Encabezada por las autoridades ancestrales de los Pueblos indígenas, la ciudadanía guatemalteca consciente salió a las calles a enfrentar el golpe de Estado, protagonizando decenas de paros carreteros, bloqueando los accesos a puerto Quetzal, y manteniendo plantones frente a las sedes del Ministerio Público (MP) en varios departamentos, así como ante el Palacio Legislativo. Sus demandas son concretas: exigen la renuncia de la Fiscal General, la del Fiscal Rafael Curruchiche, la del Juez Fredy Orellana, la del Procurador de las Derechos Humanos, así como el retiro de dos leyes en discusión legislativa, que consideran lesivas al patrimonio natural y social de la nación.
Por segundo día consecutivo, ayer martes 3 de octubre, las autoridades viales (COVIAL) reportaron 23 cortes carreteros en los cuatro puntos cardinales del país, y el principal puerto del océano Pacífico, por lo que es previsible que haya escasez de combustibles, pues los manifestantes anunciaron que mantendrán sus protestas hasta que sus demandas sean cumplidas. Además, anunciaron bloqueos en el Aeropuerto Internacional La Aurora y en varios pasos fronterizos.
Como hemos evidenciado en esta columna, junto a las de otros colegas, en Guatemala hay un golpe de Estado en curso, y el régimen constitucional de Derecho ha sido fracturado por el MP, contraviniendo la Carta Magna y la Ley Electoral de Partidos Políticos (LEPP), que claramente establecen que la jurisdicción electoral compete al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que un juez ordinario no puede ordenar allanamientos, secuestro de las actas comiciales, persecución penal de funcionarios electorales, ni la supresión del partido Movimiento Semilla, en el marco de un proceso electoral que aún no finaliza.
Por todos estos atropellos y abusos de autoridad, el TSE interpuso un recurso ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que este órgano jurisdiccional determine si el MP tiene competencia para actuar en el ámbito electoral, como lo ha estado haciendo.
Lamentablemente, la CC le da largas al asunto y no resuelve sobre la competencia electoral del MP, manifestando una injustificada dilación, que raya en la complicidad. Por ello, casi todas las cámaras empresariales y las Misiones de Observación Electoral presentes en el país han instado a la CC para que resuelva este recurso, y frene los fraudes de ley que impulsa el MP de manera creciente, con la anuencia del presidente Giammattei, quien guarda silencio cómplice, alegando respeto a la independencia de poderes.
Durante el último allanamiento del MP al TSE, llegaron con lujo de fuerza, en vehículos con las placas tapadas o sin ellas, y los agentes fiscales se presentaron con las caras cubiertas, agrediendo verbal y físicamente al personal electoral, y a empujones secuestraron las cajas con las actas que consignan los resultados de los cinco tipos de elecciones de la Primera Vuelta Electoral. Como producto del forcejeo, una magistrada del TSE fue lanzada al piso sin ningún respeto a su investidura.
En una conferencia de prensa del TSE, con la presencia de Bernardo Arévalo, quien llegó a patentizar su respaldo y solidaridad, el magistrado Mynor Custodio Franco, dejando de lado el lenguaje jurídico, denunció que el órgano electoral sufrió un asalto de parte de una banda de delincuentes, con apariencia de legalidad.“Cuando vienen con los rostros cubiertos, con lentes oscuros, en la noche, a las 6 de la mañana, dice uno, esto qué es, es una autoridad o son delincuentes los que están acá. Cuando vienen con vehículos sin placas, cuando vienen con vehículos con placas tapadas dice uno, son autoridad o qué son, se me viene a la mente los años 80, cuando se hablaba de aquella temible policía judicial que andaba exactamente así, con vehículos sin placas, con las placas cubiertas y que secuestraban y desaparecían a los seres humanos, a los líderes, a periodistas a profesores, universitarios a estudiantes, a la clase dirigente”, expresó Custodio Franco.
Por todo lo anterior, el presidente electo Bernardo Arévalo, de gira por Estados Unidos, afirmó que los recientes cateos que efectuó el Ministerio Público (MP) en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) son parte de un “golpe de Estado en cámara lenta” y representa “una grave alteración del orden constitucional”. Sostuvo que esta crisis institucional “debe ser examinada por la Organización de Estados Americanos (OEA) de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”. Este instrumento ha sido suscrito y ratificado por Guatemala.
El Artículo 20 de la Carta Democrática postula que “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.
En su alocución, el presidente electo, Bernardo Arévalo, sostuvo: “Nosotros y el pueblo guatemalteco en general no creemos que los fiscales actúan por propia iniciativa. Lamentable es verdad que Guatemala no tiene separación de poderes. Y si bien esta ha sido una tendencia durante más de una década, ha empeorado mucho bajo la administración actual. El Ministerio Público, que está a cargo del procesamiento penal y el Poder Judicial, junto con gran parte del Congreso actual, están sujetos a la autoridad presidencial. Todas las acciones recientes del Ministerio Público se basan en un terreno legal inestable o son completamente inconstitucionales”.
Reitero que vivimos una ruptura constitucional, “un golpe de Estado en cámara lenta”, sostiene Arévalo, situación que el Pueblo tiene claro, por lo que se ha lanzado a las calles, carreteras y parajes a ejercer su legítima resistencia, para rescatar y hacer efectiva una auténtica democracia multicultural, con equidad, justicia social e inclusión.
