El bienestar de la población tiene muchas aristas que confluyen en la salud integral. Ahora que se acaba de presentar el presupuesto nacional para el 2025, conviene reflexionar en la importancia de invertir en mejorar la salud de los guatemaltecos, como una forma de impactar positivamente a las personas e impulsar su desarrollo económico.
Para la Organización Mundial de la Salud, la inversión de los países en salud pública debe ser como mínimo el 6% del PIB y en Latinoamérica el promedio llega apenas al 3.5%. En el caso de Guatemala, el promedio invertido en salud en los últimos años ha rondado el 2.5%; muy lejos, por ejemplo, de lo que invierten los países OCDE que llega a un mínimo de 9%.
Pese a tener la inversión más baja de la región, la economía de la salud en Guatemala tiene efectos multiplicadores, ya que, a lo largo de toda su cadena de valor, genera empleo, bienestar e ingresos que representan un 8% de nuestro Producto Interno Bruto. Vista en términos económicos, la economía de la salud representa el 6% de la fuerza laboral formal del país, generando más de 380, puestos de trabajo según un estudio realizado por el instituto alemán WifOR.
La inversión en salud, tanto de los gobiernos como de las personas, tiene impacto sobre el presente y el futuro de la población en cuatro áreas: los ingresos, la productividad, el capital humano, y la esperanza y calidad de vida.
Por todas estas razones, la salud debe ser vista como una inversión y no como un gasto. Está demostrado que la prevención de enfermedades es mucho más rentable que la ejecución de los tratamientos, y que mejorar la cobertura sanitaria, la atención primaria y el acceso a intervenciones médicas tempranas reduce los costos para los sistemas de salud y aumenta las posibilidades de las personas de ser más sanas y productivas.
Resulta alentador el enfoque que han manifestado las autoridades gubernamentales, de pasar de ser proveedores a promotores de la salud, a través de programas más integrales que incluyen la detección temprana, vacunas, tamizaje, capacitación al personal y un presupuesto adicional de Q6.1 millones desinados a la atención de enfermedades crónicas no transmisibles y al cáncer. Esto, sumado a la aprobación de la ley para la atención del cáncer y la posibilidad de tener un hospital especializado para pacientes con este padecimiento, ubican a Guatemala en el camino correcto.
Se estima que las intervenciones sanitarias en las primeras etapas de la vida de una persona pueden aumentar los ingresos en el futuro en un 46%, según el estudio realizado en nuestro país. Así que la idea de asignar presupuesto para el programa de salud escolar dirigido a la población estudiantil del sector público está claramente respaldada. En un mundo en el que cada vez hay más incidencia de enfermedades crónicas, conviene asegurar el acceso a los servicios de salud para la mayoría de la población guatemalteca e incluso ir más allá, dando cabida a innovaciones en los procesos para atraer tratamientos innovadores, fortalecer las alianzas público – privadas, y utilizar las herramientas tecnológicas a nuestro favor.
