Los escasos, pero importantes avances democráticos logrados en los últimos 25 años han sido revertidos por el Pacto de Corruptos, mediante la cooptación de todas las instituciones de la república. El efecto de tal involución es que quienes salgan electos en los próximos comicios carecerán de suficiente legalidad y legitimidad para gobernar democráticamente y, previsiblemente, ejercerán el poder amparados en las fuerzas de seguridad del Estado, dando lugar a un Estado fallido, represivo y de corte policial.
En anteriores artículos analicé las enormes carencias del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de los partidos políticos, de una ciudadanía atemorizada, y de los tribunales de justicia que están resolviendo, arbitrariamente, la judicialización de las elecciones.
Estos hechos han provocado que la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) manifestara, el 23 de mayo pasado, su preocupación por el proceso electoral en curso, el cual, en su opinión, acusa “irregularidades” y una “creciente judicialización”, que puede derivar en la pérdida total de integridad y legitimidad de la “frágil” democracia guatemalteca.
Los partidos políticos, candidatos y periodistas que hemos denunciado esta situación, hemos sufrido exclusión, marginamiento o criminalización. El objetivo de estos hechos represivos es acallar la legítima denuncia, política o periodística, para imponer a los y las candidatas aprobadas por los poderes fácticos, mediante un fraude de ley, sacando de las elecciones a contendientes independientes o progresistas.
La maniobra, preparada con mucha antelación, incluye la cooptación de instituciones y tribunales, así como el control de los programas computacionales para el conteo de votos, y la alianza con iglesias pentecostales, en cuyos templos están juramentando a las Juntas Electorales municipales y departamentales. Esta operación política electorera cuenta con fondos ilimitados, provenientes del saqueo de las arcas públicas, y de los aportes de la oligarquía y del crimen organizado. Todas estas fuerzas antidemocráticas coinciden en el propósito de mantener el control del poder político, saquear las arcas públicas y garantizarse impunidad, asegurándose que ¡nunca más! Habrá una CICIG en Guatemala.
Ante estos desmanes, por medio de un comunicado, la MOE-Gt señaló que el proceso ha acentuado la disfuncionalidad de los entes encargados de garantizar el Estado de Derecho, defender el ejercicio de las libertades ciudadanas y atender las necesidades que permiten el funcionamiento eficaz y eficiente de la sociedad.
Miguel Martínez, uno de los principales operadores políticos del Pacto de Corruptos, ha estado recorriendo el país desde hace más de un año, para establecer acuerdos con más de 200 alcaldes que buscan su reelección, ofreciéndoles financiamiento electoral espurio, obras públicas para el siguiente año y apoyo político de todo tipo, como obtener un finiquito de la Contraloría General de Cuentas, exoneración en un juicio de cuentas o frenar una investigación del Ministerio Público por obras financiadas pero no iniciadas. Esta es la estructura de poder local que garantizará la imposición electoral, aunque los candidatos no pertenezcan al partido oficial. Por ello, la canción favorita de Miguelito es el corrido “Jefe de Jefes”, de los Tigres del Norte, porque él decide, hace y deshace, sin que le importen las limitaciones legales o éticas.
Este obscuro panorama, que cierra las posibilidades a la ciudadanía para resolver civilizadamente sus controversias políticas, es fuente de conflicto. El TSE ha identificado 47 municipios con el mayor riesgo de conflictividad electoral, en los departamentos de Alta Verapaz, El Progreso, Guatemala, Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Petén, Quiché, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez y Zacapa.
Este trágico panorama electoral, donde hay libertad para votar pero no para elegir, es el producto de una ciudadanía sin formación democrática, sumida en la pobreza y el hambre, que salió de la guerra para caer en manos del Pacto de Corruptos, la manipulación política y la demagogia electoral. Uno de cada cinco ciudadanos empadronados es analfabeta, realidad que refleja la falta de criterio para elegir.
El TSE reportó más de 9.3 millones de ciudadanos inscritos para votar, padrón que deberá ser depurado, y en el cual no se quisieron empadronar dos millones de jóvenes, en edad de votar y con Documento Personal de Identificación, porque seguramente no ven que este corrupto sistema político les aporte un mejor futuro.
Conociendo este estercolero, los partidos progresistas, que no superan el 5% de la intención de voto (Cid-Gallup), mantuvieron su participación, sin considerar que, al formar parte del elenco de esta parodia de democracia, contribuyen a validarla.
En el marco de esta falsía electoral todo está listo y legalizado para que la candidata designada tome posesión, a la buena o a la mala; lo único que falta es la simulación comicial, que permitirá la imposición, ignorando las Misiones de Observación, la ley, la opinión pública internacional, o las solicitudes de extradición.
En este contexto, la MOE-Gt afirmó que resulta redundante hablar de la crisis política que atraviesa Guatemala, porque hay “evidencias abundantes” de que “las instituciones erigidas para defender a la ciudadanía se han constituido en una amenaza para ella”.
La democracia no se limita al sufragio, constituye un conjunto de principios, valores, instituciones, normas y prácticas que hacen efectivo el concepto de gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Es este andamiaje político, legal y cultural el que agoniza, y sucumbirá a menos que la ciudadanía, como Lázaro, se levante de su tumba política y se eche a andar, para construir el futuro luminoso y democrático que Guatemala se merece.
