A Camilo García, joven universitario, defensor de la verdad
Víctor Ferrigno F.
Ayer, 31 de enero, se conmemoró el 43 aniversario de un hecho que, fugaz y violentamente, fundió los afanes democráticos de guatemaltecos y españoles: la masacre de la Embajada de España, en 1980.
Para esa fecha, los españoles tenían apenas cuatro años de haberse liberado de la dictadura franquista, mientras que los guatemaltecos aún sufríamos la tiranía de Romeo Lucas. Los hechos, aunque extensamente conocidos, han sido permanentemente tergiversados. La ocupación pacífica de la Embajada por campesinos, indígenas, obreros y estudiantes, no tuvo más propósito que el de exigir que se integrara una Comisión Independiente para que investigara las masacres del Ejército en el Quiché.
La respuesta del gobierno luquista fue invadir territorio español y quemar vivos a casi todos los ocupantes, a pesar de que el embajador Máximo Cajal y el canciller Marcelino Oreja, demandaron el respeto a la extraterritorialidad de la legación diplomática.
Esta columna lleva por título el texto de la placa de bronce que colocamos fuera de la Embajada, para reivindicar nuestra memoria histórica. En su informe la CEH aclaró los hechos y estableció que se trató de un crimen del gobierno de Lucas García. Reconociendo tal responsabilidad, el canciller Eduardo Stein tuvo la entereza de pedir perdón a la nación española por tan execrable matanza.
La masacre nos golpeó brutalmente, pero no nos desmovilizó, pues dos días más tarde, el 2 de febrero, más de treinta mil ciudadanos rompimos el cerco militar y policial y le dimos a los mártires la más digna sepultura.
En el sepelio, los estudiantes Jesús España, Gustavo Hernández y yo fuimos ametrallados por Pedro García Arredondo, Jesús Valiente Téllez y sus esbirros. Los dos compañeros murieron, pero yo sobreviví para reivindicar su ejemplo y contribuir a la condena de 90 años al Jefe del Comando Seis, logrando que se hiciera justicia, aunque fuera 35 años después.
La rabia se desvaneció porque hubo justicia; en un juicio con todas las garantías del debido proceso, se demostró cómo el Estado de Guatemala, y sus agentes represivos, con el apoyo de la oligarquía, promovieron brutales crímenes de lesa humanidad, como quemar vivos a los ocupantes de la Embajada de España y al personal de la legación.
Hubo verdad y justicia, pero no hubo reparación ni garantías de no repetición. Eso provocó que, décadas después, durante el gobierno de Jimmy Morales, 41 niñas fueran abrasadas vivas en el estatal “Hogar Inseguro Virgen de la Asunción”, crimen por el que el comediante debe responder, siendo un litigio que aún no tiene sentencia.
Por eso, quienes nos oprimen pretenden ocultar o tergiversar nuestra memoria colectiva, para enajenarnos y dominarnos con mayor facilidad. Esclarecer hechos como la masacre de la Embajada de España es sano, permite desentrañar la verdad histórica y demandar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Hacerlo bien es la única salvaguardia para evitar que vuelvan a suceder hechos tan dolorosos, para impedir que el Estado sea instrumento de muerte, en lugar de ser garante de vida, de paz y de desarrollo.
El Estado ya ha reconocido su responsabilidad en la masacre. Primero, cuando el Canciller de la República pidió perdón por la masacre al pueblo y al gobierno español, después de la firma de la paz. Luego, cuando el Congreso emitió el Punto Resolutivo 6-98, estableciendo en su tercer considerando “Que en el año de 1980, un grupo de campesinos hizo suyos los sufrimientos, necesidades y peticiones de la inmensa mayoría guatemalteca que se debate entre la pobreza y pobreza extrema, al tomar la embajada de España con el único fin de que el mundo conociera su situación”. Además, resolvió que “los ocupantes dieron su vida por encontrar el camino para un mejor futuro y alcanzar la paz firme y duradera”.
Después de la firma de la paz, se impuso la dictadura del gran capital, que utilizó todos sus medios de comunicación para dar una batalla por la verdad histórica. Durante décadas, los mártires, los auténticos patriotas, las víctimas de la ignominia castrense y financiera fueron tildados de subversivos y terroristas, hasta que logramos sentar a los victimarios en el banquillo de los acusados y demostrar su culpabilidad.
Finalmente, durante el juicio en 2014, demostramos con testimonios, y pruebas documentales y científicas de todo tipo, cómo la orden de “que ninguno salga vivo de allí”, provino del más alto mando represor del Estado: Lucas García, Donaldo Álvarez y German Chupina. Álvarez está prófugo, y los otros dos están muertos. Por eso solamente se pudo enjuiciar al ejecutor, Pedro García Arredondo, Jefe del Comando Seis, condenado a 90 años de prisión.
Este año, honramos la memoria de nuestros héroes y mártires en un clima de incertidumbre y obscuridad, pues el crimen organizado ha cooptado la institucionalidad estatal y manipula al aparato de justicia.
Como individuos y como sociedad, nuestros actos nos definen. Lo realizado, o lo que dejamos de hacer, determina el rumbo de nuestras vidas. Por ello, la memoria histórica da cuenta de lo que somos como sociedad, explica cómo hemos llegado hasta aquí, sirve para entendernos y para delinear nuestro futuro. Rescatarla, equivale a preservar nuestra esencia y tener conciencia de nuestra identidad. Por ello, no cejaremos en nuestro esfuerzo memorioso.
La historia nos enseñó que el arte de vencer al terror radica en la consecuencia, en la lucha y en la perseverancia. Lo más duro fue superar los años de oscuridad y silencio, aquella época en que encarnamos el ejemplo de Mahatma Gandhi: “Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón. Incluso si eres una minoría de uno solo, la verdad sigue siendo la verdad”.
