Samuel Flores
Con un déficit estimado de 2.45 millones de viviendas en Guatemala, y los materiales de construcción a precios inaccesibles, la población afectada se ve obligada a cohabitar en asentamientos en condiciones de miseria.
La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política Pública del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, registra e identifica unos 800 asentamientos precarios a nivel nacional, en terrenos marginales, ubicados debajo de puentes, orillas de ríos y laderas de barrancos. Sólo en el departamento de Guatemala, 60 están ubicados en áreas denominadas de “alto riesgo”.
A esa precariedad, hay que sumar el desmedido incremento en los materiales de construcción. Hoy el ciento de block se vende a Q335; el quintal de hierro de 3/8, de ½ y de ¼, están valorados en Q370 cada uno. El quintal de cemento cuesta Q84, una libra de alambre de amarre Q98, y la libra de clavo a Q10.
Pero también cada costanera de 4×2 utilizada en la construcción de techos se cotiza a Q190; una lámina calibre 26 (la más resistente), de 14 pies, vale Q190, y la de 12 pies con las mismas características cuesta Q162. El tapagoteras Sikaflex se cotiza en Q80; y las 150 unidades de tornillo polser de ¼, a Q150.
Mientras el rollo de poliducto de cinco metros se cotiza a Q50; una “caja rectangular para colocar tomacorrientes y flaploneras” a Q8 la unidad; codos y pegamento también han sufrido un incremento desmedido. A esta alza hay que sumar la encarecida “mano de obra”, al punto que maestros de obra, albañiles y ayudantes, cotizan su trabajo por “metro cuadrado”.
Con estos precios desmedidos aplicados por las ferreterías y distribuidoras de materiales de construcción en todo el país, más el precio de “flete”, los Q3,209.24 decretados por el gobierno por concepto de salario mínimo para actividades no agrícolas –con la bonificación incluida-; en Q3,122.55 para actividades agrícolas, y de Q2,954.35, para actividad exportadora y de maquila, es fácil comprender que casi dos millones de familias en el área rural, y 50 mil que habitan en cinturones de pobreza de las áreas urbanas, encuentran imposible aspirar a la compra de una vivienda digna.
El desempleo, la pobreza extrema y la ausencia de políticas de Estado y de gobierno para asistir a millares de niños, madres solteras, jóvenes y adultos mayores, las familias se ven en la necesidad de arriesgar su vida al habitar en zonas denominadas de “alto riesgo”, y a ocupar tierras ociosas.
Comprendemos que la pandemia por Covid-19, y la invasión de Rusia a Ucrania, presionan al alza los materiales de construcción; sin embargo, en la coyuntura actual en la que el Ejecutivo y diputados oficialistas del Congreso negocian el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el 2023, deben asignar recursos para atender la urgencia de vivienda a fin de evitar que las familias expongan sus vidas en asentamientos precarios y a orillas de ríos.
