Víctor Ferrigno F.
Mi solidaridad para el Juez Miguel Ángel Gálvez, y su lucha contra la impunidad del Estado cooptado.
El país se cae a pedazos, literalmente. Los deslaves carreteros y la aparición de cavernas en las vías de acceso a la capital, que se tragan ciudadanos y vehículos, son apenas algunas evidencias del desastre ambiental al que estamos expuestos. La indefensión ambiental es una combinación de factores naturales, políticos y sociales, que bien vale la pena analizar.
Ubicada en el cinturón de América, Guatemala está expuesta a la ruta de los huracanes, a las erupciones volcánicas, a los terremotos que generan las dos fallas tectónicas que nos rodean, y al cambio climático que provoca el fenómeno del Niño y la Niña. Así pues, huracanes, erupciones, tormentas, sequias y temblores son fenómenos permanentes, frente a los que deberíamos estar preparados social e institucionalmente, pero no es así. De estos fenómenos el 65% corresponde a terremotos, 27% a erupciones volcánicas y el 8% a huracanes o fuertes lluvias (inundaciones).
Todos los años los sectores más pobres, más marginados y más excluidos son víctimas del desastre ambiental, agravado por la desidia y la corrupción gubernamental, las debilidades institucionales, y la apatía ciudadana.
Según la actualización 2021 del Reporte Mundial de Riesgo (World Risk Report), Guatemala se ubica en la posición 10 de los países con mayor riesgo de desastres del mundo, con un 20%. Junto a Honduras y Haití, es uno de los tres países con mayor riesgo a desastres de América.
El Reporte Mundial de Riesgo indica también la exposición del riesgo a desastres, utilizando el índice y 4 componentes (exposición, susceptibilidad, capacidades de respuesta y capacidades de adaptación), los cuales muestran los puntos críticos de riesgo de desastres en el mundo y los campos de acción para lograr la reducción necesaria de los mismos. Además, los análisis cualitativos dentro del Reporte permiten emitir recomendaciones de acción para actores internacionales, nacionales, departamentales y de la sociedad civil. Estas recomendaciones rara vez se operativizan, o se ejecutan parcial y esporádicamente.
Lo socialmente destacable del Reporte es que la evaluación de riesgos se basa también en el nivel de desarrollo de la sociedad, siendo éste igual de importante a la intensidad del evento natural extremo que se presente. Esto implica que, si una sociedad está menos desarrollada, será más vulnerable a los eventos naturales.
El Reporte contiene el Índice Mundial de Riesgo, que es calculado por la Universidad alemana Ruhr de Bochum y desarrollado por Bündnis Entwicklung Hilft en cooperación con la Universidad de las Naciones Unidas en Bonn, el cual, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED- “le permite conocer nuevas recomendaciones de acción para fortalecer la cultura de prevención en el país, reforzando capacidades de respuesta y de adaptación”. Sin embargo, la CONRED sigue siendo una institución desfinanciada, con poco personal, llena de carencias, y sin apoyo social, a la que la reducción de desastres le queda extremadamente grande.
En el papel existen políticas, planes y protocolos, pero poco es lo que se lleva a la práctica. El Informe General Temporada de Lluvias 2022 de la CONRED, para ayer martes 27 de septiembre, reporta que 3 millones 998 mil 086 personas se han visto afectadas durante la época, mientras que 13 mil 110 están en riesgo. Además, se reportan 8 mil 422 personas damnificadas, 14 mil 862 evacuadas, 2 mil 445 albergadas, mientras que 8 personas se encuentran desaparecidas, 23 heridas y 44 han fallecido. Las cifras hablan por sí solas, y evidencian el desastre ambiental y social que vivimos.
El Índice de Gestión de Riesgo (INFORM) del Comité Permanente Interinstitucional de la Unión Europea, “la primera metodología global, objetiva y transparente para comprender el riesgo de crisis humanitarias y catástrofes”, en 2017 y 2018, ha ubicado a Guatemala como el país latinoamericano con el mayor índice de riesgo, el más vulnerable y el menos capaz de lidiar con estos peligros.
Es decir que la combinación de riesgos, la falta de recursos y un gobierno ineficaz y corrupto, colocan a Guatemala como el país más propenso a sufrir desastres en el continente.
En septiembre de 2016, la CONRED presentó el mapa de amenazas en Guatemala, el cuál identificaba 4,587 puntos con amenaza de deslizamiento y 5,464 con amenaza de inundación. Esa información la tienen detallada por municipio. También tiene identificados los puntos de alto riesgo, calamidad pública y sitios de observación. Según estos, Guatemala tiene 14 puntos de alto riesgo, cinco de ellos ubicados en la capital.
La CONRED vigila de manera permanente a los cuatro volcanes que se mantienen en actividad eruptiva (Fuego, Pacaya, Tacaná y Santiaguito), de los 288 volcanes que tiene el país.
El mapa de amenazas por cambio climático, publicado en 2017 por el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna), el cual combina todos los riesgos que enfrenta Guatemala, sitúa a Huehuetenango, Quiché y Baja Verapaz como los departamentos más vulnerables del país.
Además de una cultura de prevención, lo que el país necesita “con urgencia” son políticas de ordenamiento territorial, principalmente en las áreas de mayor vulnerabilidad, según el Iarna.
Las amenazas de fenómenos naturales son imposibles de frenar, pero sí es posible reducir la vulnerabilidad social a los mismos, que consiste en una situación que afecta a una persona o a una comunidad, y su capacidad creada para anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse de los impactos que genera un evento natural. Para esto, la organización social y la incidencia ciudadana en las políticas públicas son puntos relevantes de partida.
Sin organización social, sin transformaciones político-institucionales, y sin accionar ciudadano, nos seguirá lloviendo sobre mojado. Ya es hora de accionar.
