Víctor Ferrigno F.
El gobierno de Alejandro Giammattei es el más represivo desde 2000 a la fecha, a pesar de que solamente lleva dos años y medio, acumulando 2,646 agresiones, superando los 2,260 actos represivos sumados durante del gobierno del general Otto Pérez Molina, sindicado de masacrador durante el Conflicto Armado Interno. Esta es una de las principales y trágicas conclusiones del informe presentado esta mañana por Udefegua, sobre el recuento de crímenes y agravios a la ciudadanía, de enero a junio de 2022.
En su informe, “la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) ha manifestado, desde el 2021, su preocupación por el deterioro del contexto político, económico y social al que el Gobierno de Alejandro Giammattei ha sometido a la población guatemalteca en general y la violencia política contra personas, organizaciones y comunidades que se dedican a la defensa de los derechos humanos”.
“De enero a junio del presente año, la Udefegua ha registrado 589 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, lo cual representa una continuidad de la violencia a lo largo del periodo presidencial de Alejandro Giammattei. El registro de Udefegua demuestra que en tan solo dos años y medio de ejercicio del actual gobierno, la cifra de agresiones supera con creces a todos los anteriores gobiernos”.
Según el recuento de Udefegua, la política represiva del gobierno tiene una clara orientación misógina, pues “el 45% de la totalidad de las agresiones durante el primer semestre del presente año, han sido dirigidas hacia operadoras de justicia, periodistas y/o defensoras de derechos humanos en general”.
En cuanto al tipo de agresiones, el informe de Udefegua da cuenta que la difamación (184) es el principal agravio utilizado para desacreditar la credibilidad de quienes defienden los DD. HH., seguido por el hostigamiento (159) y la denuncia penal sin fundamento (70). Este ha sido el esquema clásico que los operadores políticos del pacto de corruptos han seguido para hegemonizar el relato mediático y controlar la psique social.
Compran o amenazan a miembros de las comunidades u organizaciones sociales para que desacrediten al liderazgo consecuente, o se apoyan en una vasta red de netcenters para difundir falsedades en las redes sociales y, finalmente, organizaciones de sicarios políticos, como la Fundaterror, hostigan y denuncian penalmente a quienes defendemos los derechos humanos, la verdad y la democracia.
Para concretar el anterior esquema, se han apoderado de todo el sistema de justicia, controlando el Ministerio Público, las Salas de Apelaciones y las más altas Cortes, incluyendo a una Corte Suprema de Justicia que ya casi llega a cuatro años usurpando funciones, con la complicidad del Congreso de la República, que se ha negado a elegir nuevos magistrados, a pesar de haber una orden judicial de la anterior Corte de Constitucionalidad. Represión mediática, uso y abuso del derecho penal como arma de represión judicial, colusión tribunalicia, e impunidad absoluta, en un país donde ya no existe un Estado de Derecho.
Udefegua reporta que las agresiones a la ciudadanía han provenido, en su orden, de los netcenter (227), del crimen organizado (170), de autoridades nacionales (52), de miembros de la misma comunidad (18), de autoridades departamentales/municipales (15), de la Policía Nacional Civil (11), de militares (11), de delincuentes (10), etc. Estas cifras duras, provenientes de hechos documentados, reflejan que quienes defendemos los DD. HH. recibimos más ataques por difamación de los netcenters, que embates del crimen organizado.
Según el informe citado, las agresiones se han concentrado territorialmente en Guatemala (505), Izabal (24), Quezaltenango (20), Alta Verapaz (13) y Sololá. De enero a junio, los agravios se han consumado mayoritariamente en febrero (121), marzo (115) y mayo (127).
Para perpetrarse en el poder, las fuerzas del crimen organizado han tomado control del Tribunal Supremo Electoral y, a la usanza de Ortega y Murillo en Nicaragua, pueden decidir qué partidos y cuáles candidatos anulan, y a cuáles favorecen. Saben que si se imponen mediante un fraude electoral habrá protestas, por lo que han postulado en el Congreso una serie de leyes regresivas, que les permitirán reprimir a la ciudadanía. Entre ellas, la “Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, decreto 39-2022, que facilita la censura y da pie para criminalizar las investigaciones, publicaciones, opiniones y críticas de medios de comunicación y de la ciudadanía.
Gracias a la presión social de los 48 Cantones de Totonicapán, la Junta Directiva del Legislativo se comprometió a archivar la iniciativa 6076, que norma la fuerza letal indiscriminada en manifestaciones ciudadanas y concede medidas sustitutivas a policías, elementos de la SAAS o del Ejército que resulten incriminados en actos de represión durante las protestas.
Así, la represión –política, física o judicial- se suma a la ilimitada corrupción, a la cooptación del Estado, al abandono de los servicios básicos en materia de salud, alimentación, educación y seguridad, poniendo en riesgo la vida, la integridad y la libertad de las y los defensores de los derechos humanos.
En materia de libertad de prensa la situación es grave. La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) ha denunciado que suman 350 agresiones contra periodistas durante el Gobierno de Giammattei, que ha emprendido la criminalización de periodistas, directivos y medios independientes, como elPeriódico y La Hora.
Una vez más, Udefegua nos alerta sobre la violación gubernamental de los DD. HH., en un país donde el crimen organizado gobierna con impunidad absoluta, y nos advierte que “para enfrentar este contexto de represión y persecución política, es necesario que la sociedad guatemalteca a través de sus organizaciones, movimientos sociales y populares, colectivos ciudadanos se organicen, generen procesos de articulación y coordinación”.
