Víctor Ferrigno F.
En el marco de una creciente crisis política e institucional, provocada por el Pacto de Corruptos, en la que se combina el hambre, un pésimo manejo de la pandemia, corrupción sin límite y la cooptación del aparato estatal, la alianza criminal ha emprendido una campaña de hostigamiento contra las y los fiscales y jueces probos, ensañándose contra la magistrada Erika Aifán, quien con una entereza a toda prueba ha resistido los embates de todo tipo, honrando la toga que se ciñe, sin acobardarse.
En esta crisis, lo importante es tomar conciencia que en el país se ha dado una gran reculada en materia política, económica, jurídica, social y ambiental; hemos retrocedido unos veinte años en casi todos los órdenes e indicadores sociales.
En 1996 se alcanzó el pacto social y político posible y, en los Acuerdos de Paz, se trazó la ruta para erradicar las causas que dieron origen al Conflicto Armado Interno, y para construir un auténtico Estado democrático de Derecho. Un lustro después, la sociedad, los políticos y la élite dominante aceptamos que no se podía avanzar en la ruta de la paz, si no se combatían los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), que controlaban buena parte de las instituciones.
Se buscó cooperación internacional y, en una decisión soberana, la CICIG fue creada en diciembre de 2006, por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad.
Según algunos analistas, la Comisión hizo tan buen trabajo que fue víctima de su propio éxito al evidenciar, mediante rigurosas investigaciones y aporte de pruebas de todo tipo, que la corrupción había hecho metástasis en todos los sectores sociales, incluida la élite dominante, generando una ofensiva brutal en su contra, que la erradicó en septiembre de 2019.
Casi todos los avances en materia de justicia, transparencia, imperio de la ley, lucha contra la corrupción y la impunidad, que permitieron avances en la consolidación institucional, se han venido abajo; ahora impera la ley del monte.
La corrupción ha llegado a tal grado que la ciudadanía grita en las calles ¿dónde está el dinero, dónde las vacunas? y, como en un cuento oriental, los sobornos al Presidente llegan envueltos en una alfombra mágica, que abre puertas para negocios turbios en materia de minería y puertos, en un clima de absoluta impunidad.
El Pacto de Corruptos está tan extasiado en su limbo de impunidad, que poco les ha importado que el país más poderoso del mundo haya sindicado a la fiscal general (así, con minúsculas) de ser corrupta y antidemocrática, mientras que en Guatemala se ha descubierto que su tesis doctoral es plagiada, y que de su despacho sale información y medidas de protección para favorecer a los criminales de gran calado.
Es en este contexto tan desfavorable que el PDH y los jueces probos se han crecido, resistiendo en la línea de fuego, para salvar lo que queda del Estado de Derecho, mientras la ciudadanía no termina de despertar y alzarse contra el oprobio. En esta batalla, Erika Aifán se encuentra en la mira y, mediante fraudes de ley y resoluciones espurias de las Cortes de Constitucionalidad y la Suprema de Justicia, está a punto de ser despojada del derecho de antejuicio, lo que permitiría someterla a una condena ilegítima, y su vida correría grave peligro en cualquier cárcel del país, donde están los criminales que ella condenó.
Por su integridad y valor, por su invaluable ejemplo, la jueza Aifán merece nuestro apoyo y solidaridad, y nuestras más enérgicas manifestaciones de protesta, en todos los órdenes. Hoy por ella, mañana por cualquiera de nosotros. Por ahora, desde esta trinchera de expresión le digo: Erika Aifán, no está sola, quienes la apoyamos somos legión, pero aún no terminamos de despertar. ¡Pronto volveremos a llenar las plazas!
