Sergio Penagos
Un círculo es una superficie limitada por una circunferencia que se genera a partir de un punto fijo llamado centro. Del centro salen las líneas que lo unen con la circunferencia perimetral. De manera que lo más importante del círculo es su centro. Si se elimina el centro el círculo desaparece.
Los Jefes del Ejecutivo (Presidentes y Primeros Ministros) hace tiempo que se han rodeado de instituciones de apoyo para desempeñar sus funciones. Entre las que se encuentran los llamados centros de gobierno, organizaciones que pueden definirse por su estructura o por su función. En el primer caso, el criterio definitorio es la posición que el centro ocupa en la estructura del Poder Ejecutivo. Por su función, se refiere a la realización de tareas del gobierno, especialmente en materia de planificación, coordinación, monitoreo, gestión política y comunicación. El actual gobierno introdujo esa estructura para cumplir ambas definiciones, como lo indicó Miguel Martínez en una citación del Congreso: “El Centro de Gobierno es una institución que coordina y apoya las prioridades presidenciales. Centro de Gobierno cuenta con 14 delegados presidenciales que tienen acercamiento con cada ministerio para articular de mejor manera las prioridades que el Presidente así requiera». Durante la citación, Martínez detalló que el Centro de Gobierno se integra por delegados presidenciales. Cada uno de ellos forma parte de un comité de gestión en los 14 ministerios, y está integrado por un viceministro y tres directores”.
Por las críticas recibidas a su errática administración, el presidente, aprovechando su desfachatez, estulticia y mendacidad, declaró clausurado el centro de gobierno, pero en realidad sólo lo fortaleció para operar en la ilegalidad, desde donde sigue funcionando con mayor poder ampliando el círculo de su influencia, hasta incluir a todo el aparato del gobierno, la universidad y, lo que faltaba, la PDH.
¿Cómo romper este círculo? Eliminando el centro. Esto es algo que se vislumbra muy difícil en la actual coyuntura. Ser víctima de la corrupción tiene efectos perjudiciales sobre las percepciones, actitudes y valores democráticos de la ciudadanía. La victimización por corrupción puede servir de indicador objetivo para la medición del fenómeno, si es posible cuantificar la frecuencia con que se producen los casos de corrupción, en las diferentes actividades del servicio público.
La corrupción se agudizó con la llamada apertura democrática, con el establecimiento de las reglas político-electorales que siguen vigentes. El proceso de retorno a la democracia se gestó en los años 1983 y 1984, cuando el alto mando del Ejército fue presionado para entregar el poder a los civiles, haciéndolo bajo una serie de consideraciones. Para esa época la represión había eliminado a los partidos políticos existentes y sus dirigentes, con excepción de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). Así, el proceso electoral de 1985 se convocó sin un sistema de verdaderos partidos políticos como ocurre en la actualidad. Ahora existe un sistema electoral amañado y dirigido por Miguelito y sus huestes. La inexistencia de partidos políticos verdaderos, es un lógico resultado de las tendenciosas disposiciones la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
Para completar este complejo panorama, la LEPP estableció un sistema para seleccionar candidatos, totalmente ajeno a la participación ciudadana. No son los electores quienes eligen a los candidatos, sino las estructuras partidarias que responden a los intereses económicos y políticos dominantes. En este modelo, el Congreso de la República posee el mayor poder en la estructura del Estado de Guatemala, gracias a las funciones que le confirió la Constitución de 1985: fiscalizar a los ministros del poder ejecutivo, nombrar a los magistrados del poder judicial y del Tribunal Supremo Electoral, las Cortes y a otros funcionarios clave (artículo 165), y de aprobar, improbar o modificar el presupuesto nacional (artículo 171), además de otras funciones, en las que paulatinamente está metiendo las manos el Centro de Gobierno.
Esta combinación de sistemas de financiamiento electoral, con participación de la organización empresarial y la organización criminal, en ocasiones unidas y sin una frontera claramente definida, con su tremendo poder e irrespeto a la ley, ha sido fatal para la democracia guatemalteca. La parodia de elecciones, carnavalescas y pintorescas, propicia una acelerada actividad para armar remedos de partidos políticos, con la intención de participar en la repartición de curules y alcaldías municipales, confiados en alcanzar algo de las sobras del fraude, que es la principal tarea del Centro de Gobierno. Los fabricantes de partidos políticos crean opciones para las elecciones, después se acoplan al sistema. Al final, el ciclo financiamiento-corrupción sigue funcionando con sus diversos niveles: el financista oculto, el dirigente político visible, los candidatos mintiendo y los electores vendiendo o regalando el voto.
Este criminal modelo electoral viene funcionando desde la transición a la democracia. Eliminar el centro de ese círculo vicioso, es la enorme tarea que tiene frente a sí la ciudadanía, para ello cuenta con la poderosa arma del voto informado y consciente.
