Ayer por la tarde, la Corte de Constitucionalidad (CC), resolviendo de oficio la debida ejecución de un amparo otorgado en 2020 al Ministerio Público (MP), ordenó al Congreso de la República que, antes del 15 de diciembre de 2023, debe elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Salas de Apelaciones, en ese orden, para completar el período que fenece en octubre de 2024.
Aparentando cumplir con el citado amparo, el Congreso incluyó en la agenda parlamentaria la elección más de 200 veces, y nunca logró elegir a los magistrados, porque los diputados rompían el quórum previo a llegar a ese punto en la sesión legislativa, por lo que en su nueva resolución la CC ordenó a los diputados “permanecer en las sesiones convocadas para el efecto”.
A sabiendas que el período ordinario de sesiones del Congreso termina el 30 de noviembre, la CC advirtió que de ser necesario debe declararse en sesión permanente y elegir a los nuevos magistrados antes del 15 de diciembre; si no cumplen, la Corte advirtió que certificará lo conducente en contra del Legislativo.
Los actuales magistrados de Salas de Apelaciones y de la CSJ debieron entregar el cargo en octubre de 2020 pero, al no estar electos sus sustitutos, la misma CC les facultó continuar en funciones, con las conocidas e indeseables consecuencias para la Justicia.
Los nuevos magistrados ejercerán durante un período efectivo de aproximadamente diez meses y, lamentablemente, tendrán que ser electos por el Congreso de la nómina que presentó la Comisión de Postulación en 2020, la cual fue sindicada por Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), como producto de las negociaciones espurias, dirigidas por Gustavo Alejos, exsecretario de la Presidencia de Álvaro Colom.
Sandoval y la anterior FECI presentaron un caso consistente y bien documentado que, hasta la fecha, fue archivado. Pretendiendo ignorar el manoseo de la Comisión de Postulación en 2020, la CC estableció en su fallo que: “Los diputados deben observar lo ordenado por esta Corte, en cuanto a elegir a los profesionales más capaces e idóneos, debiendo descartar, al votar, a quien no cumpla alguno de los parámetros constitucionales establecidos”.
Por todo lo anterior, sostenemos que la vieja política dominará a los nuevos magistrados, pues los actuales diputados del pacto de corruptos escogerán lo peor de un listado cuestionado y carente de legitimidad.
Ayer mismo, durante un pleno extraordinario de magistrados, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió dar trámite al retiro de inmunidad que presentó el Ministerio Público contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por supuestas anomalías en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), sindicándolos por la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
Ahora, en el marco de una inédita crisis electoral, la CSJ pasa al Congreso de la República los antejuicios contra los magistrados del TSE.
Las citadas resoluciones de las dos más altas Cortes del país, reflejan que está en curso un reacomodo de fuerzas en el seno del pacto de corruptos, cuyo desenlace aún no es previsible, pero que evidentemente busca seguir afectando la alternancia del poder.
Previsiblemente, la resolución de la CC busca asegurar el régimen de impunidad que el actual Organismo Judicial garantiza al pacto de corruptos, apalancado por un Congreso venal, donde ya están establecidos los mecanismos de presión, los alineamientos politiqueros y el precio de los votos, sin arriesgarse a algún revés con la nueva legislatura en 2024.
Por su parte, a la CSJ le encargaron darle un escarmiento a los Magistrados del TSE, por no haberse alineado totalmente con el pacto de corruptos y, de paso, utilizar el proceso de compra del TREP para desacreditar el proceso electoral, insinuando que hubo fraude, lo cual no es posible, pues el programa informático solamente transmite lo que funcionarios electorales y fiscales de partidos consignan en la actas escritas. El propósito es sembrar dudas.
Otro objetivo plausible, en ambos casos, es desviar el encono ciudadano contra el MP, convertido en una cruzada nacional, para trasladar el foco de atención política al Congreso que, además de estos casos, deberá aprobar el presupuesto 2024 y el antejuicio contra el vicepresidente Guillermo Castillo, buscando sustituirlo por el oficialista Manuel Conde Orellana, convirtiéndolo nuevamente en un actor para insistir en el manido intento de Golpe de Estado Técnico, que no cuaja, pero sí desgasta.
Es evidente que el pacto criminal busca, desesperadamente, salidas al veredicto ciudadano expresado en las urnas, que designó a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera como los nuevos mandatarios del país.
Ante estas maniobras leguleyas, el movimiento ciudadano encabezado por las Autoridades Ancestrales Indígenas, deberá ampliar su visión y propósito, impidiendo que se consume un nuevo atentado contra la democracia.
En este esfuerzo por recuperar la democracia y la justicia, debemos recordar el aserto del literato León Tolstoi: “Un Estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores”.
