Víctor Ferrigno F.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó ayer, en La Paz, su informe final sobre el Golpe de Estado en Bolivia en 2019, concluyendo que hubo graves violaciones a los derechos humanos (DD. HH.), se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del Gobierno de facto, y que “Las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y, en momentos trascendentes de la vida de Bolivia, pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales. La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida y los responsables, sancionados”.
El GIEI fue constituido por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y sus cinco integrantes independientes fueron seleccionados por esta instancia, con la anuencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
El informe del GIEI fue entregado al presidente Luis Arce Catacora por Patricia Tappatá Valdez, integrante del Grupo quien, previamente, leyó un resumen de los resultados de la investigación, señalando que los integrantes del GIEI no dudan en calificar como masacres los graves incidentes de represión ocurridos en las localidades de Sacaba y Senkata. Instó al Estado boliviano a garantizar justicia a todas las víctimas, y priorizar los casos de violencia sexual basada en género.
También solicitó no ver el documento como la foto de un tiempo pasado, sino como el umbral de actitudes inadmisibles, proponiendo que el Estado boliviano disponga de un mecanismo para verificar la implementación de las 36 recomendaciones plasmadas en el Informe, que van desde cuestiones estructurales, como el fortalecimiento del Sistema de Administración de Justicia y la depuración y democratización de la policía y el ejército, hasta las de orden operativo, como el levantamiento de un censo de víctimas, para su cabal y completo resarcimiento, mediante un programa integral.
La investigación de los expertos internacionales del GIEI duró ocho meses, durante los cuales entrevistaron a 400 personas y analizaron una cifra superior a los 120 mil expedientes. También escucharon testimonios de víctimas, organizaciones sociales e indígenas, y de testigos de los hechos de violencia, así como a funcionarios de instituciones. Las conclusiones y recomendaciones se socializarán en varios departamentos bolivianos hasta el 21 de agosto.
Al recibir el Informe Final del GIEI, el mandatario boliviano sostuvo que “Los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado, que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto”.
Con esta investigación independiente se invalida el informe amañado de la OEA de 2019, y se evidencia la actitud servil de Luis Almagro a favor de la política injerencista de Donald Trump. También registra el intervencionismo del Grupo de Lima, así como el envío de armas de Mauricio Macri para apoyar al gobierno de facto, hechos que deberán ser esclarecidos, y que tendrán gran incidencia en la geopolítica del continente.
El Presidente Arce anunció que, siguiendo la recomendación del GIEI, se va a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerzas de represión paralelas al Estado, e instó a la Asamblea Legislativa a aprobar, a la brevedad posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de DD. HH. En el acto, emocionada, la ciudadanía coreaba: “No es venganza, es Justicia”. Así sea.
