Víctor Ferrigno F.
Marchando en tres columnas que coincidieron en el Centro Histórico, líderes ancestrales y autoridades indígenas participaron, el pasado lunes 12 de septiembre, en una marcha para presentar sus demandas a los tres Organismos del Estado.
Ante 201 años de esclavitud, miseria y empobrecimiento, las Autoridades Ancestrales expusieron sus exigencias, entre las que destacan, atender el alto costo de la canasta básica y los insumos de producción agrícola, así como el cese de la criminalización contra los Pueblos indígenas. Requirieron al Congreso de la República que se archiven iniciativas de ley regresivas, que atentan contra los derechos de la población. También exigieron la renuncia de la Fiscal General del Ministerio Público, por considerar que desde la institución que dirige, se criminaliza a los Pueblos indígenas, periodistas, jueces y fiscales.
A la Corte Suprema de Justicia, le demandaron respetar la independencia judicial, y actuar de forma objetiva e imparcial, con apego a la Justicia.
Uno de los manifestantes, Miguel Cotí Itzaj, declaró a Prensa Libre que en Guatemala, en septiembre, se celebra la independencia y la libertad, pero no es una libertad real. “No tenemos libertad en Guatemala… sufrimos el despojo de nuestras tierras, la corrupción, un Congreso que no está para el pueblo sino para el Pacto de Corruptos”.
El pasado 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la ONU en 1995, con el fin promover el goce de los derechos de las poblaciones originarias y el desarrollo cabal de sus propias culturas y comunidades. A mi juicio hubo muy poco que celebrar, pues los avances son menores que los retrocesos, como se evidencia con la marcha reseñada.
En América Latina, ser indígena equivale a ser pobre. Esta lapidaria e indignante conclusión está contenida en el estudio encargado por la ONU a siete expertos independientes que, en 2009, presentaron el Informe “La situación de los Pueblos indígenas del mundo”.
Dicho Informe estableció la citada conclusión basada en estudios de las condiciones socioeconómicas de los Pueblos indígenas del continente, que demuestran “que ser indígena equivale a ser pobre y que con el tiempo esa situación se ha perpetuado”. Aun cuando hayan podido aprovechar oportunidades de educación o capacitación, “no pueden convertirlo en ganancias significativamente mayores ni reducir la pobreza que los diferencia de la población no indígena”. Así, el sistema económico, político y social condena a millones de personas a la pobreza, por el mero hecho de pertenecer a etnias diferentes, a pesar de que al descifrarse el genoma humano se estableció que los rasgos físicos externos corresponden a sólo el 0.01% de los genes.
En Guatemala, donde el racismo prevalece, los indígenas son empobrecidos por un sistema excluyente y discriminador, sin entender que el futuro común de la humanidad está ligado a la sobrevivencia de los Pueblos originarios. De ellos depende la diversidad de la cultura, de la flora y de la fauna, nada menos.
El Informe de la ONU establece que en todo el orbe hay aproximadamente 370 millones de personas indígenas que ocupan el 20% de la superficie terrestre, representando unas cinco mil culturas e idiomas indígenas diferentes, constituyendo la mayor parte de la diversidad cultural del planeta. Un 90% de los idiomas indígenas vivos podría desaparecer en los próximos 100 años. Cada lengua expresa una cultura, una cosmovisión, una forma diversa de entender a la sociedad, a la naturaleza y al cosmos. Este patrimonio intangible constituye la mayor riqueza de la humanidad, desarrollada durante 200 mil años; perderla es regresar a nuestra animalidad, aunque tengamos Iphone y Facebook.
En Guatemala, la pobreza es 300% mayor en los Pueblos indígenas, quienes prestan un invaluable servicio ambiental. Según estudios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en los territorios indígenas se genera el 53% de la agricultura limpia anual, se produce el 73% de las hortalizas y se cosecha el 43% del café, a pesar de contar con malos suelos agrícolas, sobre utilizados. Además, allí se ubica el 100% de los embalses de agua, el 66% de reservas de manantiales y el segundo mayor humedal de América Latina. Si esto fuera poco, conservan 58% de las zonas de vida, 39% de los biotopos, el 100% de las reservas biológicas, el 49% de los refugios de vida silvestre, el 85% de los monumentos culturales y el 89% de los parques regionales.
A pesar de tan invaluable aporte, la sociedad y el Estado discriminan, explotan y marginan a los Pueblos indígenas. Según el citado estudio de FLACSO, el sistema solamente asignó, en el año 2000, el 13% de los fondos públicos a los municipios con mayoría indígena, a pesar de ser el 56% del total. El ICEFI da cuenta que, en 2015, fue posible identificar Q42,623.7 millones que tuvieron como beneficiarios directos a los ciudadanos del país, y de estos recursos solamente una cuarta parte fue destinada a los Pueblos indígenas, es decir, Q10,646.6 millones, lo que equivale al 2.2% del producto interno bruto (PIB). Las inversiones dirigidas a la población no indígena (mestiza o ladina) representaron el 6.5% del PIB. Eso es racismo estructural puro y duro.
De la plenitud y sobrevivencia de los Pueblos originarios depende que tengamos agua, comida y diversidad cultural y ambiental. Por ende, debemos construir un destino común o no tendremos futuro como país.
