Con 3,574 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, entre los que destacan más de 70 desalojos de familias, durante el 2022, se agudiza la venganza, criminalización y persecución en el 2023.
La ola de desalojos se mantiene constante como política para disuadir a campesinos e indígenas a desocupar tierras fértiles que en la mayoría de los casos son para la siembra de monocultivos y palma aceitera. Esta grave conflictividad se registra en mayor grado en el valle del río Polochic, y en las tierras bajas del norte, Chisec y Raxruhá, Alta Verapaz.
Esas acciones violentas empleadas por la PNC, el MP, los tribunales, en cómplice acompañamiento de funcionarios de la PDH, a petición de industriales y militares, incrementa la pobreza, y la inseguridad alimentaria de cientos de familias que pierden sus pocas pertenencias y sus siembras de subsistencia. Otro problema que afrontan las poblaciones y comunidades son los estados de excepción porque afectan directamente a mujeres, niños, comerciantes; criminaliza, frena las actividades económicas y sociales de las poblaciones en las que se imponen.
El triunfo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera del Movimiento Semilla, en la Segunda Vuelta de las elecciones 2023, representa una posibilidad de cambio para el campo y la ciudad.
De esa cuenta, las organizaciones integradas en la Coalición Nacional por la Tierra, CNT, recomiendan un diálogo nacional incluyente con los distintos sectores y pueblos que colabore y defienda el proceso de democratización y la liberación de las instituciones de justicia y demás entidades públicas.
El gobierno del Partido Vamos, y el entrante, deben atender a las decenas de comunidades que afrontan la violación de sus derechos, a la tierra y al territorio. Las madres solteras y mujeres jóvenes deben ser protegidas en forma integral.
Las familias campesinas e indígenas que habitan en el área rural, carecen de la cobertura de servicios de salud, educación, y únicamente disponen de sus tierras para sembrar y cosechar granos de consumo básico que les permite subsistencia. Esas familias merecen cobertura especial de instituciones como el MAGA; Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, y otras para sobrevivir. Al desalojarlos de sus comunidades son sentenciados a una lenta y segura condena de pobreza extrema.
El tema de los desalojos no es nuevo, las instituciones del estado lo han practicado hace varias décadas, tal como ocurrió con el desalojo de habitantes indígenas de la aldea Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz, a inicio de la década de los ochenta, cuando mujeres y niños fueron trasladados a la cima del cerro donde fueron masacrados por militares y comisionados militares; todo, porque obstaculizaba el avance de la construcción del embalse del río Chixoy, que alimenta la represa del mismo nombre. En la actualidad las élites empresariales y del agro, que buscan expandir sus dominios principalmente en la siembra de palma de aceite, azúcar, y otros productos de exportación, solicitan los desalojos ante los tribunales.
