A las Víctimas de Desapariciones Forzadas, cuyo ejemplo vivo honramos internacionalmente cada 30 de agosto.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó, el pasado 21 de agosto, los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi-2023) destacando que 1 de cada 2 guatemaltecos (56%) vive en condiciones de pobreza, igual que la medición efectuada en el año 2000, cuando el porcentaje de pobreza se estimó en 56.4%. De igual forma, en estos 23 años la pobreza extrema tampoco muestra variaciones sustanciales, ya que en el 2000 el indicador se ubicaba en 15.7% y en la del año pasado se situó en 16.2%.
O sea, que el Desarrollo Humano ha estado estancado en el país por 23 años, justo el período en que se consolidó la cooptación del Estado por el pacto de corruptos, evidenciándose que la corrupción y la impunidad perpetúan la pobreza y el hambre, sumiendo a por lo menos 9 millones 700 mil guatemaltecos en la penuria, de los cuales 2 millones 800 mil son pobres extremos.
De acuerdo con los resultados, el porcentaje de pobres en el país se sitúa en 56%, una leve disminución de 3.3% en relación con la Encovi 2014, cuando este se situaba en 59%. Varios analistas consideran que ésta limitada reducción de la pobreza se debe al incremento de las remesas y no a las políticas gubernamentales, las cuales han sido un rotundo fracaso.
Ayer, La Hora publicó un excelente reportaje del colega Sergio Morales, en el que se analizan las cifras oficiales, consignando que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ejecutó, en 10 años, Q18 mil 720 millones de presupuesto; parte de ese dinero ha sido para la lucha contra la pobreza, Q1 mil 479 millones en el programa “consumo adecuado de alimentos”, y Q4 mil 328 millones en programas asistenciales; por ejemplo, las transferencias monetarias condicionadas o apoyo en la lucha contra la desnutrición crónica.
Además, sostiene Morales, se han gastado Q2 mil 45 millones para «servicios de infraestructura para el desarrollo», en proyectos como caminos y carreteras, construcción o mantenimiento de centros de Salud, drenajes o sistemas de agua entubada, obras que no se han hecho o son defectuosas.
El reportaje de Morales refleja un fracaso de los últimos gobiernos en cuanto a las políticas para combatir la pobreza. En estos 10 años, desde la Encovi 2014, se han implementado múltiples programas, supuestamente, en favor de las clases más desposeídas, así como para disminuir la desnutrición.
Según datos del Sistema de Contabilidad Integrada del Gobierno (Sicoin), reportados por La Hora, en el año 2020 el presupuesto del Mides se incrementó siete veces, sin que se reportaran avances importantes. Del total de recursos ejecutados la última década, el 42% supuestamente se utilizó en programas destinados para el combate a la pobreza, mientras que el resto teóricamente se ejecutó en planes de reconstrucción por el paso de tormentas tropicales, en gastos administrativos y una buena cantidad se destinó al el bono que, clientelarmente, se le dio a las familias para paliar los efectos económicos de la pandemia del Covid-19, en 2020.
Paradójicamente, mientras la Encovi 2023 nos pinta un retrato macabro del daño irreversible que las políticas de latrocinio han causado al país, la atención nacional se centra en la renovación de las Altas Cortes, espacio en el que se han consumado insólitos casos de impunidad, como el denominado caso B410, que revela una estructura formada por 410 empresas involucradas en la comisión de actos de defraudación y elusión tributaria, mediante una estrategia para evadir el pago de los impuestos, logrando defraudar más de 300 millones de quetzales sobre los 6.4 millardos que facturaron. Varias de estas han sido vendedores directos de instituciones del Estado entre 2021 y 2024, que no pudieron operar impunemente sin la protección de funcionarios de alto nivel.
Los datos duros de la Encovi 2023 reflejan que la corrupción y la impunidad matan por hambre o enfermedad, arrebatan el pan y el saber a millones de niñas y niños, y les escamotean un futuro con esperanza y dignidad, especialmente en aquellos departamentos con mayor población indígena, evidenciando que en Guatemala la exclusión se afianza en el racismo y la discriminación.
Muchos de los candidatos que se han postulado a la elección de Cortes, hombres y mujeres, son promovidos por estructuras criminales que buscan perpetuar la impunidad por crímenes de lesa humanidad, y el desfalco de la cosa pública, por lo que debemos evitar que nuestro futuro siga en manos de criminales y ladrones.
La lucha contra la corrupción es ardua y debe ser implacable. Hace doscientos años, en enero de 1824, el Libertador Simón Bolívar decretó pena de muerte para los funcionarios corruptos y para los jueces que promovieran impunidad. A continuación los dos primeros artículos del Decreto bolivariano:
1°–Que una de las principales causas de los desastres en que se han visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han invertido en ellos;
2°–Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden, es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar, y Decreto:
Artículo 1°–Todo funcionarios público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital.
Artículo 2°–Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena.
Imprímase, publíquese y circúlese.
Hoy día, dos siglos después, el Sistema Universal de Derechos Humanos promueve la erradicación de la pena de muerte, pero el juicio y castigo a los corruptos debe ser ejemplar, mediando el debido proceso, la transparencia y la educación ciudadana para promover los valores éticos que, como naciones civilizadas, nos diferencian de las hordas criminales.
