Sandra Xinico Batz
Con 15 votos a favor Consuelo Porras fue incluida ayer en la nómina de seis candidatas y candidatos a Fiscal General y jefe del Ministerio Público, del cual el presidente tiene hasta el 17 mayo para elegir a quien ocupará el cargo durante el período de 2022 a 2026. Fue totalmente evidente que la inclusión de Porras se dio en un contexto fraudulento de negociaciones y coerción, que terminó de consolidarse con el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (presidida por Dina Ochoa), con el que se ordenó a la Comisión Postuladora completar la nómina, aplicando criterios meritocráticos con el cual se hacía alusión a Porras, que fue una de las postulantes “mejor” calificada.
En este mismo contexto de presiones y coerción, la Fundación Contra el Terrorismo denunció penalmente a las y los siete comisionadas y comisionados (decanas y decanos de universidades) de la Comisión de Postulación que no habían votado a favor de Consuelo Porras, aduciendo abuso de autoridad e incumplimiento de deberes; dicha denuncia fue presentada por Ricardo Méndez Ruiz, un personaje espurio y perverso, que se ha dedicado a hostigar a funcionarias y funcionarios que se han destacado por romper o no alinearse con el pacto de corruptos y contra quienes constantemente arremete con amenazas o acusaciones falsas a través de su cuenta en Twitter. No queda duda de la estrecha relación de Méndez Ruiz con la administración de Consuelo Porras, que incluso ha tomado como referencia de su actuar en el Ministerio Público las publicaciones que Méndez Ruiz realiza en Twitter (sobre esto puede leer la nota publicada por el Diario La Hora, titulada “Méndez Ruiz, nominado por EE. UU., dictaba acciones de Consuelo Porras, publicada el 28 de julio de 2021).
Consuelo Porras, ha sido una aliada perfecta de la impunidad y la corrupción del Estado colonial, blindándose con la protección que le otorgan quienes han sido privilegiados y resguardados con su administración, siendo uno de estos el mismo presidente de la república, en esto es que radican sus “méritos”, en ser una funcionaria servil a los intereses de los criminales que mantiene cooptada la estructura del Estado, prestándose a hacer el trabajo sucio de desmantelar la poca institucionalidad que había sido instaurada para combatir la putrefacción que carcome al Estado guatemalteco.
Es así que una vez más el Estado colonial nos demuestra que no tiene otra solución más que ser destruido, porque por sí mismo no se transformará, porque es algo que no le conviene a toda esta retahíla de parásitos que se benefician del saqueo de los recursos del Estado, que son generados con nuestros impuestos y con nuestro trabajo. Estamos alimentado a un estrato de la sociedad que se dedica a empobrecernos.
Está sabido que cualidades como la ética y honestidad jamás prevalecerán en el actuar del Estado colonial porque este mismo se encarga de suprimirlas; acabamos de estar nuevamente frente a un proceso que de democrático solo tiene el nombre, en el que además de presión también circuló dinero, negociaciones inimaginables.