A Claudia González Orellana, valiente abogada y ciudadana ejemplar.
Nunca un proceso electoral, como el actual, fue sometido a una rebatiña legaloide que acusa una interpretación abusiva de la ley, tal como calificó la OEA las arbitrariedades del Ministerio Público (MP), sembrando incertidumbre entre la ciudadanía, erosionando la institucionalidad republicana y pretendiendo anular la voluntad soberana del Pueblo, expresada en las urnas, la cual prevalecerá a pesar de las guizachadas y arbitrariedades judiciales de esbirros tribunalicios y cagatintas de tercera.
El pasado lunes por la noche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los resultados del balotaje, con lo cual la elección de Bernardo Arévalo y Karin Herrera quedó firme y, salvo un golpe de Estado técnico, nada ni nadie podrá impedir que tomen posesión como presidente y vicepresidenta, el 14 de enero de 2024, como mandata la Constitución.
Sin embargo, horas antes, el Registrador Electoral suspendió provisionalmente al partido Movimiento Semilla, acatando la resolución del juez Nery Orellana, dijo, aduciendo que el 28 de agosto finalizaba el proceso electoral, con la adjudicación de cargos al binomio presidencial. Tal aseveración fue corregida por la Magistrada Presidenta del TSE, un par de horas después, aclarando que, tal como se estableció en la convocatoria a elecciones, el proceso eleccionario termina el 31 de octubre, para dar tiempo a resolver todas las impugnaciones que se presenten.
El pasado mes de julio, Ramiro Muñoz, Registrador Electoral, presentó una acción de amparo en el Organismo Judicial (OJ) en contra de la resolución que fue emitida por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, que le ordenaba la cancelación del Movimiento Semilla. Sin embargo, no le fue otorgada la protección, puesto que la Corte de Constitucionalidad (CC) ya había amparado provisionalmente al partido, según la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones.
Muñoz no acató la resolución del Juez Nery Orellana, amparado en el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), la cual establece que, iniciadas las elecciones, ningún partido puede ser suspendido. En respuesta, el fiscal Curruchiche le lanzo una intensa persecución penal, que obligó al Registrador a solicitar vacaciones, previendo que lo privaran del derecho de antejuicio, que el cargo le otorga, y luego lo capturaran y procesaran arbitrariamente.
La pregunta obligada es: ¿por qué ahora sí acató la orden de suspensión temporal de Semilla, y cometió un error garrafal, o intencional, al confundir la fecha de finalización de las elecciones? En mi opinión, podría tratarse de una jugada legal, para que ya no se le pueda acusar de desacato, y servirle en bandeja de plata a Semilla un argumento irrebatible para presentar un recurso de nulidad, tal como sucedió ayer martes.
Como hemos sostenido reiteradamente en esta columna, ni la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Impunidad (FECI), ni el juez Orellana, tienen competencia legal para promover la suspensión provisional o definitiva del Movimiento Semilla, potestad que la LEPP, norma de rango constitucional, le otorga al TSE. Por ello, es previsible que dicho órgano jurisdiccional resuelva con lugar el recurso de nulidad del Movimiento Semilla, propinándole un nuevo revés al pacto de corruptos.
En el improbable caso que Semilla fuera suspendido como instituto político, ni el binomio presidencial, ni los diputados electos podrían ser despojados de sus cargos.
Junto a múltiples expresiones ciudadanas adversas, la Secretaría General de la OEA denunció, el pasado lunes, que la suspensión provisional del Movimiento Semilla no tiene «fundamento alguno ni motivo debidamente demostrado» y ha advertido que viola principios constitucionales y normas internacionales.
Ayer, el presidente Giammattei aseguró que el traspaso de mando está garantizado, estableció que el 4 de septiembre dará inicio a un proceso de transición ordenado e integral, y que le solicitará al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que esté presente en esa primera reunión como garante.
Mientras Giammattei plantea estas presuntas garantías, sus operadores políticos en el MP, sindicados de agentes corruptos y antidemocráticos por el gobierno de EE. UU. presionan para la suspensión del Movimiento Semilla, y la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones denegó un amparo con el que Bernardo Arévalo y Karin Herrera pretendían frenar la orden del juez Fredy Orellana de suspender al partido, a solicitud de la FECI.
Se trata de un baile de máscaras, una literal mascarada, en el que los cuadros del pacto de corruptos dicen una cosa y actúan en sentido contrario. Hay que tener claro, de una buena vez, que el pacto criminal ha roto el Estado de derecho, violenta las garantías constitucionales, y hace del aparato de justicia un instrumento de persecución penal espuria a las y los ciudadanos probos.
Particular atención merece la arbitraria detención de la valiente abogada Claudia González Orellana, exmandataria de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y abogada del exjefe de FECI, Juan Francisco Sandoval, señalada del delito de abuso de autoridad, aunque según asegura, dicho tipo penal no puede ser aplicable a su persona, pues nunca ha sido funcionaria pública. González tiene a su cargo la defensa de más de cien casos de personas criminalizadas por el MP. Su detención busca obstaculizar la defensa de los opositores, e intimidar a sus abogados defensores.
Otro revés para el pacto de corruptos fue la denegatoria del amparo presentado por Consuelo Porras, contra el presidente, el ministro de gobernación y el director de la Policía Nacional Civil, por no actuar contra y reprimir a los ciudadanos y periodistas que han pedido su renuncia, y convocan a plantones frente al MP. Tal amparo buscaba acallar el ejercicio de la libertad de expresión y evidencia la intolerancia de la funcionaria.
Ante todos estos hechos, el Consejo Permanente de la OEA celebrará una sesión extraordinaria el jueves 31 de agosto, para considerar “la situación en Guatemala”. Esto en respuesta a las peticiones de las misiones de Chile, Colombia, Antigua y Barbuda, Estados Unidos, Canadá y Consta Rica.
Por su parte, “La Unión Europea hace un llamamiento a todos los partidos políticos, poderes del gobierno e instituciones guatemaltecas para que respeten plenamente la integridad del proceso electoral y sus resultados, tal como lo expresaron claramente los ciudadanos guatemaltecos en las urnas”. Por las arbitrariedades expuestas, Guatemala se aísla en el concierto de las naciones, adquiriendo el estatuto de país paria.
Con el apoyo de la comunidad internacional, la ciudadanía, hombres y mujeres, debemos salir a las calles a defender la democracia, pues ya no es posible confiar en las Cortes, ni apelar al Estado de derecho. Como en 1944, solo con la masiva participación social, la voluntad soberana del Pueblo de Guatemala prevalecerá. 30 de agosto de 2023.
