Sandra Xinico Batz
Impedir que la población acceda a información es violencia, porque el control ideológico tiene como objetivos influir en la opinión de las personas y con ello intencionadamente intervenir o ser un obstáculo para la generación de pensamiento crítico, lo cual es grave pues éste es una fuente importante para combatir la impunidad, una herramienta poderosa para la fiscalización y denuncia de actos de corrupción y otras injusticias.
¿Qué interés tiene el gobierno y sus funcionarios en bloquear el acceso a información verídica a la población? No tiene solo uno, tienen muchísimos, porque impidiendo que circule información sobre el actuar del gobierno y obstaculizando el trabajo del periodismo independiente, se busca provocar un circuito mediático con el que tratan de legitimar la impunidad desde el silencio forzado.
Estamos hablando de que nuevamente el trasfondo de este problema no es legal sino político y que, al ser político, las leyes servirán para que la criminalización sea un mecanismo efectivo que acalle a quienes se atrevan a contrarrestar el sistema. Es un problema que afecta no solo a la prensa, sino que, a toda la población, que es a la que se busca impactar al limitar el derecho a la libre expresión del pensamiento.
Nuevamente la prioridad del gobierno es atacar y perseguir penalmente a quienes ventilan o ponen en evidencia su verdadero actuar, uno que está muy alejado a lo que la población necesita para mejorar sus vidas, uno que sigue tocando niveles profundos de criminalidad.
La criminalización está cumpliendo un papel fundamental en la instauración del silencio y la inacción, no solo en contra de periodistas y columnistas, sino también en contra de quienes defienden otros derechos, como el territorio, o el derecho a la energía eléctrica y su nacionalización, tal como está ocurriendo con la intención del Congreso de la República de aprobar la iniciativa de ley 6181 (que se encuentra en primer debate), que pretende aumentar multas y que exista pena de cárcel, alrededor de delitos que provengan de lo que han definido como “Hurto de fluidos cometido por grupo delictivo organizado u organización criminal”, con lo cual abiertamente están arremetiendo contra la lucha que impulsan decenas de comunidades organizadas para frenar los abusos que devienen de la privatización de este servicio.
Este Estado, que es fallido para muchos, pero funcional para unos cuantos, se ha encargado de crear leyes para atacar a la población en lugar de protegerla y garantizarle el acceso digno a los servicios básicos y no se esfuerza ni tantito para disimularlo, es el cinismo en su máxima expresión, es la naturaleza del Estado colonial y por eso urge que cambie el modelo.
Tres años pasaron las escuelas e institutos públicos sin presencia de estudiantes y cuando regresaron el dinosaurio no solo seguía allí, sino que estaba más deteriorado, sin escritorios, sin agua, con la infraestructura destruida, sin mantenimiento, sin aulas. Así es también el empobrecimiento, no solo se está allí viendo el tiempo pasar, con los años éste, además de empeorar, provoca otras crisis.
