Víctor Ferrigno F.
Ayer, 2 de agosto, debimos celebrar con bombos y platillos el Día de la Dignidad Nacional, instituido por el Congreso de la República, en diciembre de 1997, en honor a la acción de los 134 cadetes que, en la madrugada del 2 de agosto de 1954, atacaron, desarmaron y obligaron a rendirse a los mil doscientos hombres del mal llamado Ejército de la Liberación, que contribuyó al derrocamiento del Presidente Constitucional de Guatemala, Jacobo Árbenz Guzmán, con el apoyo del Alto Mando del Ejército Nacional, y los gobiernos intervencionistas de EE. UU., Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana.
Hace 68 años, los cadetes de la Escuela Politécnica, unos adolescentes quinceañeros, protagonizaron una de las gestas militares y éticas más importantes de nuestra historia patria, en defensa de la soberanía y la dignidad nacional, al levantarse en armas y derrotar a las milicias mercenarias, que contaban con apoyo financiero, político, logístico y de armamento de la CIA, y fueron respaldadas por el alto mando del ejército, que no intervino ante la invasión extranjera.
Ayer, las fuerzas conservadoras resquebrajaron el Estado de derecho y mancillaron la democracia, tal como lo hace ahora el Pacto de Corruptos, pero ahora con ilegalidades, fraudes de ley, y los llamados golpes blandos, que les han permitido cooptar al Estado, imponer su dictum y apoderarse impunemente de las arcas nacionales.
Con esta gesta heroica, los cadetes del 2 de agosto reivindicaron la dignidad nacional y, contra viento y marea, demostraron que el derrumbe de la institucionalidad, de la democracia y del Estado de derecho se debió a la alianza perversa de la oligarquía, los militares corruptos y los políticos venales, subordinados al mandato del imperio.
Estos jóvenes, la mayoría menores de edad, se enfrentaron a todas esas fuerzas cuando el resto de la sociedad creía que era imposible oponerse al tsunami político, económico y militar imperial que recorría nuestra América, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta percepción social hace más heroica la acción de los cadetes, más deplorable la traición del alto mando del ejército, y más falaz la historia de un grupúsculo de mercenarios que casi no encontraron resistencia armada en su invasión desde Honduras. Desde la intervención y ruptura institucional de 1954, el pueblo de Guatemala protagonizó múltiples levantamientos, políticos y armados, en contra de los diferentes gobiernos dictatoriales y antidemocráticos de nuestra historia reciente. Fue hasta 1996, después de un Conflicto Armado Interno (CAI) de 36 años, con miles de muertos, desaparecidos y exiliados, que se lograron signar los Acuerdos de Paz, para construir un Estado democrático y multicultural de derecho, cuyos avances han sido revertidos, en los últimos años.
Una de las medidas clave, contenidas en los Acuerdos de Paz, fue la instauración de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con apoyo de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal era desmantelar los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), poderosas mafias constituidas por una alianza entre el crimen organizado, políticos corruptos y militares contrainsurgentes.
Bajo la conducción del Comisionado Iván Velázquez, hoy Ministro de Defensa de Colombia, la CICIG desveló que el pecado original de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral ilícito, en el que participa la oligarquía guatemalteca y las fuerzas criminales, para controlar a los partidos políticos y a los funcionarios que resulten electos, a fin de conseguir impunidad judicial, jugosos contratos gubernamentales, evadiendo y eludiendo impuestos.
Las rigurosas investigaciones de la CICIG involucraron a grandes empresarios venales, políticos corruptos, militares masacradores y miembros del narco, que terminaron aliándose para defenestrar a la CICIG, y sacarla del país.
Para el efecto, Jimmy Morales, en alianza con los diputados deshonestos, se negaron a cumplir con varias resoluciones de la anterior Corte de Constitucionalidad, principalmente la referente a la elección de magistrados de Sala y de la Corte Suprema de Justicia, por lo que éstos usurpan funciones desde hace casi tres años, garantizando impunidad. Ese fue un hito a partir del cual el Pacto de Corruptos, ahora dirigido por Giammattei, ha cooptado toda la institucionalidad estatal, incluyendo a la Universidad de San Carlos y la PDH.
Una vez cooptada la institucionalidad estatal, se han empeñado en acallar a la prensa independiente, con medidas de criminalización, como las interpuestas contra elPeriódico y su presidente. En Guatemala, como en el resto del mundo, los periodistas ejercemos nuestro oficio bajo asedio: amenazas, persecución penal, cárcel, tortura, exilio y muerte son el pan cotidiano para quienes ejercemos el derecho de la libertad de prensa, para que la ciudadanía esté informada y la democracia se consolide.
La renovada Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), recién publicó el Informe de su Observatorio, reportando 66 violaciones a los derechos de libertad de expresión en 2022, y 350 ataques a la prensa, desde el comienzo del gobierno actual.
Quienes defendemos la libertad y la democracia debemos recordar que a través de la libertad de prensa se expresan las demás libertades políticas y los derechos primarios básicos, como el derecho a la vida, a la paz y la igualdad solidaria y fraternal entre los seres humanos.
Aunque la correlación de fuerzas es adversa y vivimos bajo asedio, sostenemos que debemos revivir la dignidad nacional, como nos enseñaron los cadetes del 2 de agosto, aunque parezca que es imposible.
