Sandra Xinico Batz
Tan solo en el departamento de Alta Verapaz se han registrado 22 denuncias a 22 maestros del sector público, por violaciones cometidas en contra de niñas q’eqchi’ y poqomchi’. El pasado 14 de septiembre se marcó un precedente, ya que Armando Filiberto Vaidez Juárez, conocido como “El Profe”, fue el primero de estos 22 profesores en ser juzgado y condenado a 27 años y 8 meses de prisión inconmutables, por haber violado continuadamente, durante años, a una niña q’eqchi’.
Armando Filiberto Vaidez Juárez se blindó y se mantuvo impune a través de la influencia que ejercía localmente como maestro, como director de Coordinación Departamental del Ministerio de Educación y como bombero. Durante el desarrollo del juicio, la defensora de “El Profe” responsabilizó a la madre de la víctima por la violación cometida por su defendido y acusó a la niña de no dar especificaciones amplias de la violación que sufrió; lamentablemente esta es una postura recurrente en la sociedad guatemalteca, con la cual se legitima la violencia hacia las niñas y mujeres, provocando consecuencias devastadoras para la integridad de las mujeres, que cotidianamente se enfrentan a la misoginia de este país.
El 15 de mayo, en este espacio de opinión, escribí una columna titulada “Depredadores”, en ella mencioné algunos ejemplos de las múltiples denuncias que han existido por violaciones cometidas por docentes, en establecimientos educativos de distintas partes del país, haciendo énfasis en los 977 maestros que han sido denunciados por delitos sexuales en los últimos cinco años y los 31 maestros que estando ya condenados por agresión sexual, seguían en ese entonces trabajando en el Ministerio de Educación, institución que únicamente había tomado como “medida” la reubicación de estos maestros a áreas administrativas, sin embargo nunca fueron sancionados o despedidos a pesar de representar una amenaza a la integridad de niñas, adolescentes y mujeres.
El 22 de abril de este mismo año, el maestro Cristian Andrés García Zamora fue condenado a 25 años de prisión inconmutables por haber violado a una estudiante, además de maestro también era piloto del autobús escolar, lo cual aprovechó para agredirla reiteradamente. El 13 de septiembre, en una nota elaborada por Evelyn Boche, publicada en “elPeriódico”, se describe la batalla emprendida por una joven para obtener justicia, luego de haber sido violada (continuadamente) por profesores en la jornada vespertina del INEB de San Lucas Sacatepéquez, quienes fueron beneficiados con medidas sustitutivas y el Ministerio de Educación (como en otros casos) únicamente los trasladó de establecimiento. En dicha nota también se hace mención de las prácticas maliciosas de Claudia Paniagua en favorecer a violadores, postergando audiencias y minimizando las violaciones a agresiones sexuales para que los denunciados tengan derecho a medida sustitutiva y con ello no ir a prisión.
27 años de prisión no son suficientes, se necesitan acciones contundentes tanto de parte del Sistema de Justicia como del Ministerio de Educación, que en primera instancia debería ser completamente intolerante a este tipo de delitos, marcando precedentes reales y no continuar protegiendo a violadores.
