El 30 de marzo, tres mujeres q’eqchi’ fueron sentenciadas a 75 años de prisión inconmutables por el asesinato de 3 marines, ocurrido el 3 de septiembre de 2019, cuando estos eran parte de un grupo de nueve militares que ingresaron armados y con pasamontañas a la comunidad Semuy II, una aldea de El Estor, Izabal, que es una de las varias comunidades que han quedado atrapadas entre las decenas de kilómetros del monocultivo de palma aceitera, pertenecientes a la empresa Naturaceites S. A.
El Ministerio Público acusó a Olivia Mucú Ich, Angelina Coy Choc y Rosa Ich Chi de haber desarmado y retenido a los nueve marines y de esto deriva la sentencia emitida por la jueza Eva Marina Recinos Vásquez, del Tribunal de Mayor Riesgo “E”, que las condena a 75 años de cárcel por el asesinato de los tres marines a pesar de que no existen pruebas que lo demuestren.
Ese 3 de septiembre de 2019, el día que el grupo de militares irrumpió en la comunidad, iban supuestamente rastreando pistas clandestinas y una aeronave ilícita relacionadas con el narcotráfico y tras el asesinato de los tres marines, se justificó el Estado de Sitio impuesto en 22 municipios del país, decretado por el entonces presidente de la república Jimmy Morales, quien se encargó de hacer el show de cargar ataúdes y condecorar a los militares como “héroes”, no en balde su gobierno era del FCN, un nido de narcomilitares rancios, que funciona como el brazo armado de finqueros y empresas extractivas, a modo de crimen organizado, que sigue disponiendo de la institucionalidad del Estado para asechar, hostigar y criminalizar a las comunidades. No, no iban tras la droga, ni tras los narcotraficantes, ni tras pistas de aterrizaje que evidentemente no existen en la comunidad de Semuy II; a esos criminales no los agarran y tampoco los enjuician o encarcelan, porque en el Estado colonial racista quien paga (o pone el dinero) manda.
Para los pueblos originarios, para las mujeres de pueblos originarios, para quienes luchan por sus derechos, el sistema de justicia racista, patriarcal y colonial, es un instrumento castigador que funciona para coaccionar y reprimir a quienes se contrapongan al ciclo de despojo y saqueo. A 500 metros (aproximadamente) de Semuy II se encuentran los restos de las estructuras que formaban parte de la ciudad antigua Chajmaik, un asentamiento que data de la época maya “Clásica”, la cual ha sido destruida en gran parte por el monocultivo de la palma aceitera de Naturaceites S. A., cuya maquinaria ha atravesado montículos sin que exista alguna consecuencia legal por dañar el patrimonio, ya que las grandes empresas gozan de la protección que les da la “propiedad privada”, la cual para llegar a ser privada primero fue tierra robada al pueblo q’eqchi’ que ha vivido allí por miles de años, tal como lo demuestra la ciudad de Chajmaik registrada como “sitio arqueológico” por el Estado.
Cuánta injusticia y desigualdad pueden caber en este país tan pequeño, tan racista como inaudito.
