El 12 de octubre, en México y otros países de América Latina, se conmemora como el Día de la Resistencia Indígena. Este enfoque busca resaltar la lucha y resiliencia de los pueblos indígenas, reconociendo los desafíos que han enfrentado desde la llegada de los colonizadores hasta la actualidad, en vez de conmemorar el alienante Día de la Hispanidad o Día de la Raza.
Tradicionalmente, el 12 de octubre ha sido conocido como el Día de la Raza, una fecha que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Este día fue instaurado en gran parte de Hispanoamérica, España y Estados Unidos para destacar el encuentro y mestizaje cultural entre los pueblos indígenas y los colonizadores europeos.
Sin embargo, en los últimos años, varios países han replanteado el significado de esta conmemoración y, en México, a partir de 2020, se dejó de celebrar oficialmente como el Día de la Raza y ahora se reconoce como el Día de la Nación Pluricultural.
No se trata de un simple cambio de nombre, sino que busca dejar atrás una celebración que muchos veían como un recordatorio de la colonización, el sometimiento y la eliminación de las culturas precolombinas. En lugar de celebrar el “descubrimiento de América”, se decidió conmemorar la resistencia indígena y reivindicar los derechos de las comunidades originarias.
México dio un paso relevante con la reciente reforma constitucional sobre derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, aprobada por unanimidad el pasado mes de septiembre, una reforma sustantiva al artículo 2º constitucional que reafirma la pluriculturalidad.
El doctor David Chacón, especialista en Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas, sostiene que “México es un país que tiene muchas culturas, pero el término de pluriculturalidad no debe ser entendido sólo sobre el derecho de estas a existir, sino que obliga constitucionalmente a que sean respetadas, reivindicadas, promovidas y se desarrollen bajo relaciones de igualdad. Las comunidades indígenas ya van a ser sujetos de derecho público, lo que significa que tienen derecho de recibir un presupuesto, administrar sus recursos naturales y ser consultados para decidir si los proyectos de desarrollo se llevan a cabo o no”.
Con un enfoque coincidente, el pasado 9 de agosto se conmemoró el día internacional de las poblaciones indígenas, establecido por la ONU en 1995, con el fin promover el goce de los derechos de las poblaciones originarias y el desarrollo cabal de sus propias culturas y comunidades. A mi juicio hubo muy poco que celebrar, pues los avances son menores que los retrocesos, como se evidencia las precarias condiciones de vida de los Pueblos originarios.
En América Latina, ser indígena equivale a ser pobre. Esta lapidaria e indignante conclusión está contenida en el estudio encargado por la ONU a siete expertos independientes que, en 2009, presentaron el Informe “La situación de los pueblos indígenas del mundo”. Dicho Informe estableció la citada conclusión basado en estudios de las condiciones socioeconómicas de los Pueblos indígenas del continente, que demuestran “que ser indígena equivale a ser pobre y que con el tiempo esa situación se ha perpetuado”. Aun cuando hayan podido aprovechar oportunidades de educación o capacitación, “no pueden convertirlo en ganancias significativamente mayores ni reducir la pobreza que los diferencia de la población no indígena”. Así, el sistema económico, político y social condena a millones de personas a la pobreza, por el mero hecho de pertenecer a etnias diferentes, a pesar de que al descifrarse el genoma humano se estableció que los rasgos físicos externos corresponden a sólo el 0.01% de los genes.
En Guatemala, donde el racismo prevalece, los indígenas son empobrecidos por un sistema excluyente y discriminador, sin entender que el futuro común de la humanidad está ligado a la sobrevivencia de los Pueblos originarios. De ellos depende la diversidad de la cultura, de la flora y de la fauna, nada menos.
El Informe de la ONU establece que en todo el orbe hay aproximadamente 370 millones de personas indígenas que ocupan el 20% de la superficie terrestre, representando unas cinco mil culturas e idiomas indígenas diferentes, constituyendo la mayor parte de la diversidad cultural del planeta. Un 90% de los idiomas indígenas vivos podría desaparecer en los próximos 100 años. Cada lengua expresa una cultura, una cosmovisión, una forma diversa de entender a la sociedad, a la naturaleza y al cosmos. Este patrimonio intangible constituye la mayor riqueza de la humanidad, desarrollada durante 200 mil años; perderla es regresar a nuestra animalidad, aunque tengamos iPhone y Facebook.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el período comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo, con el fin de llamar la atención sobre la preservación, revitalización y promoción de las mismas.
En Guatemala, la pobreza es 300% mayor en los Pueblos indígenas, quienes prestan un invaluable servicio ambiental. Según estudios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en los territorios indígenas se genera el 53% de la agricultura limpia anual, se produce el 73% de las hortalizas y se cosecha el 43% del café, a pesar de contar con malos suelos agrícolas, sobre utilizados. Además, allí se ubica el 100% de los embalses de agua, el 66% de reservas de manantiales y el segundo mayor humedal de América Latina. Si esto fuera poco, conservan 58% de las zonas de vida, 39% de los biotopos, el 100% de las reservas biológicas, el 49% de los refugios de vida silvestre, el 85% de los monumentos culturales y el 89% de los parques regionales.
A pesar de tan invaluable aporte, la sociedad y el Estado discriminan, explotan y marginan a los Pueblos indígenas. Según el citado estudio de FLACSO, el sistema solamente asignó, en el año 2000, el 13% de los fondos públicos a los municipios con mayoría indígena, a pesar de ser el 56% del total. El ICEFI da cuenta que, en 2015, fue posible identificar Q42,623.7 millones que tuvieron como beneficiarios directos a los ciudadanos del país, y de estos recursos solamente una cuarta parte fue destinada a los Pueblos indígenas, es decir, Q10,646.6 millones, lo que equivale al 2.2% del producto interno bruto (PIB). Las inversiones dirigidas a la población no indígena (mestiza o ladina) representaron el 6.5% del PIB. Eso es racismo estructural, puro y duro.
De la plenitud y sobrevivencia de los Pueblos originarios depende que tengamos agua, comida y diversidad cultural y ambiental. Por ende, debemos construir un destino común o no tendremos futuro como país.
