Ubicada en Asunción Mita, Jutiapa, la Mina Cerro Blanco es un proyecto fracasado, que violenta derechos sociales, y leyes ambientales y mineras, el cual en 16 años no ha sacado mineral de oro o plata, y no ha tributado ni un centavo al fisco, pero ha dejado un grave conflicto comunitario, y amenaza con contaminar fuentes de agua transfronterizas, y recién provocó la protesta de la Cancillería de El Salvador.
En el marco de corrupción administrativa que ha caracterizado a la institucionalidad del Estado, se impuso un venal modelo económico extractivista, promoviendo la actividad minera bajo un esquema de corrupción que, mediante sobornos y compra de voluntades, otorgó licencias ambientales, concesiones de bienes de dominio público y licencias mineras. Es en este contexto que, en 2007, la empresa Entremares S. A. logró la autorización de las licencias ambiental y de explotación del proyecto minero Cerro Blanco, el cual vendió a Gold Corp, empresa que finalmente traspasó los derechos mineros a la firma Bluestone, en 2019.
La empresa minera canadiense Bluestone es propiedad de la Familia Lundin, uno de cuyos miembros, Ian Lundin, enfrenta un proceso ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. La empresa Bluestone, en complicidad con el ejército de Sudán del Sur, masacro varias aldeas, para instalar un campo petrolero en aquél país africano.
Partiendo de un pésimo estudio de impacto ambiental, e ignorando las investigaciones y advertencias de expertos ambientales y mineros del más alto nivel, el proyecto Cerro Blanco, durante 16 años, solamente ha extraído agua geotermal, rica en arsénico y metales pesados, desequilibrando y contaminando la capa freática, el recurso hídrico y el caudal de la cuenca Ostúa-Guija–Lempa, con riesgo de provocar un conflicto binacional con El Salvador, al contaminar el Río Lempa, que abastece a 4 millones de salvadoreños.
La legislación minera otorga un plazo máximo de dos años a una empresa que cuente con licencia de explotación para extraer el material autorizado, bajo riesgo de ser cancelada. Sin embargo, los operadores de la corrupción en el Ministerio de Energía y Minas (MEM), mantuvieron vigente esta licencia, aduciendo que la mina estaba en “fase de mantenimiento”, violentando la ley.
Bluestone no pudo extraer mineral pues, en los túneles, se topó con fuentes de agua geotermal, de muy alta temperatura. Por esta razón, solicitó al MEM que le autorizara convertir el proyecto en una minera a cielo abierto, modalidad de explotación que utiliza millones de litros de agua y minerales tóxicos, como el arsénico, para separar el metal precioso de la grava y demás materiales.
Tal cambio de modalidad minera hubiera implicado realizar nuevos estudios de impacto ambiental, pero la empresa Bluestone se limitó a solicitar una “actualización” de tales estudios, figura que no existe en la legislación minera. Para complacer a los extractivistas, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió un Acuerdo Ministerial, que contempla la denominada “actualización”, a pesar de que contraviene preceptos constitucionales. En un acto de última hora, que huele a corrupción, el gobierno de Giammattei autorizó la “actualización” el 9 de enero pasado. El nuevo gobierno ya anunció que Cerro Blanco está en estudio y que no tiene licencia de explotación.
Tal corruptela está acorde a las ejecutorias del pacto de corruptos, tal como lo evidencia que los ex-ministros del MEM, Erick Archila y recientemente Alberto Pimentel, han sido señalados de cometer actos de corrupción, razón por la que se les ha incluido en la lista Engel y se les ha aplicado la Ley Magnitsky, por los Departamento de Estado y del Tesoro de los EE. UU.
El proyecto minero Cerro Blanco tampoco cuenta con la licencia social correspondiente pues, el 18 de septiembre de 2023, el soberano Pueblo de Asunción Mita llevó a cabo una Consulta Municipal de Vecinos, rechazando la minería metálica en su municipio. El asunto se terminó ventilando en la Corte de Constitucionalidad, órgano jurisdiccional que no pudo invalidar la Consulta Municipal, pero estableció que sus resultados son solamente indicativos para el tema minero, por ser un asunto de ámbito nacional. Esto contraviniendo el Código Municipal, que establece que, si se cumple con el debido proceso, los resultados sí son vinculantes.
En las últimas semanas, en el marco de una nueva coyuntura, la comunidad Miteca, con el apoyo de diputados del Partido VOS, ha podido posicionar el tema minero en la agenda nacional, logrando que los nuevos ministros del MARN y el MEM sean citados al Congreso, y se evidencie las irregularidades sin cuento que entraña la mina Cerro Blanco, cuya cancelación ya ha sido solicitada, precipitándose en un agujero negro.
El gobierno de Arévalo y Karin han anunciado que ya no renovarán la licencia de explotación de la petrolera Perenco, en El Petén, y que están considerando decretar una moratoria minera, tal como lo demandaron las Autoridades Ancestrales.
El debate sobre Cerro Blanco abrió la puerta para analizar la actividad minera y petrolera nacional que, en 2023, apenas dejó unos 60 millones de quetzales en regalías, proviniendo la mayoría de extracciones de areneras y materiales de construcción. Esto evidencia que, además de contaminar y llevarse nuestras riquezas, las mineras afectan el medio ambiente, destruyen nuestros recursos naturales y generan una gran conflictividad social, sin promover el desarrollo nacional.
Por todo lo anterior, las y los mitecos llevarán su caso ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y siguen gritando a voz en cuello: ¡Mita no se ahueva, ni se agüita!
