Ayer entró nuevamente en vigencia el Título 8 del Código de Estados Unidos, dando fin con ello al Título 42 que fue una norma sanitaria aplicada durante el contexto de la pandemia de Covid-19, en el cual el gobierno de Donald Trump se amparó para expulsar de ese país a miles de migrantes. Tampoco es que el retorno al título 8 signifique cambios en la forma en que las y los migrantes son tratados, así como tampoco implica que el ingreso a Estados Unidos será sencillo y humano.
A pesar de que el gobierno estadounidense ha dicho que dará asilo a 100 mil personas procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, el proceso a seguir para que esto sea posible es determinante, como el hecho de que estas personas tengan familiares en Estados Unidos, se movilicen hacia allá por aire y hayan realizado previamente la solicitud en línea, un procedimiento que se contrapone a la realidad de miles de migrantes, que por las condiciones de las cuales huyen de sus países, no podrán cumplir.
Con la vigencia del Título 8 también se prevé el retorno a las sanciones contra quienes luego de ser deportados intenten ingresar nuevamente a Estados Unidos y las autoridades ya han advertido un endurecimiento de las penas que se impondrán contra quienes intenten o hayan ingresado a ese país de forma “ilegal”. Días y horas antes del cese del Título 42 la frontera con México fue ocupada por miles de migrantes en búsqueda de una oportunidad de ingreso, sea con el fin del Título 42 o con la entrada en vigor del Título 8, lo que lamentablemente para la mayoría no ocurrió.
Haciendo más difícil el mecanismo de ingreso a este país no es la solución, ya que la migración que procede de países empobrecidos y colonizados responde a problemas histórico-estructurales, que obligan a las personas a desplazarse forzadamente para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Para que esta situación cambie, los países de origen deben cambiar en cuanto a sus políticas y el derecho de sus ciudadanas, ciudadanos a tener una vida digna.
Guatemala es uno de los países de Centroamérica que más expulsa a sus ciudadanas y ciudadanos como resultado de la desigualdad y la corrupción. Tragedia tras tragedia se van sumando en la larga lista de atrocidades que las y los migrantes viven en su trayecto hacia Estados Unidos, un país que insiste en aplicar leyes de limpieza antimigrante, amparadas en un racismo que sigue negando el gran aporte que las y los migrantes dan a ese país que a toda costa busca expulsarles.
Mientras tanto acá, personajes espurios como Sandra Jovel, exministra de Relaciones Exteriores en el gobierno de Jimmy Morales, que actualmente busca ser electa como diputada, se llena la boca diciendo que Guatemala no vive de las remesas que envían las y los migrantes, algo que además de ser una falsedad denota el enorme desprecio que los malos políticos tienen contra quienes sostienen a miles de familias con su trabajo.
