Víctor Ferrigno F.
Estamos contigo, Juan Francisco Sandoval, héroe de la justicia.
De 2015 para acá, el país ha retrocedido significativamente en materia de transparencia, anticorrupción, lucha contra la impunidad y consolidación del aparato de administración de justicia. Los pocos avances logrados desde la firma de la Paz han sido socavados de manera sistemática por una alianza criminal que, el viernes 23 de julio, dio un nuevo zarpazo al lograr que Consuelo Porras, fiscal general (con minúsculas) destituyera ilegalmente a Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI, con mayúsculas). El retroceso es proporcional a la dejadez ciudadana.
Además, el Pacto de Corruptos apunta sus baterías en contra del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y contra jueces probos, como Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, a quienes expreso mi solidaridad y apoyo. Esta ofensiva político-institucional tiene como propósito asegurarse impunidad absoluta, defenestrando a los operadores de justicia que actúan con ética, valentía y apego al Derecho.
En medio de esta bacanal de impunidad, Consuelo Porras, Alejandro Giammattei, la Chuchi Valdés, Molina Barreto, Allan Rodríguez y una larga lista de operadores de los poderes fácticos perdieron el cálculo político, acelerando el hartazgo de la ciudadanía, que el lunes salió a las calles a protestar contra la impunidad y ha llamado a un paro nacional para el próximo jueves 29 de julio. Incluso el CACIF, emitió un tibio comunicado, llamando a la fiscal general a fundamentar su decisión, y a presentar resultados tangibles en la lucha contra la corrupción. Se ha iniciado el declive del pacto de corruptos.
En el ámbito internacional la condena ha sido unánime, reclamando la reinstalación del fiscal Sandoval, y reconociendo su encomiable labor al frente de la FECI. Desde el Secretario General de la ONU, pasando por diputados, senadores y funcionarios del más alto nivel del gobierno de Estados Unidos, han condenado el despido de Juan Francisco y, rompiendo con todo protocolo diplomático, han suspendido su colaboración técnica y financiera con el Ministerio Público (MP), por haberle perdido la confianza a la fiscal general. Más claro, imposible.
Además, han afirmado que ella respondió a presiones superiores, refiriéndose evidentemente a Alejandro Giammattei, lo cual coincide con las declaraciones del Fiscal defenestrado, quien aseveró que “el pecado” fue investigar a autoridades del Gobierno de Guatemala, presentando indicios de ilícitos que llevan al presidente del país.
Con su decisión, Consuelo Porras está muerta políticamente. Ante la ofensiva política, nacional e internacional, Giammattei tomó distancia de ella y públicamente afirmó que es la fiscal general quien debe responder por el despido de Sandoval. Es decir, su reelección no se dará, objetivo por el cual ella se plegó a todos los requerimientos del mandatario, quien ahora la traicionó.
Del closet de la fiscal general han comenzado a salir muchos cadáveres, como las denuncias de Sandoval sobre cómo ella aceleraba o frenaba investigaciones de casos, según le conviniera a sus aliados. También se ha denunciado que del despacho superior se traslada o vende información a los perseguidos penalmente, o sus casos son reubicados en fiscalías afines, para procurarles impunidad. Para colmo, el profesor guatemalteco Marco Fonseca, del Glendon Collage, ha presentado evidencias que la tesis doctoral de Porras es plagiada, carece de consistencia investigativa, y que la línea de tiempo entre su maestría y doctorado no es congruente. Por todo ello, debe dejar el cargo.
La presión y criminalización contra Juan Francisco Sandoval ha sido brutal, pero fue la chispa que encendió la protesta social. Como rezan los versos de Luis de Lión: “Tanto ruido para acallar una voz/ Tanto cobarde contra un solo valiente”. Pero no está solo, pues la ciudadanía “ha convertido la piel de toda Guatemala/ en cuero de un enorme tambor de guerra”.
