A los dignos cadetes que, el 2 de agosto de 1954, se rebelaron en defensa del gobierno constitucional de Jacobo Árbenz Guzmán, ante una agresión extranjera.
La irrupción inesperada de una fuerza ciudadana anti sistema electoral, que privilegió el voto nulo y en blanco (24%), dio al traste a las encuestas, a los análisis políticos y, particularmente, al esquema comicial que el pacto de corruptos fraguó durante varios años, para asegurarse el poder político del Estado y la impunidad absoluta para sus actores.
Otro fenómeno, igualmente inesperado y amenazante, fue el masivo respaldo electoral al partido Semilla, catapultándolo al segundo lugar de la contienda con un 11.8%, por lo que contenderá en la segunda vuelta contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido que ha perdido el balotaje en las dos últimas elecciones, gracias al anti voto contra Sandra Torres.
Desesperado ante esta adversa realidad político-electoral, el pacto de corruptos ha improvisado un plan de contingencia, en alianza con el Ministerio Público y las altas Cortes, basado en la criminalización del Movimiento Semilla, de buena parte del personal del Tribunal Supremo Electoral, de la prensa independiente, y de los operadores de justicia y ciudadanos que defendemos el Estado Democrático de Derecho.
Se trata de una burda maniobra que busca aplicar el Derecho Penal del Enemigo, sistematizado por el jurista alemán Günther Jakobs, consistente en la idea de que alguien puede ser castigado, sin haber cometido algún delito, utilizando como medio de justificación la pretendida peligrosidad del perseguido. Es una forma de negar, de manera parcial o total, los derechos procesales y sustantivos que corresponden a todo ciudadano.
Es en ese contexto que el Ministerio Público (MP) ha abierto procesos penales contra una docena de miembros del Movimiento Semilla y pretende cancelarlo como partido, investiga a más de trece (13) integrantes del personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y amenaza con investigar a los cientos de digitadores de los datos electorales, y a los miles de ciudadanos que de manera voluntaria integraron la Juntas Receptoras de Votos, y las Juntas Electorales Municipales y Departamentales. El poder que perdieron en las urnas lo quieren recuperar en tribunales venales.
Según Günther Jakobs, el Derecho Penal del Enemigo es una legislación de tipo bélica más que jurídica, que regula el trato con aquellos sujetos que no pueden ser considerados ciudadanos por representar un peligro físico y/o normativo para el Estado y la sociedad.
Sin embargo, en el caso de Guatemala, los ciudadanos, las organizaciones y los partidos democráticos somos considerados no-personas, sujetos carentes de plenos derechos, por constituir una amenaza para el Estado cooptado que, apartado de la justicia y el sistema de garantías, asegura privilegios, corruptelas e impunidad al pacto de corruptos.
Es por ello que funcionarios venales como Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, señalados como corruptos y antidemocráticos en la Lista Engels, persiguen penalmente a operadores de justicia probos, de la talla de Miguel Ángel Gálvez, Erika Aifán o Virginia Laparra, y a periodistas connotados como Chepe Zamora.
Sindicados de corruptos y antidemocráticos por EE. UU. en la citada Lista Engels, también aparecen fiscales, jueces, magistrados, ministros, diputados y hasta la Presidenta del Organismo Legislativo. En este mundo al revés, los patos les tiran a las escopetas, y conducirse con probidad y transparencia es considerado una conducta que amenaza la estabilidad de instituciones y políticas públicas oprobiosas, donde el erario público y la justicia están al servicio del pacto de corruptos.
Es en el anterior contexto que La Hora, en su editorial de ayer, acertadamente asentó que “hay que llamar a las cosas por su nombre y lo que se está haciendo desde los entes a cargo de la investigación criminal, al emprender acciones contra los digitadores del proceso electoral y quienes conformaron las Juntas Electorales de los distritos más poblados es, absolutamente, terrorismo judicial”. Agrega el editorial del Vespertino: “El terrorismo es la dominación que se ejerce sobre la base del terror mediante la sucesión de actos que pretenden provocar miedo extremo entre la gente para someterla a alguna clase de dominio”.
En este contexto, se informó que la inspectoría general del TSE abrió una investigación por “campaña negra” de las vallas publicitarias que la Fundación contra el Terrorismo colocó contra el partido Movimiento Semilla.
Todas las medidas de criminalización penal que el pacto de corruptos impulsa de manera espuria, tienen como finalidad entorpecer la Segunda Vuelta Electoral, sembrando terror entre el electorado, intimidando al personal electoral que valientemente defendió los resultados el 25 de junio, crear una maraña de procesos judiciales e instalar en la psique social un relato de fraude para que el Movimiento Semilla no gane, o se le impida tomar posesión.
El golpe de Estado Técnico sigue instalado, aunque el Gobierno de Guatemala informó que, durante la reunión de ayer martes 1 de agosto, con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el presidente Alejandro Giammattei le reafirmó el compromiso del Organismo Ejecutivo para la celebración de la Segunda Vuelta Electoral.
Sin embargo, tanto la Misión de Observación de la OEA, como el Consejo Permanente de ese órgano hemisférico, han condenado la interferencia del MP en el proceso electoral en curso.
Los hechos están demostrando que solamente una masiva participación ciudadana, antes, durante y después de las elecciones del 20 de agosto, garantizará que la voluntad soberana del Pueblo de Guatemala se respete.
