Samuel Flores
Hasta julio 2019, la extinta Secretaría de Asuntos Agrarios, (SAA), contabilizó un acumulado de 1,547 casos de conflictividad agraria a nivel nacional: 1,062 relacionados a disputas de derechos, 56 a límites territoriales, 235 por usurpación y 194 por regularización. La SAA cuantificó un total de un millón, 382,172 personas que afrontan inestabilidad ante la incertidumbre de la resolución que pueda tener cada caso.
De acuerdo con análisis de la analista Miriam Suyuc, del Instituto por la Democracia, ID, de CONGCOOP y el CCDA, los Acuerdos de Paz firmados en 1996, crearon un fideicomiso para el acceso a tierras, Ley del Fondo de Tierras y su Reforma, Decreto número 24-99 del Congreso de la República y su reglamento acuerdo gubernativo 199-2000. Sin embargo, el Fondo de Tierras se fue debilitando presupuestariamente, con lo cual los más de 1,500 casos de conflictividad se han incrementado hasta hoy, dando paso a la persecución y criminalización.
Para el 2022, el programa Acceso a la Tierra del Fondo de Tierras, dispuso de Q164.61 millones, de los cuales devengó el 52.21%, alcanzando una baja ejecución de 32.23%. El MAGA apenas invirtió Q2.13 millones en la compra de tierras, y Q36.27 millones para el arrendamiento de tierras, dejando de ejecutar muchos recursos que servirían para detener la conflictividad agraria.
Con 47 agresiones registradas de enero a junio 2022, más la serie de violentos desalojos que se han practicado en comunidades de Alta y Baja Verapaz; y de El Estor, Izabal; el Estado incrementa su plan se persecución y criminalización de personas que defienden derechos medioambientales. De acuerdo con organizaciones campesinas e indígenas, el gobierno actual ha permitido 2,646 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Organizaciones comunitarias por medio de las redes digitales denunciaron violentos enfrentamientos entre la Policía y familias de ascendencia Q´eqchi´, de la comunidad Chapín Abajo, en El Estor, donde han sido capturados varios defensores del medioambiente, dejando sin posesión de la tierra a las comunidades indígenas.
En noviembre, el Comité Campesino del Altiplano, CCDA; y la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, UVOC; miembro de la Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Guatemala, denunciaron hostigamiento y criminalización en comunidades tales como Pancoc, Mojón, Moshanté, Calijá, Washington y Dos Fuentes, ubicadas en Las Verapaces.
En ese contexto, la PDH únicamente ha “verificado” el cumplimiento de la PNC, MP, Organismo Judicial, y el Ejército, el respeto a los protocolos nacionales en materia de desalojos en la finca Macho Creeck, Livingston; Izabal, y en la finca municipal Nueve Cerros, Cobán, Alta Verapaz.
Es preocupante la ola de desalojos que se incrementa no solo en el valle del río Polochic, pues existen más órdenes de expulsión por ejecutar en diferentes regiones del país.
La conflictividad agraria en esos y otros departamentos se incrementa, dejando a niñas, mujeres jóvenes, madres solteras, ancianos, con la destrucción y quema de sus humildes viviendas, en la intemperie al carecer de refugio, además de la pérdida de granos almacenados para subsistencia.
Es tiempo que el Estado impulse programas y políticas orientadas a resolver el creciente enfrentamiento derivado del desalojo de fincas y captura de defensoras y defensores de los derechos humanos.
