Samuel Flores

Periodista, fotógrafo y catedrático universitario, interesado en la recuperación de la memoria histórica del periodismo en Guatemala. Comprometido con la formación académica de la juventud mediante la investigación, verdad y justicia. Opositor a la corrupción, despilfarro y excesos cometidos por los gobernantes y funcionarios que se han enriquecido a base de la pobreza extrema de la población principalmente en el área rural.

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El gobierno anterior registró 247,103 niños menores de cinco años con desnutrición crónica en el 2023, vinculadas a varios factores como la falta de alimentos y hábitos alimenticios. Otra razón estructural de ese flagelo es la inseguridad alimentaria. Hasta el mes de agosto de ese año, el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, estima que en los 22 departamentos de Guatemala, unos 4.3 millones de habitantes padecen esa condición.

De acuerdo con estimaciones de UNICEF, «En Guatemala el 46,5% de los niños sufre desnutrición crónica, con un 3,4% de mortalidad infantil”. Las principales causas de la mortalidad infantil son la neumonía y las enfermedades diarreicas agudas, de las cuales el  54% están asociadas a algún grado de desnutrición.

Además, el informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, presentado en agosto 2022, reveló que la desigualdad es un referente en Guatemala donde el 59% de los 18 millones de habitantes viven en condiciones de pobreza.

Pese a esos indicadores, el año pasado, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, le fueron asignados Q1514.20 millones, con un recorte que alcanzó los Q36.64 millones, según el monitoreo a la ejecución presupuestaria que practicó el Instituto por la Democracia, de CONGCOOP.

El programa de Acceso y disponibilidad alimentaria, del MAGA, tuvo una asignación de Q522.55 millones, cuya ejecución fue criticada por denuncias vinculadas con asistencialismo y clientelismo político en año electoral.

Además, el programa agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina, tuvo una asignación de Q168.10 millones, cuyos recursos fueron dirigidos a la contratación de 2,899 extensionistas rurales (3 por municipio); sin embargo, de agosto a diciembre únicamente fueron contratados 215, generando duda sobre la efectividad de esa ejecución.

El informe destaca que el Fondo de Tierras es fundamental para la producción de alimentos, de esa cuenta el MAGA ejecutó Q149.29 millones, de los cuales, 32 millones fueron invertidos en arrendamiento de tierras, y Q27.35 millones para la compra, sin garantizar el acceso a ese bien natural a miles de campesinos en el área rural.

Los datos reveladores orientan a las actuales autoridades del MAGA a retomar e impulsar acciones estratégicas de fortalecimiento a la producción de alimentos, adquisición de semillas criollas, abastecimiento de insumos agrícolas, herramientas, acompañamiento técnico con pertinencia, impulsando el desarrollo económico de las mujeres campesinas e indígenas rurales.

La deficiente ejecución presupuestaria del MAGA que prevaleció durante el gobierno del partido Vamos, debe ser corregida por las actuales autoridades del MAGA a fin de combatir efectivamente el hambre y la desnutrición.

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