Las fuerzas antidemocráticas del mundo han encontrado en el Poder Judicial servil un instrumento eficaz para fraguar “golpes blandos” (lawfare), aunado al esfuerzo por acallar a la prensa independiente. En este último apartado, los casos de Julian Assange y Chepe Zamora son emblemáticos, y deben ser revertidos en defensa de la democracia y la libertad de prensa.
El pasado 26 de marzo, el Tribunal Superior de Londres dio al activista y periodista australiano Julian Assange hasta el 20 de mayo para apelar su caso ante el Reino Unido y rechazó dar luz verde a su extradición a Estados Unidos, país que le reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática. Los jueces han demandado a las autoridades de EE. UU. dar más garantías sobre cómo sería juzgado Assange en su territorio.
La Corte británica, mediante la resolución de los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson, concedió a la administración estadounidense un plazo tres semanas para que dé «garantías satisfactorias» de que Assange podrá alegar en su defensa la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., relativa a la protección de la libertad de expresión. Además, exigen garantías de que el fundador de Wikileaks no se verá afectado por razón de su nacionalidad, y que se le concederán las mismas protecciones que a un ciudadano estadounidense, y de que no se le impondrá la pena de muerte.
Washington reclama a Assange por 18 delitos de espionaje e intrusión informática —penados, según su defensa, con hasta 175 años de cárcel— por las informaciones publicadas en Wikileaks. El portal expuso entre 2010 y 2011 presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en los conflictos de Irak y Afganistán.
Julian Assange constituyó Wikileaks en 2006 con el objetivo de divulgar las injusticias de los gobiernos ántidemocráticos. En abril de 2010, la grabación de dos militares estadounidenses disparando desde su helicóptero Apache a un grupo de civiles desarmados en un barrio iraquí de Bagdad se volvió viral en Internet. El saldo del injustificado ataque fue de 12 personas asesinadas. Las torturas en la prisión de Guantánamo y la política exterior estadounidense también han sido objeto de sus denuncias.
Es absurdo e intolerable que quien denunció, con pruebas, crímenes de lesa humanidad, ahora es perseguido por los violadores de los derechos humanos, en aras de la denominada “seguridad nacional”, que no es otra cosa que el dictum de los opresores.
Los acusadores de Julian Assange han reconocido ante el magistrado que la Justicia estadounidense no tiene ningún mecanismo para impedir que el periodista australiano sea condenado a una pena de muerte. El delito de traición —uno de los 18 que EE. UU. le pretende imputar—, contemplado en la ley de Espionaje estadounidense, podría implicar la aplicación de la pena capital. La defensa del periodista australiano ha confirmado que pedirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos medidas cautelares para detener una posible extradición.
Clair Dobbin, en nombre de la Justicia de Washington, ha pedido al Tribunal Superior de Londres que desestime el recurso y dé luz verde a la entrega del periodista. EE. UU. alega que el proceso es legal porque los cargos que se le imputan no son políticos, sino «delitos penales basados en pruebas» recogidos en la normativa americana de Espionaje de 2017.
La salud de Assange se ha deteriorado después de casi 14 años de cautiverio en Inglaterra. El periodista fue detenido por primera vez en 2010, a petición de Suecia, por un caso espurio que ha quedado archivado. En 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, y obtuvo el estatuto de asilado político, pero en 2019 fue detenido por la Policía británica, una vez que Ecuador le retiró su estatus de asilado, y desde entonces ha estado preso, en una cárcel de máxima seguridad, sin haber sido condenado por ningún tribunal.
En Guatemala, el reconocido periodista Jose (Chepe) Zamora Marroquín se ha convertido en un preso político, ya que fue criminalizado por el Ministerio Público (MP) por publicar reportajes sobre la corrupción, principalmente del expresidente Alejandro Giammattei y de su amante, Miguel Martínez. Le abrieron seis casos espurios que el MP no ha podido sustentar, por lo que han sido desestimados progresivamente por Salas de Apelaciones. Ahora, el Tribunal de Alzada estableció que el proceso debe repetirse, pero el aparato judicial usa todas las medidas de dilación a su alcance.
Jose Zamora lleva más de 600 días preso en un cuartel militar, en condiciones infrahumanas, donde solamente se le permite tomar una hora de sol diaria. El tiempo detenido ya sobrepasó el plazo que la ley autoriza para la prisión preventiva sin sentencia, pero el MP y los tribunales utilizan el litigio malicioso para alargar su estadía en una bartolina militar, y romper su ejemplar resistencia.
Sin lugar a dudas su caso, que implicó el cierre del diario elPeriódico y el despido de su personal, así como la persecución penal de columnistas y abogados defensores, implica una persecución política dirigida a acallarlo a él y a toda la prensa independiente.
Zamora goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero sus derechos fundamentales son violados todos los días por una administración de justicia espuria, y un sistema penitenciario inquisitorio.
Quienes defendemos la libertad y la democracia sabemos que a través de la libertad de expresión se manifiestan las demás libertades políticas y los derechos primarios básicos, como el derecho a la vida, a la paz y la igualdad solidaria y fraternal entre los seres humanos. Por ello debemos acuerpar la lucha de Assange y Zamora por la libertad de prensa, y apoyar su heroica batalla contra los fraudes de ley y los tribunales espurios que pretenden callarlos.
Como señala Liu Xiaobo, defensor de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz en 2010, “La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad”.
