adelantó que prevé gravar con aranceles del 25% al comercio con México y Canadá, lo cual implicaría desarticular el tratado comercial ratificado con ambos países durante su primer periodo presidencial.
La recién decretada salida de EE. UU. de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Acuerdo de París debilitará la salud y la lucha contra el cambio climático en Latinoamérica, lo cual podría agravar la migración por pandemias o desastres ambientales.
Después del acto protocolar, una corresponsal brasileña preguntó al recién investido Presidente sobre cómo veía la relación con América Latina. La respuesta fue categórica y presagia tormentas: “Nosotros no los necesitamos. Ellos nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ellos”.
Con lo actuado hasta ahora, el presidente Donald Trump ya ha trazado las líneas generales sobre sus políticas nacionales e internacionales; toca ahora a los gobiernos de Guatemala y el resto de Latinoamérica definir políticas conjuntas para defender a los millones de migrantes que, atenazados por la pobreza y el hambre, buscan huir de una lacerante realidad, de la que EE. UU. es corresponsable.
