Tras más de cuarenta años de demandar justicia, gracias a los familiares de dos misioneros belgas asesinados y de un tercero desaparecido en Guatemala, en la década de los 80, el pasado lunes inició en Lovaina, Bélgica, el juicio por crímenes de lesa humanidad contra los religiosos. Los cinco sindicados son conocidos violadores de los Derechos Humanos (DD.HH.), que fungieron como ministros y oficiales del Ejército y de la Policía Nacional, en aquella época. Se trata de un juicio de extraordinaria importancia, que sentará relevantes precedentes legales y jurisprudencia en la justicia transicional.
El pasado 4 de diciembre se realizó la primera audiencia, en la que están acusados los generales Ángel Aníbal Guevara, exministro de la Defensa (prófugo); Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército; Manuel Antonio Callejas y Callejas, exjefe de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército (G2); Donaldo Álvarez Ruiz (prófugo), exministro de Gobernación y Pedro García Arredondo, exjefe del Comando Seis de la Policía Nacional.
Los militares y funcionarios enfrentan cargos por crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas y asesinato, en contra de tres sacerdotes belgas. El tribunal belga ha dado a los acusados todas las garantías que exige el debido proceso, a pesar de lo cual el juicio dio inicio sin la presencia de los acusados, pues algunos purgan condenas en Guatemala por delitos de guerra, y otros dos están prófugos. Algunos sujetos procesales participarán por videoconferencia.
La organización humanitaria Impunity Watch informó que el proceso judicial se realiza bajo la Ley sobre la Represión de Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario, contemplada en el artículo 136 del Código Penal belga. Esta normativa se aplica para quienes son víctimas de este tipo de delitos en cualquier parte del mundo.
En los años 80, estando Guatemala bajo la dictadura de Romeo Lucas García, los sacerdotes Walter Vordeckeres, Ward Capiu, y Serge Berten, fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. El misionero Paul Schildermans fue secuestrado, torturado y posteriormente liberado. Corresponde ahora, a la justicia belga, decidir si los acusados son responsables de los delitos de detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad.
Según las investigaciones del Tribunal belga, que llevaron más de 20 años, el sacerdote Walter Vordeckeres fue asesinado el 12 de mayo de 1980, frente a la parroquia de Santa Lucía Cotzumalguapa, en Escuintla; y Ward Capiu el 22 de octubre de 1981, en San Lucas, Sacatepéquez. El sacerdote Paul Schildermans fue detenido, de manera arbitraria, el 4 de enero de 1982, en la parroquia de Nueva Concepción, Escuintla; fue llevado a una cárcel clandestina en Mazatenango, en donde fue torturado. Finalmente fue liberado el 6 de enero de 1982.
Serge Berten fue detenido el 19 de enero de 1982, en la calzada San Juan de la ciudad de Guatemala. Se sabe que fue llevado a un centro clandestino de detención, en donde fue torturado y posteriormente asesinado. Su cuerpo continúa sin aparecer.
Durante el régimen de Lucas García, bajo la doctrina contrainsurgente, la Iglesia Católica fue considerada como parte del “enemigo interno”, y catalogada como subversiva, por lo que fue brutalmente reprimida.
El Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) califica el período de la dictadura luquista como uno de los más represivos de la historia de Guatemala, solamente superado por el régimen genocida de Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder mediante un Golpe de Estado, en marzo de 1982.
El juicio contra los violadores de los DD.HH. tiene un carácter excepcional, por razones legales e históricas. Es poco común que se enjuicie a victimarios cuarenta años después de la comisión de los ilícitos. Esto se debe a varias razones, entre las que destaca que se trata de crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben. Además, otra causal es la perseverancia de las familias de las víctimas, quienes no han cejado en su empeño de exigir verdad, justicia, reparación digna y garantías de no repetición.
En segundo lugar, este es el primer juicio en el extranjero en el que se prevé que podrá haber una sentencia, debido a la legislación belga y a la debida diligencia del fiscal. Otros casos en los que se iniciaron procesos judiciales, como en España, fueron desestimados, aduciendo tecnicismos procesales.
En Guatemala, los golpistas de hoy deberían verse en el espejo de los victimarios de ayer, y debieran entender que la justicia tarda pero no perdona.
