Samuel Flores
El 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos. En Guatemala, destaca por el encarecimiento del costo de la vida, persecución, agresiones y capturas contra periodistas, violación constante a los derechos contra defensoras/es de los DD. HH., deficiente plan de vacunación en el área rural, un presupuesto 2022 sin transparencia, –con aroma a corrupción–, desempleo y sin acciones concretas para erradicar el trabajo infantil y falta de atención a las mujeres que se dedican a la Economía Agrícola Familiar y Campesina.
Son características que destacan debido a que el estado-gobierno se preocupa más por sus intereses político-partidistas y económicos, en vez de atender las violaciones a los derechos humanos a los que está sometida la población, principalmente en el área rural.
El Ejecutivo, Legislativo, Judicial, MP, CSJ, con aval del sector privado, se han dado a la tarea de impulsar políticas que afectan la economía de la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Existe preocupación por el recrudecimiento de violencia en contra de las personas defensoras del agua y del territorio, las comunidades Maya Q’eqchi’, el sector pesquero y las y los periodistas que ejercen su labor en el municipio de El Estor, Izabal. En especial, los múltiples allanamientos, actos de intimidación, hostigamiento, vigilancia y difamación que forman parte de una amplia estrategia de represión por parte del Estado de Guatemala, en contra de quienes han exigido el derecho a la consulta en El Estor.
Los Estados de Sitio también han sido implantados en Santa Catarina Ixtahuacán, y Nahualá, Sololá, donde la PNC ha realizado las mismas prácticas que en El Estor. Allanamientos ilegales, acusaciones y abusos contra madres solteras, manteniendo el temor a la población que lucha por sobrevivir, más en tiempos de pandemia.
A esta realidad hay que sumar millares de familias que no han sido vacunadas contra el COVID-19 en el área rural, con caminos de terracería, humildes viviendas sin energía eléctrica, pobreza extrema y desnutrición. Allí también está en deuda el estado con los Derechos humanos de la población. A esta realidad hay que agregar que el Ministerio de Salud descuida la atención a personas con padecimientos ajenos a la pandemia.
En Guatemala hay más de 900 mil niñas y niños expuestos al trabajo infantil, principalmente en las extensas plantaciones de palma aceitera de Alta Verapaz, Izabal, y otros departamentos. Las niñas son sometidas a extensas jornadas de 14 horas en las tortillerías donde reciben Q400.00 mensuales, sin prestaciones, días de descanso, cobertura del Seguro Social ante un accidente y sin medidas de protección ni observancia de un adulto.
En la actualidad, los tres organismos del Estado, CC, se dan a la tarea de perseguir y criminalizar a periodistas independientes que su único delito es divulgar información que revela falta de transparencia y corrupción en los funcionarios de gobierno.
Así la lista de violaciones a los derechos humanos se extiende a todo nivel y a todos los sectores. Es por ello que reafirmamos que el Estado de Guatemala está en deuda en materia de Derechos Humanos.
