Mi total solidaridad con Ronaldo Robles, periodista crítico y ciudadano digno.
La toma de posesión presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, el primer día de 2023, replanteó la perspectiva de una integración profunda de América Latina (A.L.), en el marco de la peor crisis que ha vivido la región, agravada por la pandemia. Esto, de cara a la próxima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realizará en Buenos Aires el 24 de enero, donde se espera la reincorporación de Brasil a ese organismo, del cual se excluyó por una decisión del gobierno de Jair Bolsonaro.
Desde 2018 comenzaron a irrumpir nuevos gobiernos de signo progresista en México, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Chile, Colombia y recientemente en Brasil, por lo que en los últimos tiempos se empezó a hablar de una “nueva ola progresista” en América Latina.
En ese contexto, en la región se han dado importantes transformaciones geoestratégicas que deben ser analizadas en toda su complejidad y extensión, para prever sus efectos en el mediano y largo plazo. Baste citar tres de gran relevancia: la República Popular China ya es la principal contraparte comercial de Brasil; el intercambio entre ambos llegó, en 2022, a los 135,000 millones de dólares, más del doble del que se registra con los Estados Unidos, país que considera a China como su principal enemigo estratégico.
En segundo lugar, más temprano que tarde, bajo el gobierno de Gustavo Petro, Colombia dejará de ser el único país de la región que pertenece a la OTAN, y la permanencia de las más de 700 bases militares de Estados Unidos (EE. UU.) en el país sudamericano estará en cuestión.
En tercer lugar, la alianza geopolítica de Rusia con Venezuela, que preocupa grandemente a EE. UU., ha cobrado una nueva dimensión por la guerra en Ucrania, y por la necesidad de la potencia del norte de acercarse al país caribeño por el petróleo y el gas.
Mientras los presidentes progresistas de la región han declarado su entusiasmo y su intención política de integrarse en el marco de la CELAC, la UNASUR y los BRICS, la economía regional acusa signos negativos e involuciones para el 2023.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), una de las cinco agencias regionales de la ONU, presentó en diciembre pasado el “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2022”, proyectando que el crecimiento regional del próximo año será una tercera parte de la tasa esperada para 2022. En un contexto de incertidumbres externas y restricciones internas, los países de América Latina y el Caribe creció un 3.7% en 2022, poco más de la mitad de la tasa del 6.7% registrada en 2021. Se calcula que en 2023 aumente la desaceleración del crecimiento económico y apenas se alcance una tasa del 1.3%, una quinta parte de lo logrado en 2021.
Según el citado Balance, las respuestas de política monetaria adoptadas a nivel mundial en 2022, en un contexto de aumento en la inflación global, han provocado incrementos en la volatilidad financiera y en los niveles de aversión al riesgo y, por tanto, han provocado menores flujos de capital hacia economías emergentes, incluyendo las economías de la región. Pero la reducción que se espera en la inflación global para el 2023 tenderá a moderar los incrementos de las tasas de política monetaria de los principales bancos centrales, amplía la CEPAL.
El organismo regional advierte que se mantienen las tradicionales brechas entre hombres y mujeres, que exhiben indicadores como la tasa de participación laboral y la tasa de desocupación. Durante el 2022, se han observado tanto un aumento de la informalidad, como una caída en los salarios reales. Además, señala que el riesgo de aumento de las tasas de interés, de depreciaciones de las monedas y el mayor riesgo soberano dificultarán el financiamiento de las operaciones de los gobiernos en 2023.
En conclusión, el Balance Preliminar 2022 plantea que es fundamental dinamizar la inversión y la productividad para atender las demandas sociales, la creación de empleo decente y reducir la informalidad, la desigualdad, la pobreza, y avanzar en la adaptación y mitigación del cambio climático. Para ello son necesarias políticas públicas innovadoras en lo productivo, financiero, comercial, social y en la economía del cuidado, para evitar una nueva década perdida como la observada durante el período 2014-2023.
La CEPAL no se ha limitado a advertir sobre la involución económica en el 2023; en octubre pasado, en el marco de su trigésimo noveno período de sesiones, propuso la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe, basado en tres ejes: producción, inclusión y sostenibilidad.
De las estrategias y políticas que la CEPAL propone, destacan los siguientes elementos: la urgencia de recuperar la inversión y el crecimiento; el reconocimiento de que el papel del Estado es crucial e insustituible en todas sus dimensiones, desde la articulación de propuestas y la provisión de financiamiento en una escala poco accesible para el sector privado, hasta la definición de modelos de regulación y la formulación y aplicación de políticas; la necesidad de articular las políticas sectoriales con las de alcance general, y también de generar ámbitos de negociación, decisión y acción con participación de los diversos actores, reconociendo sus diferentes capacidades, ventajas y limitaciones, sostiene José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo del organismo.
Estos son los grandes temas que debieran debatirse en el próximo período electoral, en el cual una ciudadanía formada e informada le tendría que exigir a los partidos políticos que presenten programas estratégicos para salir de la crisis.
Lamentablemente, por ahora, ni la sociedad ni los partidos políticos alcanzan la talla para darle a Guatemala una perspectiva cierta y consistente. Debemos organizarnos para desplazar al Pacto de Corruptos, recuperar la institucionalidad, y reemprender el esfuerzo para construir un Estado democrático y plurinacional de Derecho. Para luego es tarde.
