Víctor Ferrigno F.
Al tata Baleriano Pascual, fundador y dirigente del CUC, in memoriam.
Han transcurrido 233 años desde la Revolución Francesa, un fenómeno socio-político que sacudió al mundo occidental y sirvió de base para la construcción del llamado Nuevo Régimen, basado en un Estado democrático de Derecho, en el que los conflictos sociales e individuales se resuelven civilizadamente, en los tribunales de justicia.
En Guatemala, tras 36 años de guerra y miles de muertos, se suscribieron los Acuerdos de Paz, donde se pactaron más de 40 compromisos para transformar la Justicia, los cuales fueron desarrollados por la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, con representación de los tres poderes del Estado y la ciudadanía. Desde 1996 a 2016 se registraron avances importantes, que ahora están siendo revertidos por el CACIF y el Pacto de Corruptos e Impunes, ante la abulia de una ciudadanía que parece dormida.
Los pocos avances institucionales logrados desde la firma de la Paz han sido derrumbados por los poderes fácticos; la cooptación de la institucionalidad es tan grande, que ya no tenemos Estado de Derecho. Chapaleamos en un Estado policial, donde las garantías constitucionales y la vigencia de los Derechos Humanos (DDHH) son una ficción. Si a esta crisis política sumamos la pandemia, el hambre y la exclusión, pronto tendremos estallidos sociales, enfrentamientos y represión. Como una pesadilla recurrente, nuestra historia se repite una y otra vez.
La evidencia más clara y lamentable de la desestructuración de la Justicia es la persecución espuria desatada por el Ministerio Público (MP) contra jueces y fiscales probos, por lo que más de quince han tenido que salir al exilio, y sobre otros pende la espada de Damocles, representada por acciones de criminalización sin más fundamento que la impunidad absoluta que ostentan la Fiscal General, la presidenta del Organismo Judicial, y la alianza de empresarios venales, políticos corruptos y militares masacradores que han logrado cooptar casi toda la institucionalidad del Estado.
Los dos últimos episodios de esta impunidad absoluta son la renuncia y exilio de la jueza Erika Aifán, y la suspensión del juez Pablo Xitimul, quien ya fue despojado de su derecho de antejuicio. Ambos juzgadores ejemplares, ciudadanos de gran valía, que procesaron o sentenciaron a poderosos criminales y encumbrados empresarios y políticos.
Los dos casos son un rosario de violaciones al debido proceso, sumado a amenazas de muerte, intervenciones telefónicas y vigilancia ilegal. Constituyen el culmen de una involución institucional grave, que invalida lo avanzado desde la firma de la Paz.
Debemos tener presente que la democracia auténtica consiste en establecer, concertadamente, un pacto social que, de origen a un orden jurídico, político, económico y social, en el que el bien común debe primar sobre el particular. El orden jurídico es necesario para resolver conflictos y garantizar derechos; sin justicia, terminamos matándonos entre nosotros o acabamos oprimidos por grupos de poder que niegan nuestros derechos fundamentales. Por ello, no es exagerado sostener que sin Justicia no hay país.
Próximamente serán electos los y las Magistrados de Sala y los de la Corte Suprema de Justicia, así como el Fiscal General, en un clima de impunidad absoluta en el que las comisiones de postulación carecen de credibilidad y las tachas interpuestas por la ciudadanía se rechazan o se ignoran.
Hacia donde se vea, se avizoran los nubarrones del conflicto social, en un país donde la Justicia es una entelequia, una materia pendiente, un sueño por construir. Más vale que iniciemos pronto su edificación, antes de que la violencia fratricida nos vuelva a consumir.
