Samuel Flores
Somos testigos de la persecución judicial implementada por funcionarios, magistrados, legisladores y políticos que integran el denominado “Pacto de Corruptos” contra periodistas y medios independientes que divulgan noticias vinculadas a la corrupción y que al gobierno le son incómodas. La Comisión de Libertad de Prensa de la APG condenó el grado de criminalización contra Emisoras Unidas, al observar un intento más de silenciar a los medios de comunicación. De acuerdo con esa comisión, en 45 días del 2022 se han registrado nueve agresiones de diversas formas contra la prensa independiente, lo cual demuestra la existencia de un plan premeditado para crear temor en el gremio a fin de evitar toda investigación y denuncia de hechos ilícitos que acontecen en esferas gubernamentales o en los centros de poder en Guatemala.
Recordemos que en 2020-21, -en medio de la pandemia por el Covid-19, el Ministerio de Gobernación, Mingob; la Policía Nacional Civil, PNC; magistrados de la CSJ, la CC, diputados oficialistas, así como funcionarios del Ejecutivo, mantienen una serie de agresiones, cateos, persecución judicial y otras formas de violencia contra medios y periodistas independientes.
La última acción de acoso se registró contra Diario La Hora, cuando las autoridades “querían hablar” con una persona que fungió como reportero para preguntar “el motivo y origen de la publicación “Filtración hace fracasar operativos del MP y la CICIG”, nota informativa publicada el 5 de agosto de 2019. La casa editorial fijó su postura amparándose en el artículo 35 de la Constitución: Ley de Emisión del Pensamiento, razón por la cual La Hora no está obligada a revelar las fuentes de información, datos personales de los autores, más cuando ese requerimiento parte de hechos públicos.
Otro caso que atenta contra la Libertad de Expresión lo constituye la persecución judicial en contra del presidente de elPeriódico, ingeniero José Rubén Zamora, por publicar investigaciones que vinculan a funcionarios con hechos ilícitos.
Agregamos la agresión y destrucción del equipo fotográfico del reportero gráfico David Sanchinelli, de Nuestro Diario, por parte de ex militares jubilados que irrumpieron y destruyeron parte de las instalaciones del Congreso el 19 de octubre de 2021. Siete reporteras, camarógrafos y fotoperiodistas también fueron agredidos.
Allanamientos ilegales que las fuerzas de seguridad practicaron en las viviendas de periodistas comunitarios durante el estado de sitio decretado en El Estor, Izabal y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. No podemos olvidar la agresión y destrucción de equipo fotográfico que agentes de reacción de la PNC ejecutaron contra el fotógrafo Carlos Sebastián, el 21 de noviembre de 2020.
Esa política de criminalización genera peligro para los medios de comunicación porque atenta contra la prensa, vulnera los principios que garantizan el derecho a la libertad de emisión del pensamiento y el libre acceso a las fuentes de información.
La Comisión de Libertad de Prensa de la APG, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP; la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, demandan al gobierno investigar las agresiones contra periodistas, así como repudiar esa política de criminalización y persecución judicial que hoy acecha al periodismo independiente en el país.
