Sergio Penagos
La Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República emitió dictamen favorable a la iniciativa de ley 6189, la cual dispone aprobar la aplicación del recurso de gracia o indulto a la pena de muerte. En la propuesta se señala que el presidente, bajo su responsabilidad, puede determinar la aplicación de la pena capital a los condenados en procesos judiciales, a quienes se les haya impuesto la referida sanción. Asimismo, se explica en el artículo 4 que las causas por las cuales se pueda otorgar el indulto serán aquellas contempladas por la política criminal y social del Estado, consistentes en factores de interés social que se deriven de la conducta del sentenciado. Según establece el artículo 28, se busca que la iniciativa sea declarada de urgencia nacional, aprobada con el voto favorable de un número mayor a dos terceras partes del total de los diputados que integran el Congreso de la República, y entraría en vigor un día después al de su publicación en el diario oficial.
El 23 de febrero último, la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República, informó que se realizará una consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC), antes de proceder a emitir un dictamen con referencia a la aplicación de la pena de muerte. El diputado Herbert Figueroa, presidente de la referida sala legislativa, indicó que dentro del análisis que se desarrolló un día antes, se acordó citar al ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, y a expertos en temas de seguridad; así como realizar una consulta a la CC para obtener mayores argumentos al respecto. «El punto clave fue la discusión del indulto, de la pena de muerte, y no llegamos a ningún acuerdo. Fue un debate muy enriquecedor, por tener las opiniones de diferentes representantes; sin embargo, acordamos ahondar más en el tema», explicó. La iniciativa fue propuesta por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera y respaldada por aliados del oficialismo, que la apoyaron con 6 de votos de Vamos, 1 de FCN y 1 de Unionista. En contra votaron 2 de UNE, 1 de UCN y 1 de BIEN.
Por su parte, el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova, indicó que no comparte la aprobación de la iniciativa que busca la reactivación de la ejecución de la pena de muerte ya que, como institución, no apoyan esa medida, afirmando que: como persona particular, procurador de los derechos humanos y como institución, siempre apelarán porque se respete el derecho a la vida. No estaríamos de acuerdo con la pena de muerte. Como institución humanitaria que somos, no podríamos compartir este criterio. Basó su argumentación indicando que su oficina se rige por principios fundamentales que están establecidos en los primeros artículos, sobre el derecho a la vida, de la Constitución. La Comisión que promueve el restablecimiento de la pena de muerte, está conformada por representantes de todas las bancadas del Congreso de la República.
Por su parte, el díscolo presidente Giammattei pidió la reactivación de la pena de muerte el 27 de enero pasado, durante el acto de graduación de más de 2 mil nuevos agentes policiales y en pleno proceso electoral, con la intención de captar votos para su partido, olvidando su discursito de provida, para congraciarse con los fanáticos cristeros y jesuseros.
En 2004 durante la gestión de Alfonso Portillo se derogó el decreto 159 que permitía al mandatario suspender o no la ejecución de un condenado a muerte, por lo que desde entonces existe un vacío legal sobre el indulto para impedir su aplicación. Además, la Corte de Constitucionalidad de 2017, emitió una resolución que eximió de la pena capital los delitos de: parricidio, asesinato, plagio, secuestro y desaparición forzada.
No obstante, diputados de la bancada Valor proponen desde 2022 «delimitar la imposición a las condiciones materiales del acto perpetrado y no a las condiciones personales del delincuente, para subsanar la subjetividad en las normas y no contrariar la Convención Americana de Derechos Humanos», según un proyecto que presentaron en mayo de 2022.
El mandatario, como es su costumbre, cuando le conviene manifiesta estar dispuesto a aplicar la pena de muerte. «Ojalá el Congreso de la República, le devolviera lo que la Constitución le dice (sic) al Presidente de la República, el derecho del recurso de gracia, para que la aplicación de la pena de muerte en Guatemala pudiera ser efectiva, porque no me temblaría la mano que si son condenados o llevados a la pena de muerte a los que mataron a esa niña de 7 años recientemente en Villa Nueva, no me temblaría la mano en denegar el recurso de gracia y que paguen con su vida los desgraciados que le desgraciaron la vida, no solo a la niña sino a toda su familia». La pena capital ha sido el arma más utilizada por las dictaduras.
