Sandra Xinico Batz

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Han pasado diez meses desde que el Congreso de la República decretara el 9 de marzo como el “Día por la vida y la familia” y que declararan a Guatemala como “Capital Provida de Iberoamérica”; a casi un año de esto, las cifras demuestran que el gobierno de Giammattei, y sus funcionarios serviles, son y han sido el principal obstáculo para generar condiciones que verdaderamente permitan una vida digna a la población. Está por terminarse este gobierno y eso de proteger la vida no fueron más que palabrerías, que le han costado la vida a cientos de personas, tanto por el hambre como por la violencia e injusticia.

Ningún país, ninguna sociedad, que se jacte de proteger la vida incondicionalmente, registra en un par de días la desaparición de 17 niñas y niños (tal como ocurrió entre el 31 de diciembre y el 1 de enero en Guatemala); tan solo del 2 al 8 de enero de 2023 se generaron 99 alertas Alba-Keneth por la desaparición de niñas, niños y adolescentes, de las cuales 54 siguen activas; en 2022 fueron generadas más de 5,400 alertas según datos de la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth.

El Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público reportó que durante 2022 se recibieron 197 denuncias diarias por delitos en contra de la niñez y mujeres, haciendo un total de 82,168 víctimas registradas. Los delitos que más fueron denunciados son: violencia contra la mujer (52,477 víctimas registradas), maltrato contra niñas, niños y adolescentes (8,918), violación sexual (8,805) y agresión sexual (4,392); 532 mujeres fueron víctimas de femicidio y muerte violenta, lo cual implica que por estos delitos el año pasado más de una mujer fue asesinada al día. Del 1 al 7 de enero de 2023 se activaron 43 alertas Isabel-Claudina por la desaparición de mujeres; según datos del Observatorio en promedio se activan 5 alertas al día.

Nada justifica estas cifras, se trata de miles de vidas truncadas y trastocadas por la violencia patriarcal, que está completamente ligada con la situación de empobrecimiento y desigualdad del país; una violencia que es encubierta y provocada por el mismo Estado colonial que se empecina en mantener una ideología fundamentalista, que incentiva la violencia contra las mujeres, la cual es alimentada por la impunidad que existe alrededor de los delitos que se cometen contra las mujeres y niñas por ser mujeres.

Según la plataforma vivirsinviolencia.com de las denuncias por violaciones iniciadas entre el 2017 y 2018, 17,060 fueron víctimas mujeres, de las cuales el 33% eran niñas o adolescentes menores de 15 años y que de estas hasta junio de 2022 únicamente el 10% había llegado a una sentencia. El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva -OSAR- registró de enero al 28 de octubre de 2022 1,920 embarazos en niñas de entre 10 a 14 años.

En dos semanas de este nuevo año gregoriano ya se perpetraron 3 femicidios y se han registrado 980 denuncias por delitos cometidos en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

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