Con un congreso integrado por la mayoría de bancadas oficialistas, una proyección de recaudación tributaria subestimada, y el riesgo de cobrar vigencia el techo presupuestario del 2023, que asciende a unos Q118,173 millones, son riesgos que podrían obstaculizar la ejecución de programas orientados a fortalecer el gasto social destinado a cubrir las necesidades del 51% de la población vulnerable que habita el área rural y cinturones urbanos de pobreza.
Actualmente, la Comisión de Moneda y Finanzas del Congreso, integrada por 21 diputados de diferentes bancadas, analiza el proyecto oficial de presupuesto 2024, que asciende a unos Q124,800 millones. Además, se añade la solicitud del partido Semilla que eleva el techo presupuestario a Q126,600 millones, con un ajuste de unos Q1,800 millones, calculados sobre los ingresos tributarios. Ese instrumento debe ser aprobado a más tardar el 30 de noviembre de 2023.
Si el congreso no alcanza consenso en la aprobación de la propuesta oficial, entraría en vigencia el presupuesto del año anterior, lo cual significa un recorte significativo de al menos Q6,700 millones, pues el gobierno de Bernardo Arévalo que asumirá en 90 días tendría menos disponibilidad de recursos y readecuar su plan de gobierno lo cual repercutirá en la eficiencia y calidad del gasto.
Además, el ICEFI practicó una proyección de recaudación “conservadora”, tomando como base que al 31 de julio de 2023, la recaudación de impuestos alcanza unos Q57,300 millones, al fin de año podría alcanzar los Q100,300 millones. De allí se justifica la solicitud de incremento por Q1,800 millones que propone el partido Semilla, para anular la subestimación contenida en el proyecto de presupuesto oficial.
Un análisis a la estructura del gasto social contenido en el proyecto de presupuesto 2024, revela que básicamente tiene una estructura del 65% destinada al gasto corriente, otro 16% se irá a servicios de la deuda que incorpora amortización, comisiones e interés; otro 4% destinado a la inversión real que involucra espacios para infraestructura; y otros gastos de capital que alcanzan el 14%. Esa estructura fue aplicada por los diferentes gobiernos y para el año que viene sigue la misma tendencia. De esa cuenta, de cada Q100 que produce la economía en 2024, solo Q8.30 irían destinados a cubrir las demandas de salud que tiene derecho la población tales como acceso a la salud, educación, protección social, acceso a vivienda, recreación, cultura y religión, entre otros.
Si los diputados oficialistas salientes desean reivindicar –en algún grado- su nefasto proceder, esta es la oportunidad de aprobar un presupuesto que permita la disposición de recursos orientados a la construcción de puestos, centros y servicios de salud y abastecimiento de hospitales; así como la construcción de escuelas e institutos en el área rural, mantenimiento y recuperación de carreteras, seguridad y justicia, que el pueblo guatemalteco merece.
