A finales del siglo XX conocimos los casos de hambre, desnutrición y muerte, registradas en las regiones del denominado “Corredor Seco”, localizadas en Chiquimula, Jalapa, y Zacapa. Sin embargo, en la actualidad abarca unos 10,200 kilómetros en los departamentos de Quiché, Baja Verapaz, El Progreso, Guatemala, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa, e incluye unos 52 municipios.
El Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación, considera que en la última década se ha incrementado sensiblemente la sequía en territorios áridos y desérticos, en vinculación con la deforestación y cambios de uso del suelo para la ganadería. Se responsabiliza a la agricultura por la deforestación.
La pequeña agricultura que depende de las lluvias ha perdido más del 50% de sus siembras, lo que ha provocado fuertes pérdidas económicas y endeudamiento, además del incremento desmedido de los productos de la canasta básica, tales como el tomate, la papa, frijol, y otros.
Este flagelo se incrementó por el debilitamiento de la institucionalidad agraria ejercida por gobiernos que integraron el denominado “pacto de corruptos”, mediante el cierre y el desfinanciamiento de instituciones para favorecer a empresarios agrícolas, industria extractiva y monocultivos.
El cierre de la Secretaría de Asuntos Agrarios, que atendía casos de conflictividad agraria, hoy conduce a que los Conflictos Agrarios se asuman por vía judicial. El Fondo de Tierras se dedica al arrendamiento de tierras, en vez de promover el acceso a tierra, garantizando a los empresarios un ingreso de tierras ociosas.
Las empresas agrícolas son favorecidas por el sistema de Justicia, que promueve la persecución judicial de liderazgos campesinos e indígenas para su encarcelamiento; y se promueve la compra de alimentos a empresas que abastecen al Programa de Alimentación Escolar, dejando a pequeños productores sin esa oportunidad de participar en la licitación.
Aunque el gobierno de Bernardo Arévalo hace esfuerzos orientados a promover la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación, es urgente convocar a un espacio de articulación política que no se desgaste en diálogos y asuma las agendas que ya fueron creadas durante décadas de participación social.
Debe impulsar acciones de acceso a la tierra y reestructuración del Fondo de Tierras; programas para fortalecer la Economía Familiar Indígena y Campesina, y el diálogo agrario que fortalezca el desarrollo rural integral.
Además, es necesario impulsar una ruta de acción a fin de que campesinos e indígenas integren los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, a nivel comunitario, municipal y nacional de beneficio para las comunidades. La inversión pública debe beneficiar a las familias campesinas en el área rural, y cinturones urbanos de pobreza.
Con esas acciones los millares de familias azotadas por la pobreza extrema y el hambre puedan afrontar el flagelo que viven en el “Corredor Seco”.
