Víctor Ferrigno F.
Los pocos avances institucionales logrados desde la firma de la Paz han sido derrumbados por el pacto de corruptos; la cooptación de la institucionalidad es tan grande, que ya no tenemos Estado de Derecho. Chapaleamos en un Estado policial, donde las garantías constitucionales y la vigencia de los Derechos Humanos (DDHH) son una ficción. Si a esta crisis política sumamos la pandemia, el hambre y la exclusión, pronto tendremos estallidos sociales, enfrentamientos y represión. Como una pesadilla recurrente, nuestra historia se repite una y otra vez.
La Fiscal General, Consuelo Porras, ha sido señalada de plagiar su tesis doctoral, y el gobierno de EE.UU. la sindica de corrupta y antidemocrática. Sin importarle tan graves acusaciones, desmanteló la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), despidió ilegalmente al Fiscal titular, Juan Francisco Sandoval y, ahora, decidió desarticular la Fiscalía de Derechos Humanos, trasladando a su titular, Hilda Pineda, a otras funciones, para frenar los casos contra acusados de cometer crímenes de lesa humanidad.
Esta Fiscalía ha logrado procesar graves violaciones de DDHH durante el conflicto armado interno, consiguiendo la identificación, juicio y sanción de agentes criminales del Estado, a pesar de las presiones y amenazas de los hechores.
Actualmente, tiene a su cargo el proceso de la masacre de la Aldea Dos Erres y el caso denominado Diario Militar, que conoce el juez Miguel Ángel Gálvez, por el que ha recibido amenazas e intimidaciones. En ambos juicios, son sindicados por delitos de lesa humanidad militares y miembros de «cuerpos especiales» de seguridad.
Las acciones desestabilizadoras de Consuelo Porras contra la Fiscalía de DDHH y la FECI, son parte de una serie de maniobras desarrolladas por el pacto de corruptos, instrumentalizando al MP, al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia, y a la Corte de Constitucionalidad, para asegurar la impunidad a las jerarquías militares que continúan definiendo políticas criminales en Guatemala.
Hilda Pineda fue sustituida por la impresentable Vilma Esperanza Perdomo, familiar cercana de Estuardo Castellanos, sindicado de ser un operador político clave del pacto de corruptos en el Organismo Judicial, vinculado a un caso de la FECI, denominado Comisiones Paralelas, por el amaño de la elección de magistrados a Cortes de Justicia.
Como si lo anterior fuera poco, Consuelo Porras recién nombró, en la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, a Alfredo Solórzano Flores, exoficial del ejército, exgerente y exrepresentante legal de la empresa de seguridad 2614, registrada como proveedora del Estado.
Por lo anterior, la ciudadanía ha desarrollado una campaña, exigiendo a la Jefa del MP que frene la desarticulación de las capacidades de persecución penal del MP, demandando su renuncia, ante su crasa incapacidad y su relación con estructuras criminales, que promueven corrupción e impunidad.
En ese contexto, el día lunes, el juez pesquisidor Eduardo Galván, recomendó retirar la inmunidad al juez Presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, Pablo Xitumul –quien condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio- para que pueda ser investigado por el MP, a pesar de que esta institución sostuvo que al juez Xitumul se le violó el derecho de defensa en este proceso, por lo que se le debe mantener la inmunidad.
Pero no todo está perdido, quienes sueñan con la impunidad por sus crímenes de guerra, tendrán pesadillas ahora que la exFiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz, fue seleccionada como parte de la nómina final de seis candidatos para ocupar el puesto de Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional. La justicia tarda pero llega, y somos miles quienes demandamos verdad, justicia, reparación y no repetición. Finalmente caerán.
