La opción preferida de casi un millón de ciudadanos, que acudió a las urnas el 25 de junio, fue la del voto nulo, que con un 17.4% superó incluso los resultados de Sandra Torres, la candidata que obtuvo el primer lugar. Junto al 7% de votos en blanco, se trata de una clara muestra de rechazo al sistema político actual y a un hartazgo generalizado ante las opciones electorales que están vinculadas a la corrupción, a la impunidad y carecen de credibilidad.
El respaldo mayoritario a esta opción se trata de un acto político que pretende enviar un mensaje de hartazgo y rechazo a un sistema de partidos políticos que ha sido la cuna de las prácticas corruptas, que permitieron la cooptación del Estado y la desnaturalización de la democracia guatemalteca.
Esta desconfianza ciudadana al fenómeno electoral también podría explicar las razones por las cuales el 40% de los ciudadanos empadronados no fue a votar.
Otro fenómeno, igualmente inesperado, fue el masivo respaldo electoral al partido Semilla, catapultándolo al segundo lugar de la contienda con un 11.8%, por lo que podrá contender en la segunda vuelta contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido que ha perdido el balotaje en las dos últimas elecciones, gracias al anti voto contra Sandra Torres.
Esta realidad político-electoral tomó por sorpresa al Pacto de Corruptos y a sus partidos políticos, quienes han iniciado una serie de acciones legaloides que vulneran el poder soberano expresado en las urnas. Nueve de esos partidos políticos presentaron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), argumentando “que concurrieron distintos vicios, específicamente, en el conteo de votos y la elaboración de actas, los que ponen en riesgo la voluntad del electorado”, se consigna en los antecedentes de la resolución del más alto tribunal constitucional.
Según la CC, “los amparistas acompañaron para el efecto, como medios de comprobación, copias de documentos que reproducen actas correspondientes a distintas Juntas Receptoras de Votos (JRV), del proceso electoral donde estiman existen anomalías”.
Sin embargo, como se ha podido comprobar mediante el cotejo electrónico del 98.99% de las actas, realizado por el Foro Guatemala, “las variaciones entre la digitación de este ejercicio de observación cívica y los publicados desde el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en relación al total de votos digitados, varían en un máximo del 0.056%», o sea, cinco centésimas porcentuales, variación que no puede alterar resultados.
Por lo anterior concluyen en que «los resultados concuerdan con los resultados preliminares publicados en el TREP y se confirma que no cambia el orden de los resultados de ninguna de las agrupaciones políticas».
La revisión fue realizada por las organizaciones Guatemala Visible, Primero Guatemala, la Conferencia Episcopal, la Universidad Rafael Landívar, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Jóvenes por Guatemala, Organismo Naleb’, Asorema y Fundación Libertad y Desarrollo, que integran el Foro Guatemala, una iniciativa plural, con posiciones políticas de diferentes tendencias.
Lo más grave es que los abogados de los partidos políticos sabían que la acción de amparo debió presentarse ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero acudieron ante la CC porque, evidentemente ya tenían arreglado el tamal.
En su resolución la CC “advierte que, con base en la literal a) del artículo 12 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, la que debe conocer de este amparo, por lo que deberán remitirse las actuaciones a ese órgano jurisdiccional para que continúe con el trámite de la garantía constitucional instada, como se hará en la parte resolutiva del presente auto”.
Sin embargo, como la ley permite que el tribunal que recibe el amparo pueda conocerlo preventivamente para que los amparistas no queden sin protección, la CC le dio trámite y emitió una resolución que vulnera el poder soberano expresado en las urnas. Entre otras cuestiones, ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspenda la oficialización y adjudicación de cargos, y convoque a nueva audiencia de revisión de escrutinios, a pesar que la realizada contó con la presencia de todos los partidos políticos, se hagan las revisiones del caso, y se enmienden los resultados si corresponde. Además, los fiscales de los amparistas no impugnaron los resultados ni en las JRV ni en las Juntas Electorales Municipales, y los plazos que otorga la ley para la revisión ya habían fenecido.
Además, en esta elección la tecnología digital adoptada le proporciona una defensa a la ciudadanía con la que antes no se contaba: todas estas acciones ahora quedan electrónicamente registradas y, al fiscalizar, se puede detectar dónde hubo anomalías, cuáles mesas no cuadran, quiénes son los responsables materiales, permitiendo deducirles las responsabilidades penales correspondientes.
Esta resolución de la CC vulneró la credibilidad y las funciones de las JRV, las que desde 1986 han sido el órgano fundamental para garantizar la transparencia, legalidad y legitimidad de los comicios.
Ayer, martes 4 de julio, en el Parque de la Industria se inició la revisión de escrutinios, y fue quedando claro que los argumentos de los amparistas carecían de fundamento. El cotejo electrónico de las actas, realizado por el Foro Guatemala, y el que realizaron varios partidos quejosos, demostró que no hubo fraude.
Lo anterior provocó que ayer por la noche, representantes de dos de los partidos que presentaron el amparo, Azul y Cabal, reconocieran públicamente que no hay anomalías significativas y llamaron a reconocer los resultados: la UNE y Semilla son los partidos que deberán contender en la Segunda Vuelta Electoral.
Contra la resolución de la CC se han pronunciado la Unión Europea, la OEA, el Departamento de Estado de EE.UU., la Conferencia Episcopal, la Convergencia por la Resistencia Nacional, organizaciones de mujeres, de campesinos, 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá, y otras organizaciones indígenas que han anunciado paros y acciones de calle para defender la libre determinación del pueblo de Guatemala.
Esta judicialización de la política electoral demuestra que el Pacto de Corruptos está dispuesto a utilizar todas las medidas legales, económicas, políticas y represivas para mantener el poder ilegítimo que ostentan, el cual les asegura corrupción e impunidad.
Hay que defender el voto en todas las instancias, y como advirtió la Conferencia Episcopal: en las elecciones quien decide es el Pueblo, no las Cortes.
