Sandra Xinico Batz
El 10 de junio el Ministerio de Cultura y Deportes y la Comisión de Cultura del Congreso de la República, presentaron la Iniciativa de Ley para el Rescate del Patrimonio Prehispánico, cuyo punto medular según indicaron, será la creación de un fondo específico de Q150 millones anuales para ejecutar y desarrollar los proyectos del Plan Nacional de Rescate del Patrimonio Prehispánico. Hasta el momento, ni la Iniciativa de Ley, ni el Plan Nacional se han dado a conocer en su totalidad y su elaboración estuvo reducida a un par de actores, lo cual no solo causa duda sino que principalmente desconfianza, ya que el patrimonio milenario de los pueblos originarios ha sido un botín para empresarios, funcionarios del Estado y académicos, quienes constantemente se han opuesto a que los pueblos mayas administren su propio patrimonio, ya que prevalece la idea racista de que los pueblos son incapaces de hacerlo, lo cual también tiene que ver con la percepción racista que se mantiene alrededor del concepto de patrimonio, al que tan solo seguir llamándole “prehispánico” denota que es más de lo mismo, de la misma concepción racista que desvincula a los pueblos mayas contemporáneos de los antiguos, para seguir despojándoles de su historia, de lo que como descendientes nos pertenece, para seguir lucrando con nuestra cultura e identidad.
Según información publicada en la página web del Congreso, esta Iniciativa de Ley integrará al sector privado “en la conservación, rescate y mantenimiento de los sitios arqueológicos a través de incentivos fiscales con la exención de impuestos sobre la renta en proyectos contemplados en el Plan Nacional de Priorización de la inversión para la recuperación del patrimonio prehispánico”, esto preocupa porque ha existido una amenaza constante, de que el patrimonio antiguo de los pueblos mayas pase a ser controlado y administrado por empresarios, que se han caracterizado por poseer ostentosas colecciones privadas, cuyas piezas han sido saqueadas u obtenidas de proyectos extractivos que han destruido por completo ciudades antiguas y centros ceremoniales.
El Estado ha justificado constantemente la desprotección del patrimonio maya con la falta de recursos, situación que tiene que ver con la falta de voluntad del mismo Estado de invertir en ello y fiscalizar dichos recursos; hasta el momento no ha habido interés en promover la investigación, el resguardo y descentralización de la administración, lo cual se evidenció hace unos años al haber sido rechazada la “Ley de Lugares Sagrados” que buscaba vincular a los pueblos originarios con el control de su patrimonio.
No se puede discutir sobre patrimonio sin tener como elemento de análisis el racismo, ya que los pueblos han manifestado en distintos momentos su desacuerdo en otorgar al Estado todo el control de su patrimonio, ya que la idea de nación sigue estando permeada por el racismo y esto se evidencia en la desconexión que la misma población guatemalteca tiene con el patrimonio maya, que se evidencia con las concepciones que se tiene de estas en el mismo sistema educativo, que aún manejan términos como el de “ruinas”.
