Samuel Flores
El 12 de octubre se conmemora en Guatemala el Día de la Dignidad y Lucha de los Pueblos, y pese a que indígenas y campesinos resisten contra un estado excluyente y racista, continúa su acción de alcanzar el denominado “buen vivir”.
Para las comunidades del área rural la tierra es sagrada: de ella depende la vida. La conmemoración del 12 de octubre, se distingue por el despojo de territorios y acaparamiento de tierras por empresarios nacionales y transnacionales.
Destaca la ineficiencia de las instituciones públicas encargadas de solucionar la situación de pobreza, marginalidad y hambre de quienes dependen de la agricultura, el bosque, la pesca artesanal y actividades pecuarias para la subsistencia, cuyo azote lo viven más de 8.1 millones de mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores en el área rural.
Ante la crisis social y política por la que atraviesa el país y represión en contra de hombres y mujeres trabajadoras del campo que son criminalizados por defender la dignidad de los pueblos y denunciar los desmedidos actos de corrupción, cooptación del estado e impunidad, del gobierno, el día de la Dignidad debe invitar al gobierno a reflexionar.
Históricamente los pueblos indígenas y campesinos han resistido los embates de despojo y explotación. Sin embargo, en tiempos que la pandemia por el COVID-19 azota a la humanidad, se complica alcanzar el respeto a los derechos humanos de la población. Con un presidente que reacciona hepáticamente ante el rechazo comunitario a la vacuna al mantener como rehenes a 11 integrantes de una brigada de inmunización en la aldea Maguilá 1, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.
El mandatario declaró posteriormente: …“¡Perfecto, no se van a vacunar. Pero que no pidan que el Gobierno invierta un cochino centavo en esa población!”. Con esta frase sentencia a los habitantes de 199 comunidades que se oponen a la vacunación en Alta Verapaz, al abandono y exclusión.
Ayer el ministro de Salud, Francisco Coma, declaró que a nivel nacional existen más de 400 comunidades que rechazan la inmunización. Ese funcionario y el mandatario son los responsables al no iniciar campañas de sensibilización en el área rural para dar a conocer los beneficios de la vacuna contra el COVID-19.
Recursos hay, ya que el pasado 13 de septiembre, el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria de Q1,800 millones para el Ministerio de Salud con lo cual pueden producir campañas de sensibilización y vacunación en idiomas maternos, así como crear brigadas de vacunación para inmunizar a las comunidades. El mandatario debe velar porque el plan nacional de vacunación llegue a todos los rincones del país, y no amenazar a los pueblos originarios.
Sin embargo, en el día de la Dignidad, Lucha y Resistencia de los Pueblos, atestiguamos como el gobierno y la iniciativa privada arremeten contra la población con un salario mínimo de hambre, encarecimiento de los productos de la canasta básica, alza a los precios del gas, combustibles, incremento a la tarifa del transporte urbano y extraurbano, y la falta de servicios de salud de enfermedades no asociadas a la pandemia.
